Falta de rigurosidad de la Contraloría favoreció estafa del PAC, señalan diputados

La falta de rigurosidad en las revisiones de la Contraloría General de la República de los gastos por deuda pública favoreció la millonaria estafa del Partido Acción Ciudadana al Estado denunciada durante la campaña de 2010.

Así lo señalaron este lunes los diputados de la comisión legislativa encargada de investigar la actuación del PAC durante las campañas de 2002, 2006 y 2010.

Gustavo Viales, legislador del PLN y presidente de la comisión, cuestionó a la contralora Marta Acosta la labor del ente en la fiscalización de esas campañas, en las que se demostró que el PAC utilizó más de 200 contratos ilegales por servicios profesionales para defraudar al erario público por ₡516 millones.

Según Viales, la labor de la Contraloría durante las tres campañas se concentró únicamente en verificar que se cumplieran los requisitos en las facturas y contratos presentados por los diferentes partidos políticos, prestando atención a la forma pero no demasiado al fondo.

“La Contraloría hizo las revisiones con base en el reglamento vigente en ese momento, eran revisiones casi que meramente contables. Ahora el TSE tiene otras competencias y esto le permite llegar donde llegó (a la denuncia de 2010), pero en su momento la Contraloría se limitó a su competencia, que eran funciones contables”, dijo Acosta.

La contralora negó, aun así, que todos los gastos fueran aprobados por la Contraloría.

“Hubo gastos no subsanables por parte del PAC y de todos los partidos políticos, no puedo decir que hayan sido contratos porque eso no lo sé, pero sí fueron millones que no se le aceptaron a todos los partidos políticos”, dijo.

Acosta defendió que, antes de la modificación al Código Electoral, la función de la Contraloría en las campañas políticas era de “soporte y apoyo” al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y que siempre fue este último el encargado de aprobar o denegar los montos presentados por deuda pública, por lo que la responsabilidad por todos los pagos realizados siempre fue del TSE.

“Con el código anterior lo que se daba era un apoyo, la Contraloría intervenía en una sola fase del proceso de cancelación de la deuda pública, el TSE era el que coordinaba con Hacienda para ejecutar el gasto. Contraloría solo hacía verificación de los gastos”, explicó.

La contralora recordó que durante la campaña de 2006 se presentaron seis denuncias penales contra el Partido Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Renovación Costarricense por “errores groseros” en sus presentaciones de deuda, pero dijo desconocer por qué fueron denunciados estos tres partidos y no el PAC que fue finalmente el condenado.

Catalina Montero, del partido oficialista y miembro de la comisión, defendió al igual que Ottón Solís en su momento que el partido actúo creyendo que lo hacía dentro de los parámetros legales, incluso apoyándose en esos gastos aprobados en su momento por la Contraloría.

Añadió, además, que el partido renunció a parte de su deuda política en esa campaña, una posición altamente criticaba por los diputados de la comisión que cuestionaron que esos millones no utilizados fue por incapacidad de probarlos y no por decisión de no usarlos.

Viales, incluso, presentó a Acosta uno de los contratos aprobados por la Contraloría con el que se le pagó ₡6 millones a una estudiante de Naranjo por un trabajo de cuatro meses.

Acosta dijo que no podía referirse a cada contrato en particular y que no podría decir si la Contraloría iniciaría una investigación por estos temas, primero por el costo que tendría en materia del gasto público y segundo pues no está claro si esos delitos ya prescribieron. 

En diciembre de 2017 el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José ratificó la condena por estafa contra el Partido Acción Ciudadana (PAC) y su extesorero Minor Sterling, así como el partidario Manuel Bolaños.