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El Partido Costa Rica Justa, cuyo candidato presidencial es Rolando Araya, hermano de Johnny Araya, uno de los alcaldes detenidos en el llamado caso Diamante, emitió un comunicado de prensa en el que descarta cercanía con las personas investigadas por supuestos actos de corrupción.

"Nuestro partido no tiene participación con regidores, alcaldes o vicealcaldes en ninguna municipalidad del país. Ninguna de las personas arrestadas forma parte de nuestra campaña o partido", dice el documento enviado por el comando de campaña.

"Concretamente, en el caso del señor alcalde de San José, Johnny Araya, no ha participado, ni participa en la campaña o estructura del Partido Costa Rica Justa (...) Nunca hemos tolerado ni toleraremos ningún acontecimiento que tenga que ver con el mal uso de fondos públicos, por lo cual apoyamos y respetamos el trabajo que están efectuando la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial", agrega.

El aspirante presidencial, Rolando Araya, no emitió ningún comentario individual sobre la detención de su hermano.

El Partido Liberación Nacional (PLN) también negó vínculos políticos con el jerarca del gobierno local capitalino, a pesar de que había figurado como parte del Consejo Político del PLN.

"Se había retirado hace algunas semanas, pero igual les reitero que cualquier persona que tenga responsabilidades en la campaña y sea sujeto de esta u otra investigación, será retirado inmediatamente", aclaró Carlos Roverssi, encargado del equipo de prensa de la campaña de José María Figueres.

Cuatro de los seis alcaldes aprehendidos llegaron a ese cargo de elección popular con el PLN. Por eso, el expresidente dijo que "el Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional debe asumir de inmediato su responsabilidad frente a estas investigaciones y actuar conforme lo establecen los estatutos".

Otras reacciones

El caso Diamante generó la reacción de otros candidatos a la Presidencia. Lineth Saborío expresó "una fuerte condena y un llamado a sentar las responsabilidades, sin excepción". "La corrupción es un mal que debemos desaparecer de la función pública, sin importar dónde se presente", añadió.

El diputado José María Villalta, también aspirante del Frente Amplio, enfocó su reacción en el ámbito legislativo, específicamente en la comisión que investiga el expediente "Cochinilla".

"Le vamos a pedir a los partidos, sobre todo aquellos que tienen una gran cantidad de alcaldes cuestionados como el PLN, que permitan y faciliten esta investigación; pero si queremos abordar en serio la corrupción, que está desangrando a Costa Rica, tenemos que plantear una serie de reformas urgentes para garantizar una lucha eficaz contra la corrupción. Tenemos que exigirle al Gobierno que convoque los proyectos que hemos presentado, desde hace tiempo, para abordar este tema", explicó Villalta.

Rodrigo Chaves, candidato del Partido Progreso Social Democrático, se refirió también a la detención de los seis alcaldes y otros funcionarios. Propone una ley para promover la denuncia y proteger a quienes se "animen" a denunciar actos de corrupción, así como la renegociación de las licitaciones otorgadas y el nombramiento de gente "nueva".

Según Chaves, "está dispuesto a comerse la bronca que representa enfrentarse a las pequeñas mafias del sector público y privado capaz de organizar verdaderos esquemas delictivos para robar mucho dinero sin miedo a ser juzgados y castigados como corresponde".

Fabricio Alvarado, candidato de Nueva República, aseguró que las detenciones de este lunes, junto a otros escándalos recientes, son "la sentencia de muerte para toda una generación y una clase política, que se volvió tan corrupta que logró enfermar, prácticamente, a todas las instituciones. Tenemos claro que el proceso judicial permitirá determinar quiénes sí y quiénes no están enredados en estos negocios", declaró Alvarado.