Ocho oficiales sospechosos de abuso de autoridad deberán cumplir con medidas cautelares
Se trata de dos jefes del grupo especial conocido como Linces, así como siete subalternos.
Ocho oficiales del Ministerio de Seguridad Pública, entre ellos tres con cargos de jefatura, deberán cumplir medidas cautelares a solicitud de la Fiscalía del I Circuito Judicial de San José, luego de una audiencia realizada la noche del jueves en el Juzgado Penal de la localidad.
Ellos serán separados de los puestos que ocupaban y trasladados a otra zona, donde no tendrán personal a su cargo; además, deberán firmar una vez al mes y tendrán prohibición de acercase a Hatillo o Desamparados.
Tampoco podrán perturbar o amenazar a ofendidos o testigos del proceso y las medidas cautelares tendrán un plazo de seis meses.
Un noveno imputado, de apellidos Guzmán Badilla y también funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, fue detenido a las este jueves en Limón y, posteriormente, se le trasladó hasta la Fiscalía del I Circuito Judicial en San José, donde se le tomó la declaración indagatoria y en las próximas horas se solicitará que se le imponga las mismas medidas cautelares.
Los demás sospechosos responden a los apellidos Monestel Navarro, jefe de la Unidad Especializada de Seguridad y Protección; Anchía Céspedes y Aponte Quirós, respectivamente, jefe y oficial superior de la Unidad de Intervención Policial; y los oficiales del grupo “Linces” Cortés Matarrita, Acuña Carvajal, Mantus Reyes, Cascante Amador y Rodríguez Guzmán.
Los casos
Dos jefes del grupo especial conocido como Linces, así como siete subalternos, fueron detenidos por la fiscalía del primer circuito judicial y agentes de delitos varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El Ministerio Público los investiga por los delitos de allanamiento ilegal, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
El primero de los hechos ocurrió 11 de mayo del 2017 en Torremolinos de Desamparados, cuando los oficiales ingresaron a dos viviendas y en una de ellas forzaron el cerrojo, para luego inmovilizar a los ofendidos y registrar los aposentos.
El segundo ocurrió el 8 de octubre en la ciudadela 25 de Julio, en Hatillo, donde los imputados ingresaron a 30 apartamentos sin el consentimiento de los propietarios y se llevaron detenidas a cuatro personas, a quienes se sospecha que agredieron.