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El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, urgió a los diputados aprobar el proyecto de ley 22.590 para penalizar el bloqueo de frecuencias y señales de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés).

Estos dispositivos son utilizados por los delincuentes para interferir, inhabilitar o bloquear señales radioeléctricas o celulares de los sistemas de comunicación.

Soto pretende que, quienes posean dichos aparatos, los entreguen al Ministerio de Seguridad para su destrucción. Además, que su uso de considere un delito penado con hasta seis años de cárcel.

“Será reprimido con prisión de uno a seis años a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, utilice u opere equipos o dispositivos que permitan interferir; inhabilitar; bloquear; desviar o generar disrupción en las señales de telefonía celular; de radiocomunicación o de transmisión de datos o imágenes. Si el delito fuera cometido por servidores públicos, la pena se agravará en un tercio”, explicó el jerarca.


Declaraciones de Michael Soto.

Durante los últimos años, han aumentado los robos de contenedores y, por medio de un inhibidor de señales, logran bloquear los GPS de los vehículos para que las autoridades no logren ubicarlos.

El último caso ocurrió el domingo anterior, luego de que varios sujetos ingresaran a un predio en Llorente de Flores, Heredia, y robaran un contenedor cargado de carne.

Los delincuentes le instalaron al contenedor un inhibidor de señal (conocido como jammer); sin embargo, Fuerza Pública logró ubicarlo cuando transitaba por Esparza y, horas después, fue localizado cerca del parque de Barranca, Puntarenas.

En el lugar había tres hombres que huyeron al ver a los policías, pero se logró la captura de uno de ellos. El detenido, de apellido Serrano, tiene antecedentes policiales por resistencia a la autoridad y violencia intrafamiliar.

Este sujeto permanece en condición migratoria irregular en el país, ya que poseía cédula de residencia vencida en el año 2007. Fue puesto a las órdenes del Ministerio Público y Migración para el debido proceso.

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