Por Luis Jiménez |22 de noviembre de 2022, 19:04 PM

Una isla que está ubicada en el Pacífico Sur costarricense, declarada Patrimonio Natural del Estado, debía ser desalojada, por una orden de la Sala Cuarta, desde el año 2012, sin embargo, ahora es conocida en la zona como el "Cancún tico".

Guardaparques y turistas de esta región del país aseguran que este porción de tierra, llamada isla Grande y que se encuentra en Golfito, Puntarenas, también tiene personas habitándola,y hasta se pueden encontrar bares, restaurantes y sodas.

Mediante un recurso de amparo del año 2012 se le indicó a la Sala que había personas que estaban habitando la isla, por lo que se impactaba de manera negativa el ambiente, con ocupaciones irregulares y el uso de sustancias contaminantes.

“La Contraloría General de la República constató el alto riesgo en que se encuentran la zona, calificada como Patrimonio Natural del Estado, al estar siendo desarrollada de manera improcedente para fines particulares y bajo un esquema de autorización que se aparta de la normativa legal vigente”, dice la resolución de la Sentencia Nº 01315 de Sala Constitucional con fecha del 3 de febrero de 2012.

En dicho informe se emitieron disposiciones de acatamiento obligatorio dirigidas al Ministro del Ambiente, en su condición de Presidente del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a la Directora Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), al Concejo Municipal de Golfito, al Alcalde Municipal de Golfito, a la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), y a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU); tendentes a remediar la problemática de la zona.

“A pesar de haberse diagnosticado con precisión la problemática de ocupación irregular y el alto riesgo en que se encuentran las zonas declaradas Patrimonio Natural del Estado en Isla Grande, las autoridades recurridas no han realizado las acciones necesarias para solventar dicha situación”, agrega la resolución del 2012.

Una persona en calidad de ciudadana costarricense interpuso otro recurso de amparo, bajo los mismos hechos, en noviembre de 2021 y la Sala Cuarta dictó una nueva sentencia el 12 de marzo de 2022.

“La sentencia dice que la administración pública tiene el plazo de 12 meses para coordinar lo pertinente del desalojo y procurar la protección de los bienes del Estado. He conversado con los diferentes entes gubernamentales, pero me dicen que por un tema de seguridad no me pueden dar información sobre lo que están preparando.

“Esto que está pasando afecta el turismo, la vista, la salud y la parte ambiental que es lo más importante. Ahí nadie paga nada; ni patentes, impuestos, siempre hay mucha fiesta y lo que pasa es totalmente descabellado”, comentó el ciudadano, que prefirió no ser identificado.

Teletica.com también conversó con la Directora del Área de Conservación Osa y aseguró que ya se está trabajando en un plan.

“Ya se hizo un plan de acción que se elaboró en conjunto con las instituciones involucradas como el IMAS, PANI, Ministerio de Salud, Fuerza Pública, Municipalidad de Golfito. Se está retomando todo y actualizando el trabajo a realizar", comentó Paula Mena, directora del Área de Conservación.

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