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Sabotaje que sufrió el plantel de Recope en Moín la semana pasada, disparos y amenazas a funcionarios de Recope que no se han sumado a la huelga sindical y daños en el poliducto de Coyol.

Estos hechos son investigados por la Fiscalía y el OIJ, al tiempo que las autoridades de Seguridad culpan directamente a quienes participan en las manifestaciones en contra del plan fiscal que se tramita en el Congreso.

"Hay mano criminal y delictiva", aseguró Michael Soto, ministro de Seguridad cuando enumeró los daños provocados contra la infraestructura de Recope, cuyas autoridades explicaron que estos actos fueron cometidos por personas que tienen conocimientos técnicos.

Por uno de estos incidentes hay un funcionario de la entidad que cumple prisión preventiva de 15 días, mientras que se investigan a otros.