Por Álvaro Sánchez |2 de noviembre de 2022, 13:28 PM

La Fiscalía abrió una investigación contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y los ministros de Salud y Transportes, Joselyn Chacón y Luis Amador, tras la resolución que emitieron para la suspensión temporal del permiso de funcionamiento del Parque Viva. La pesquisa analiza si dicha decisión se tomó con base en hechos falsos.

El Ministerio Público investiga presunto prevaricato, un delito contenido en el artículo 357 del Código Procesal Penal. Tras una consulta de Telenoticias, indicaron lo siguiente:

"Con datos aportados por la Fiscalía General, el pasado 24 de octubre, le informo que, dentro de la causa 22-000049-0033-PE, existe una investigación en contra de las personas de su interés, por el presunto delito de prevaricato. De acuerdo con la información que aportó la Fiscalía General, se investigan temas relacionados con el Parque Viva".

El prevaricato tiene que ver con dictar resoluciones contrarias a la ley, fundadas en hechos falsos. Por dicho delito se establecen penas de cárcel que van de los dos a los seis años de cárcel, con agravantes que podrían aumentar la pena de tres y hasta los 15 años si el delito se comete con una sentencia judicial.

La diligencia del Ministerio Público, además, revisa el actuar de otras dos personas que no son miembros de los supremos poderes.

Cierre del Parque Viva

Basado en una denuncia anónima, el Ministerio de Salud tomó la decisión de suspender temporalmente el permiso de funcionamiento del inmueble del Grupo Nación, al justificar que cuando realizaban eventos se producía congestionamiento vial. La disposición se giró, según el Gobierno, por recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, dichos informes técnicos llegaron a Salud días después de que se dictó dicha resolución.

La Sala Constitucional declaró con lugar, el pasado 21 de octubre, un recurso de amparo interpuesto por varios periodistas de La Nación, entre ellos su director, Armando González.

Los magistrados concluyeron que con la clausura existía una violación indirecta a la libertad de expresión, dado las amenazas que dicha decisión generaba.

Repase la nota completa en el video adjunto.