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Dos expertos en seguridad señalan la necesidad de que los oficiales de la Fuerza Pública tengan acceso a armas menos letales y que, además, tengan los conocimientos para usarlas. 

Esta recomendación pretende evitar situaciones como la ocurrida en Curridabat, donde los policías dispararon contra un joven tras ser alertados por un caso de violencia intrafamiliar.

El criminólogo Gerardo Castaing, así como el exjefe del Servicio Policial de Intervención Inmediata del OIJ (ahora SERT), Minor Araya, consideran que este hecho no habría sucedido si la policía tuviera el equipo necesario y fueran bien capacitados.

“El Ministerio de Seguridad Pública tiene en sus manos gravísimos problemas en cuanto a lo que es capacitación, supervisión, liderazgo y equipamientos. Yo he gritado a los cielos que tienen que hacer algo para evitar que este tipo de casos se den, porque si esos policías, que probablemente son buenos, hubieran sabido qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo con herramientas necesarias, no hubiesen sido detenidos y el joven no estaría muerto”, dijo Araya.  

Según Araya, esto no afecta solo a la víctima y a sus familiares, sino que es un daño para todos: cuando un policía comete un error porque cree que está haciendo lo correcto, sin serlo, causa problemas a quienes esperan que el Ministerio de Seguridad ofrezca buen resguardo y protección.  

“Un arma menos letal es una vara policial PR24 que puede matar, sí, pero todo depende de cómo y por dónde se use. El Ministerio las tiene, pero ellos no las usan porque no las saben utilizar o porque no las tienen consigo en sus patrullas”.

“Seguridad manda a los policías a la calle a lo que Dios quiera y es injusto que personas como ellos, que hicieron lo que pudieron, estén detenidos. Hay que ponerles atención a estas gravísimas falencias”, agregó Araya.

Por su parte, Gerardo Castaing considera que en la escena había suficientes policías para haberlo reducido a la impotencia, porque la actitud del sospechoso no es agresiva; pero, en cuanto a la agresión, cree que pudo resolverse de otra manera.

“Si hubieran hecho uso de armas menos letales, la reducción a la impotencia del sujeto activo resulta mucho más fácil, con menos riesgo para él como para la policía. De acuerdo con lo que se ve es notorio que hay un exceso de fuerza en la actuación, en el uso de armas de fuego y en la cantidad de policías que intervienen”, dijo Castaing.

Además, considera que la intervención se debió haber planificado de distinta forma y, en un caso extremo, tenía que asegurarse la zona y utilizar gas lacrimógeno.

“Como recomendación, la Fuerza Pública y las autoridades deben de retroalimentarse de los casos ocurridos como este y mejorar el equipo que utilizan los oficiales, así como capacitarlos de la mejor manera”, agregó.

El incidente donde el joven menor de edad perdió la vida ocurrió en el mes de setiembre de 2020 y, según información brindada el día de los hechos por Cruz Roja, la víctima recibió dos disparos de bala en la cabeza.

El caso está ahora en investigación.