Por Luis Jiménez |7 de octubre de 2022, 11:00 AM

Rodolfo Vargas, dueño del Refugio Animal de Costa Rica, ubicado en Santa Ana, San José, considera que las autoridades han emprendido una persecución desmedida contra este tipo de albergues, los cuales, según él, solo pretenden "salvar y proteger la vida de los animales".

Este jueves, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó el refugio por el presunto delito de infracción a La Ley de Conservación de Vida Silvestre y desobediencia. De acuerdo con las autoridades judiciales, la investigación inició en 2021 a petición de La Fiscalía de Pavas motivada por el supuesto manejo inadecuado de los animales silvestres y por la aparente invasión del refugio a un área de protección.

“Existe una persecución y prácticamente era algo que nos esperábamos y todo es producto del reglamento de la Ley de Vida Silvestre. Pienso que tristemente existe una argolla y nosotros no somos parte de ella y los que no sean parte tienen que cerrar”, dijo Vargas.

El OIJ decomisó 100 animales de diferentes tipos y los encargados del refugio aseguran no saber dónde los llevaron ni el estado en el que se encuentran, pues indicaron que el manejo que le dieron los agentes judiciales al operativo no fue el mejor.

Walter Brenes, abogado encargado de la situación que vive el centro de animales, considera que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) no ha querido aceptar el permiso que tienen desde 2016 y que, luego de que se les venciera, el pasado 7 de setiembre se les informó que el permiso había sido renovado.

“Para nosotros los hechos por los que abren esta causa penal son atípicos y no tienen fundamento. Desde el pasado 7 de setiembre se nos comunicó la renovación del permiso del refugio luego de tres años de mucha discusión, pero el SINAC no ha querido reconocer la validez que tenemos desde 2016.

“Cuando una persona trae un animal delicado, se le hace un expediente clínico médico y se le comunica al SINAC. Ayer, durante el allanamiento, determinaron que se iban a llevar los animales que no habíamos reportado, sin embargo, es evidente que no existe ningún delito porque siempre comunicamos lo que se da”, señaló Brenes.

Brenes explicó que, cuando llegaron con el acta de allanamiento, los agentes judiciales no realizaron el proceso correspondiente durante el secuestro de los animales. Por lo tanto, considera que todo lo actuado podría considerarse como totalmente nulo.

“La vida silvestre es una materia muy abandonada por el gobierno y lugares como estos son los que se encargan de atender a los animales que sufren luego de ser lastimados en carretera y en el tendido eléctrico”, agregó Brenes.  

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