Cuatro masacres tiñeron el país de sangre durante el 2022

Este 2022 estuvo marcado por cifras récord de homicidios, tanto así que se convirtió en el año con la mayor cantidad de asesinatos en la historia del país; sin embargo, hay cuatro masacres que sobresalen porque tiñeron de sangre los últimos 12 meses.

Las provincias de Limón, Guanacaste y San José fueron escenario del crimen organizado, en cuanto a ataques armados que dejaron numerosas víctimas en un solo evento.

Masacre en Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública fueron alertados, la mañana del miércoles 2 de marzo de 2022, debido a una balacera dentro de una finca en el distrito de Matama. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron siete personas muertas: todas fueron ejecutadas.

Los hechos ocurrieron a eso de las 11 a. m. en una de las calles de la finca privada Los Pintos, camino a Bananito. Cuando los agentes llegaron al lugar todavía estaba activo el intercambio de disparos. Las víctimas tenían heridas de arma de fuego en la cabeza. 

Para cometer el homicidio, los delincuentes utilizaron fusiles de asalto tipo AR-15, AK-47 y M-16.

Seis de los fallecidos iban en un vehículo cuando fueron emboscados y un obrero, quien construía una cabaña cerca del lugar de los hechos, fue también víctima de las balas.

El expediente judicial sobre esta masacre puntualiza que el objetivo de este ataque era el propietario de la finca, quien pudo huir del lugar cuando escuchó la balacera.

Un costarricense y tres venezolanos fueron detenidos como sospechosos de la masacre.

De acuerdo con el informe judicial, cinco de los siete fallecidos tenían expediente criminal, a excepción de un sujeto apellidado Michel y el constructor de la cabaña.

Masacre en Bagaces, Guanacaste

La mañana del miércoles 22 de junio, un carro apareció quemado junto a tres personas calcinadas y amordazadas. Los hechos fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos a eso de las 7 a. m. en el sector de Pijije.

Dos de los fallecidos estaban dentro del vehículo, mientras que el otro fue encontrado a unos ocho metros de este, boca abajo y amordazado.

Un día después del hallazgo, la Policía Judicial allanó una propiedad cercana, en donde, se cree, habrían ocurrido los tres asesinatos. Dentro del inmueble encontraron rastros de sangre y un carro que pertenecería a uno de los fallecidos.

La Policía Judicial identificó a una de las víctimas como Manuel Salvador Cerda Rosales, de nacionalidad nicaragüense.  

Masacre en Huacas, Guanacaste

Una balacera en el sector de Huacas, ocurrida el sábado 9 de julio a eso de las 8:55 p. m., dejó como resultado cinco personas muertas y otra más en condición delicada. Los hechos se dieron dentro de una casa, ubicada carretera a Basilito.

Debajo de una cama, la Policía logró hallar un fusil de asalto AR-15, una pistola .40 y un resolver calibre 38 m.m.

Las víctimas de este caso eran todos miembros de una familia nicaragüense, integrada por cinco personas, quienes llegaron al país a trabajar en construcción.

De acuerdo con las pesquisas de las autoridades, tres hombres armados entraron violentamente a la vivienda, en el sector de El Silencio, y mataron a balazos a cuatro hombres y una mujer. 

Los fallecidos fueron identificados como: un hombre de apellidos Jarquín Cardoza (se desconoce edad), Hernández Cardoza, de 42 años, Orozco Loaiciga, de 29, Cardoza Rivas, de 25 años, y una mujer de apellido Cardoza Orozco de 55 años.

Dos hombres de 21 y 25 años, oriundos de Limón, fueron aprehendidos como sospechosos de los asesinatos, el mismo día de los hechos. Estaban escondidos en una casa cercana y se les decomisaron tres armas de fuego: una AK-47, una 9 m.m. y una Mini Uzi.

Masacre en Turrubares, San José

La madrugada del viernes 2 de diciembre, las autoridades encontraron a tres personas fallecidas por arma de fuego dentro de una quinta en Turrubares. El hecho se reportó a eso de las 3:25 a. m. en San Juan de Mata. Las personas fallecidas tendrían entre 30 y 40 años.

Además, dos mujeres, de entre 20 y 30 años, fueron trasladadas al Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas en condición delicada, ya que presentaban heridas graves por arma de fuego.

El OIJ confirmó que las víctimas estaban de paso en el lugar y "de fiesta", en una propiedad llamada "Finca Don Beto". En el lugar había una piscina y un rancho, y los cuerpos fueron encontrados en ese sector.

Los fallecidos fueron identificados como Maikel Camacho Meléndez, un viejo conocido de las autoridades; Luis Alejandro Alpízar Solano y Jason Geovanny Moya Martínez, todos vecinos de la Ciudadela León XIII en Tibás. Una de las tres heridas graves falleció en el centro médico y fue identificada como Stephenie Andrea Valverde Aguilar, de 32 años, madre de cinco hijos.

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos confirmó que Camacho Meléndez figuraba como imputado y fue acusado dentro de la causa en la que también es imputado un hombre apellidado Cabrera Espinoza, alias “Manzanita”, quien figura como sospechoso de narcotráfico y lavado de dinero. Camacho, además, portaba un brazalete electrónico, puesto que, tras ser imputado, se le prohibió salir de la provincia de San José.

Agentes judiciales continúan investigando los hechos.

¿Qué dicen los expertos?

Los analistas y expertos en seguridad, Álvaro Ramos y Gerardo Castaing, coinciden en que el Poder Ejecutivo debe fortalecer los cuerpos policiales y dotarlos de recursos económicos para tratar de contener, cuanto antes, los altos índices de criminalidad que hay en el país.

Ramos afirma que la situación que se vive es muy seria; además, tiene implicaciones sociales y económicas en el campo del turismo porque, si continúa este crecimiento de homicidios y otros fenómenos como el crimen local e internacional, ya no habrá una sociedad de convivencia pacífica.

“Si no se asignan recursos humanos y económicos a los diferentes cuerpos policiales, vamos a tener un problema porque siempre los criminales tienen más recursos y mejores instrumentos como tecnológicos, armas y vehículos. Le corresponde al Gobierno, en la figura del Presidente y el ministro de Hacienda, la distribución y creación de recursos.

“En el Gobierno actual se han recortado los fondos a las fuerzas de Policía y OIJ y es preocupante porque nunca se consultó dónde recortar. El efecto que esto cause lo vamos a ver reflejado el año entrante y en los venideros”, comentó Ramos.

Gerardo Castaing, por su parte, dice que el aumento considerable de homicidios en el país demuestra un deterioro de la seguridad nacional, a nivel general, y no solo en la seguridad pública, también hacia el ciudadano costarricense.

“El sicario no toma la decisión de matar él mismo, mas bien las organizaciones criminales le pagan como actores intelectuales que son y con este panorama podemos deducir que la situación está fuera de control.

“Las causas por las que se falla son por la falta de presupuesto, también por la misma corrupción interna que pueda haber y la culpa es de las instituciones gubernamentales. Está claro que hay dinero del impuesto a las sociedades anónimas para la seguridad pública, pero no se le está dando”, agregó Castaing.

Para los expertos, la disciplina de los padres a los hijos está fallando y el narcotráfico se aprovecha de esto. Además, los narcos ya establecieron la "pena de muerte" y ahora deciden cuándo y dónde matan.

“El Gobierno, la Asamblea Legislativa y los jueces tienen que pensar de otra manera, pero radical, y no ser tan permisivos con los delincuentes”, señaló Castaing.  

Según el OIJ, durante el 2021 se registraron 565 homicidios y, al finalizar el año en curso, se espera superar las 620 muertes en hechos violentos.