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Este jueves continúa la audiencia de los 30 detenidos por el caso “Cochinilla”. 

Hasta ahora, se siguen escuchando los alegatos y pruebas de la Fiscalía sobre supuestos hechos de corrupción contra el Estado. En esta causa figuran como investigados funcionarios públicos y de empresas constructoras privadas.

El miércoles a las 8 p. m. se suspendió el segundo día de audiencia y se reanudó hoy a las 8 a. m. Este proceso cumple ya 21 horas de desarrollo.

La diligencia, que se realiza en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del II Circuito Judicial en Goicoechea, San José, inició el martes a la 1 p. m. 

"No es posible saber cuándo va a terminar, porque depende de la dinámica de esta. La audiencia es privada, por lo cual no se podría informar con detalle cómo avanza en este momento. Por disposición de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, se detallará el tipo de medida a solicitar, a cada una de las 30 personas imputadas, hasta que finalice la audiencia”, señaló el Ministerio Público.

El Juzgado Penal le dijo al Ministerio Público que debía terminar su exposición este jueves al medio día; sin embargo, luego de su finalización será el turno de la defensa de los imputados.

“Esto nos va a llevar por lo menos día y medio más, podríamos terminar mañana por la noche o incluso hasta el sábado. Sin embargo, yo me referiré a la situación de mi cliente hasta que termine porque falta mucho todavía”, dijo el abogado Rodrigo Araya, defensor de Alister Cervantes, presidente de la empresa Diccop.

Diccop es una empresa pequeña de supervisión de obras que, al parecer, también estaría involucrada en los supuestos actos de corrupción.

Las autoridades investigan supuestos delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). 

Los delitos que se investigan son cohecho propio, tráfico de influencias, estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso. Otros delitos podrían incluirse conforme avance la investigación.

Según las autoridades judiciales, hubo una malversación de 78 mil millones de colones y para lograrlo se le habrían dado regalos, viajes y hasta favores sexuales a funcionarios públicos.

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