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Los abogados defensores de los acusados por el caso “Cochinilla aseguran que la prueba contra sus clientes está muy débil y creen que se ha precipitado la investigación.

Además, por ser un tema tan complejo y tener tantos acusados, piensan que esta audiencia se llevará de uno a dos días más.

“Este tipo de asuntos donde hay una gran cantidad de imputados son complejos, esto demorará, por lo menos, un par de días más.

“En este caso es evidente que no es innecesario mantener a tantas personas detenidas.

Nosotros consideramos que este proceso puede seguir adelante con medidas de carácter atenuado y de esa forma se armoniza el derecho del Estado de investigar y obviamente el derecho a que las personas enfrenten el proceso en libertad”, explicaron.

La diligencia, que se desarrolla en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del II Circuito Judicial en Goicoechea, San José, inició el martes a la 1 p. m.

Sobre la prueba indicaron que hay una serie de imprecisiones.

“Luego de un primer acercamiento a lo que consta en el expediente, nosotros encontramos una serie de imprecisiones, yerros y hechos prescritos en esta investigación del Ministerio Público, por lo que vamos a alegar ante el juez de garantías.

“Nosotros consideramos que las acusaciones del Ministerio Público son prematuras en cuanto a la solicitud de medidas cautelares, esto se evidenció incluso ayer (martes) en la audiencia y lo vamos a hacer ver ante el juez. De forma respetuosa, la prueba es bastante débil”, explicaron.

Los defensores agregan que hay muchos “yerros” en la prueba presentada por el Ministerio Público.

“Toda la prueba de intervenciones telefónicas no ha sido permitida a la defensa, ahorita el expediente se maneja con un volumen de 13.000 folios y, según las intervenciones o las escuchas, estamos hablando de dos años, se rumora también, por parte de otro funcionario que tuvo acceso, que tenemos un problema procesal.

“Las intervenciones telefónicas deben realizarse de acuerdo con la ley 7425, básicamente en el artículo 3, que establece que existen unos presupuestos legales para que esas mismas sean realizadas, en base de crimen organizado, tráfico de drogas o tráfico de personas, y este caso no calza en esos presupuestos.

“Si estas intervenciones se realizaron así, sin que haya existido una resolución ordenada por un juez de garantía esta prueba no es débil, es absolutamente nula, pero de momento ninguno de los defensores hemos tenido acceso a esta prueba.

“Realmente nos sorprende que estemos ante una audiencia de medidas cautelares cuando la defensa ni siquiera ha tenido acceso a las grabaciones, a las transcripciones y se nos pretenda gestionar o tramitar medidas cautelares en contra de nuestros clientes en base a simples informes que para ellos merecen o les están dando una fe ciega, realmente no van a poder tener un control jurisdiccional porque ya la jueza fue muy clara, que la prueba que se va a poder valorar para los efectos de esta audiencia es la que la defensa conoce y la que se no ha puesto en conocimiento”, concluyeron.

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