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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron, este viernes, a siete personas sospechosas de múltiples robos a casas turísticas en Nosara, Guanacaste.

Según la Policía Judicial, estos sujetos están vinculados a 26 robos en seis meses, lo que se traduce en un perjuicio económico de 100 millones de colones.

“Estas personas son sospechosas de conformar una banda que se dedica a cometer tachas a viviendas en un complejo vacacional en Playa Guiones, Nosara, que es alquilado principalmente por turistas extranjeros. Al parecer, operaban entre las 6 p. m. y 9 p. m. cuando las personas que alquilaban salían a cenar y, en otras ocasiones, entre medianoche y 4 a. m., cuando estaban durmiendo”, dijo Rodrigo Gutiérrez, investigador del OIJ de Nicoya.

Declaraciones de Rodrigo Gutiérrez de OIJ:


Los sospechosos, quienes tienen 23, 26, 27, 31 y 38 años, fueron detenidos por el delito de robo agravado.

Al parecer, llegaban hasta el complejo vacacional en un vehículo, forzaban las puertas de las casas, ingresaban y, una vez dentro, sustraían todo tipo de artículos de valor. En dos ocasiones, según los investigadores, robaron vehículos que estaban en las propiedades.

“Los agentes realizaron, de mayo a la fecha, vigilancias y seguimientos debido a la cantidad de denuncias que recibieron por robos. Este viernes a las 3 a. m., un carro salió del complejo vacacional, le dieron seguimiento y los detuvieron en vía pública, ubicando dentro del vehículo a cuatro de los sospechosos”, indicó Gutiérrez.

Los otros tres sospechosos fueron detenidos cerca de sus casas de habitación en barrio San Martín, Las Brisas y Santa Ana de Liberia, Guanacaste.

Agentes judiciales determinaron que los sospechosos se trasladaban a un apartamento que alquilaban, ahí permanecían durante el día para luego, en la noche, ir a otros sectores a cometer hechos similares.

Las autoridades les decomisaron computadoras, dinero en efectivo en dólares y colones, equipo electrónico, pasamontañas y herramientas que, al parecer, utilizaban para forzar las viviendas.

Todos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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