El doble crimen ocurrió poco antes de las 11 a.m., en plena vía pública, sin que hasta el momento se haya identificado a las víctimas.

Tampoco hay claridad acerca de cómo fue que les atacaron.

Este hecho ocurrió tan solo unas horas después de que otros dos hombres murieran baleados en La Rita, también Pococí.

En ese caso se trató, supuestamente, de un intento de asalto frustrado, luego de que la víctima se defendiera de dos atacantes en motocicleta.

El hecho ocurrió en la localidad de Santa Gertrudis, en el Guarco.

Según la versión inicial, dos hombres en motocicleta pasaron dispararon contra una vivienda en la que se encontraban ambos.

Trascendió que uno de los menores tienen entre 12 años y  10 años de edad y que las heridas fueron en las piernas.



Preliminarmente se señaló que fueron trasladados al hospital Max Peralta.

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Precisamente durante esta actividad, a la que el alcalde sí asistió, se notó la tensión entre él y la presidente Laura Fernández.

Inclusive en los mensajes dados por ambos se hicieron referencia mutuamente (ver video adjunto).

Gabriel Aguilar, jerarca de la cartera, lo dio a conocer en el consejo de gobierno realizado en Cartago.

Se espera que su inaguración oficial sea en octubre.

El CACCO es una cárcel destinada especialmente para contener a personas vinculadas con bandas criminales.

Su modelo es muy similar al de la famosa megacárcel de El Salvador, tanto así que ese país donó los planos respectivos.

El suceso se registró en la Rita de Pococí, en  el Caribe costarricense.

Las circunstancias aún no están claras, pero preliminarmente se habla que dos hombres en motocicleta intentaron cometer un asalto y la víctima se defendió utilizando un arma de fuego.

Las personas involucradas en el hecho no han sido identificadas.

Al tocar el pito para pedirle que avanzara, el hombre se bajó de su carro, golpeó con los puños la ventana del conductor y pateó la puerta, mientras profería insultos y amenazas. 

"Ustedes me las van a pagar, tras de que deben cobrar, se las voy a cobrar todas, nos veremos en la calle", habría dicho el agresor, según el relato de la víctima.

Mientras ocurría el hecho, las dos mujeres se mantuvieron en el vehículo con las ventanas arriba y las puertas cerradas ante el temor de lo que estaba ocurriendo. Relató que el sujeto viajaba con otra persona en el carro, la cual se bajó y también las insultó en varias ocasiones de forma verbal y con gestos en sus manos, eso sí, sin golpear el vehículo. 

Este martes, cerca de la 1:00 p.m., mientras las víctimas circulaban con el hijo de una de ellas, de 7 años, el mismo sujeto las abordó nuevamente, esta vez en el semáforo ubicado frente al hospital de San Ramón. 

Según narró la víctima, el hombre bajó la ventana de su vehículo y les exigió que se bajaran del carro, diciendo que ya las tenía "medidas". 

Fue en ese momento que comenzó a grabar el altercado, video en el que se observa al sujeto propinando las patadas que terminaron por desprender el espejo retrovisor del vehículo.

La víctima relató que, tras el segundo ataque, el menor que viajaba con ellas sufrió una crisis de ansiedad producto del susto. Además, indicó que desconoce la identidad del agresor y que sospecha que el hombre las venía siguiendo, ya que las reconoció al día siguiente del primer incidente.

"No sabemos por qué hace esto, nosotros no lo conocemos de nada. [...] El problema es, como le digo yo a mi pareja, cuando usted vaya a algún viaje o sale de noche, el miedo que nos da es que ya nos haya seguido y le de cacería a ella o la busque o algo así y ella no sabe ni quién es", relató a este medio la víctima quien por seguridad prefirió no ser identificada.

La afectada también denunció que, en redes sociales, circuló un perfil falso que aseguraba que ella y su pareja le debían dinero al agresor, publicación que fue eliminada luego de que ella respondiera desmintiendo la información. 

Indicó que este miércoles 16 de setiembre acudirán a interponer la denuncia formal ante las autoridades correspondientes, pues varias en personas en redes sociales ya han identificado al hombre. 

Según el video que circula en redes sociales, los hechos ocurrieron en San Ramón de Alajuela. Las víctimas de la agresión son al menos dos mujeres que viajaban en el carro que el hombre atacó, sin embargo, se desconoce la cantidad de pasajeros que estaban en el vehículo. 

Al momento del incidente, la persona que conduce el vehículo afectado le pide a su acompañante que grabe lo que ocurre, mientras afuera, el chofer señala a ambas pasajeras mientras daña el espejo, golpeándolo en tres ocasiones.

Tras el último golpe en el que el espejo sale volando del carro y queda completamente desprendido, el hombre se sube al carro y huye del lugar incluso saltándose un semáforo en rojo. El carro que conducía no tenía placas, según se observa en las imágenes. 

La audiencia, pactada para eso de las 5 p. m., será con los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, encargados del dictamen del proyecto del presupuesto nacional 2027.

Ahí, los legisladores de las diferentes fracciones esperan recibir al presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, así como a las cabezas del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública.

La audiencia es clave porque es precisamente el Poder Judicial el que más ha levantado la voz por los recortes presentados por el Ministerio de Hacienda para el ejercicio económico del próximo año.

La propuesta de la cartera dirigida por Rodrigo Chaves es recortarle ₡10.552 millones a la entidad presidida por Aguirre y, además, mantener congelados otros ₡29.843 millones hasta que la entidad cumpla con una serie de condiciones relacionadas con la ejecución presupuestaria, la rendición de cuentas y el cuestionado fideicomiso para obras de infraestructura.

Esa rebaja, según el Poder Judicial, tendrá especial incidencia en el Organismo de Investigación Judicial, que dijo perderá recursos para temas básicos como la compra de municiones y chalecos antibalas, entre muchas otras.

La Fiscalía, por su parte, ya advirtió del cierre de oficinas regionales, la pérdida de plazas y el vencimiento de licencias electrónicas producto de esas rebajas.

Mientras tanto, el Gobierno de Laura Fernández ha insistido en que el recorte responde a la necesidad de “socarse la faja” en medio de la severa caída en los ingresos tributarios del país.

Sin embargo, el recorte no será generalizado, pues seis entidades, incluidos los ministerios de Hacienda y Presidencia, sí tendrán aumentos para 2027.

Imágenes compartidas con la redacción de Telenoticias evidencian el impacto de las lluvias en la zona (ver video adjunto).

En el sector conocido como Décar, en Puerto Limón, vecinos reportaron dificultades para transitar debido a que el agua cubría parcialmente varios puntos de la vía.

En Limón centro, el desbordamiento del alcantarillado provocó que el agua cubriera casi hasta la mitad el aro de varios vehículos que se encontraban estacionados a un costado de la carretera.

El panorama de aguaceros intensos también se reportó en el sector de Jiménez de Pococí, así como en varios puntos de San Carlos, donde las lluvias mantienen afectado el tránsito y generan preocupación entre los vecinos de la zona.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el sector más afectado hasta ahora seguirá con lluvias durante la tarde y noche de este martes. 

 "Sí, fue a mí a quien sacaron como un criminal hoy (lunes) en las Ruinas, porque sí, era más fácil sacarme a mí y no a un grupo de señores que no representan lo que somos los costarricenses, que eran quienes estaban haciendo y armando el bochinche", denunció.

El manifestante agregó que, pese a lo incómodo del momento, considera que su detención sirvió para visibilizar lo ocurrido.

"Que dicha que fue así, que dicha que un mal rato, que unos minutos eternos para mí sirvieron para demostrar al país lo que realmente está sucediendo", expresó.

Barahona fue retirado de la actividad por parte de oficiales de la Fuerza Pública, quienes lo llevaron hasta una patrulla en medio de gritos de los manifestantes y simpatizantes del Gobierno, para posteriormente ser liberado.

Lo ocurrido con este joven se suma a otros reclamos registrados durante la actividad, entre ellos denuncias de manifestantes y representantes sindicales que aseguraron no haber podido ingresar al área donde se desarrollaba el acto oficial, así como un intercambio de palabras entre otro manifestante y un ministro de Gobierno por la revisión de pancartas en los accesos.

Un grupo del sindicato APSE interpuso un recurso de amparo la noche del lunes en el que se afirma que no se les permitió ingresar a la zona donde se estaban desarrollando las actividades patrias, pese a que aseguraron cumplir todos los protocolos y filtros solicitados por las autoridades.

"La Fuerza Pública realizó una operación encaminada a mantener la seguridad y el orden en las celebraciones del 14 de septiembre realizadas en la Plaza Mayor. En este caso se establecieron filtros de ingreso con el objeto de que las personas pudieran disfrutar del evento con toda tranquilidad.", afirmó el jerarca.

Esos filtros impidieron que cientos de personas se acercaran a Laura Fernández y el resto de jerarcas del Ejecutivo, en medio de la tradicional sesión del Consejo de Gobierno en la Vieja Metrópoli.

Mediante la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, Rivera detalló además que decomisaron un arma no letal durante las revisiones ejecutadas. 

"Esta operación se realizó con base en antecedentes anteriores para la tranquilidad de todas las personas", explicó el jerarca; sin embargo, no detalló los criterios utilizados por los policías para permitir o denegar el ingreso de las personas a la Plaza Mayor. 

La actividad estuvo marcada por un fuerte cordón de seguridad en los alrededores de la Plaza Mayor, donde se solicitaba la cédula de identidad para ingresar al lugar.

El operativo comenzó desde tempranas horas y se intensificó apenas dio inicio la llamada "faroleada por la democracia", una protesta convocada por la Colectiva Autónoma por la Resistencia Social, la misma organización detrás del plantón del 6 de agosto anterior, con la que se invitó a la ciudadanía a marchar con faroles en defensa de las instituciones democráticas del país.

Dentro de quienes denunciaron las restricciones de tránsito en la Vieja Metrópoli estuvo la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), a cuyos representantes no se les permitió ingresar a la actividad, motivo por el cual acudieron a la Sala Constitucional. 

"Veníamos un grupo de afiliados de la APSE a participar en la faroleada nacional y, al ingresar, la Policía nos pidió documentos y se nos requisó sin ningún problema, pero ya ingresando nos devolvieron, pues la orden fue que APSE no entraba de forma arbitraria. La Policía no quiso dar más detalles al respecto de la negativa del acceso", relató Dennis Solís, presidente de APSE.

En ese mismo contexto, un manifestante que fue retirado del lugar por oficiales de la Fuerza Pública denunció en un video difundido en redes sociales el trato recibido durante el operativo. 

"Fue a mí a quien sacaron como un criminal hoy en las Ruinas, porque sí era más fácil sacarme a mí y no a un grupo de señores que no representan lo que somos los costarricenses, que eran quienes estaban haciendo y armando el mochillo", afirmó.

La denuncia de los sindicalistas y del manifestante retirado se suma a los señalamientos de otro grupo de ciudadanos, quienes aseguraron que hubo "acceso VIP" para varios autobuses con personas supuestamente afines al Gobierno, a quienes no se les habría solicitado cédula, según testigos consultados. Algunos de los asistentes de ese grupo incluso recibieron capas, banderas de Costa Rica y alimentos.

La estructura, localizada el domingo detrás del Museo de los Niños, en la capital, estaba a unos 10 metros de altura y era utilizada como punto para el consumo de drogas.

 "Lo que pretenden los consumidores con este tipo de estructuras es tratar de dificultar un poco la regulación o la intervención de la Policía. No obstante, nuestro personal hace el esfuerzo adicional necesario para tener control sobre este tipo de áreas que se utilizan para el consumo de sustancias no permitidas. 

"En este caso, ubicamos una estructura ruinosa, pero de alguna manera bien consolidada en un árbol, a una altura de un segundo o tercer piso de un edificio, unos 10, 15 metros", detalló Deytel Beita, jefe de Operaciones de la Policía Municipal de San José.

Una escalera colocada entre las ramas permitió a los oficiales descubrir que arriba había algo oculto. Uno de los policías municipales tuvo que subir para ingresar al sitio y comprobar qué había en el interior.

El hallazgo permitió identificar un espacio clandestino que era utilizado para el consumo de drogas; pero, al momento de la intervención, no había nadie.

"Representa un riesgo inminente no solo para los oficiales que intervienen en su momento, sino para las personas que de alguna manera habitan o suben bajo los efectos de alguna sustancia o cuando tienen que bajar. Un accidente puede ocurrir y una caída de esa altura puede ocasionar desde lesiones graves hasta la muerte", agregó Beita.

La Policía Municipal de San José advierte que este tipo de espacios clandestinos no solo pueden ser utilizados para el consumo de estupefacientes. Las autoridades señalan que también podrían facilitar otras actividades delictivas, entre ellas la venta de drogas, asaltos e incluso delitos de carácter sexual.

Tras el hallazgo, la estructura fue desmantelada para evitar que continuara siendo utilizada.

El nuevo comprobante será entregado por los cobradores a los pasajeros que paguen el pasaje en efectivo (ver video adjunto en la portada).

El voucher incluirá el nombre de la ruta, la fecha, la hora del cobro, el monto pagado y la cantidad de tiquetes cancelados.

Además, tendrá un código QR. Este permitirá validar la información registrada en el comprobante.

Según Incofer, la medida busca fortalecer los controles digitales en el servicio ferroviario. También pretende reducir el uso de papel durante la operación de los trenes.

La institución ya realiza pruebas con el nuevo sistema. El cambio se aplicará de forma paulatina en los servicios a partir de octubre próximo.

La mandataria llegó al Parque Nacional a eso de las 9 a. m. junto a parte de su gabinete y otras autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

También estuvo presente el alcalde de San José, Diego Miranda, quien expresó parte de las diferencias que su gobierno local mantiene con Fernández y su mandato.

“He escuchado con respeto al alcalde de San José, no comparto lo que dijo porque está lleno de desconocimiento, pero lo escucho con respeto”, se limitó a decir la mandataria sobre esas críticas.

La mandataria tampoco quiso responder a las preguntas de la prensa que estaba en el lugar.

Miranda, por su parte, sí cuestionó el llamado al respeto que hizo Fernández, a pesar de que, según denunció, el Ejecutivo intentó excluirlo de la actividad de hoy.

“Doña Laura en su discurso piensa que la discrepancia es solo escuchar a quien no coincide con uno, pero yo creo que también hay que sentarse a conversar. Tenemos muchos problemas por resolver y el diálogo tiene que ser la primera acción que hagamos.

“Y no quise mencionarlo, pero ahí estaba el jefe de despacho de doña Laura, que me llamó el fin de semana para decirme que yo estaba excluido de este acto, eso no es un buen precedente para el diálogo. Obviamente se dieron cuenta de la equivocación y tuvieron que echar para atrás, pero si hablamos de diálogo, hagámoslo con cosas concretas”, aseveró el alcalde.

En todos los cantones, miles de niños y jóvenes desfilaron al ritmo de los tambores, en medio de la fiesta democrática de este 15 de setiembre.

En el corazón de San José, por ejemplo, miles de personas se dieron cita para ver el amplio desfile de los colegios y escuelas del cantón central.

El Colegio Superior de Señoritas preparó una delegación de 300 estudiantes que además hizo honor a la historia de esa institución con un amplio despliegue de los diferentes uniformes que ha utilizado a lo largo de los años.

“Celebramos los 205 años de independencia. Nuestra banda aproximadamente tuvo tres meses de preparación para estos desfiles patrios. Ya tenemos más de 20 años con esta banda y para mí es una alegría muy grande, me gusta fomentar valores cívicos, artísticos y culturales en ellos”, dijo Carlos Anderson, docente del Liceo María Auxiliadora.

En Cartago, por su parte, miles de personas también salieron a las calles para participar del amplio desfile que colmó las calles del cantón central.

“Me gusta mucho la música y todo y entonces decidí participar y ser bastonera”, aseguró la pequeña Ema Núñez, de la escuela Winston Churchill.

Pero la fiesta patria no empezó con los desfiles.

Desde la madrugada, la tradicional diana también alegró las calles del país, en una de las tradiciones más alegres que tiene Costa Rica.

Así se vivió en zonas como Rivas de Pérez Zeledón y Cahuita de Talamanca.

Observe todos los detalles en el video adjunto en esta nota.

La organización realizará una actividad especial de recaudación durante esta jornada. El evento comenzará el próximo 26 de setiembre al mediodía y se extenderá hasta las 7 p. m.

La actividad contará con diferentes opciones para el público. La invitación está abierta para quienes quieran disfrutar de la jornada y apoyar el proyecto.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar un aporte mediante SINPE Móvil al número 8457-20-24.

La jornada también tendrá transmisión a través de Teletica, donde el público podrá conocer más detalles de la iniciativa y seguir la recaudación.

La Prodhab cuestionó el uso de esta información, mientras el TSE anunció que apelaría la resolución y rechazó que exista comercialización de esos datos.

Cada vez más personas recurren a herramientas como ChatGPT, Gemini y Perplexity para buscar información sobre productos, servicios y empresas. Incluso cuando la consulta se realiza en Google, las respuestas generadas por inteligencia artificial pueden ocupar un lugar destacado (ver video adjunto en la portada).

Esta es una nueva realidad a la que empresas y emprendimientos buscan adaptarse.

Pero, ¿de dónde obtiene la inteligencia artificial la información que utiliza para responder?

Por ejemplo, si una persona pregunta en Google "¿dónde comer el mejor rice and beans?", la respuesta que dé utiliza información disponible en internet, como sitios oficiales, publicaciones de medios de comunicación, artículos y otros contenidos digitales. También pueden tomar en cuenta elementos como las calificaciones y opiniones de los usuarios.

Toda esa información puede influir en la manera en que una inteligencia artificial presenta una respuesta y en las empresas o productos que decide mencionar.

​Para una marca, aparecer puede significar mayor visibilidad. No ser considerada puede dejarla fuera de la respuesta que recibe un potencial cliente.

Por eso, expertos recomiendan optimizar los contenidos disponibles en internet para facilitar que los motores de inteligencia artificial puedan interpretarlos y utilizarlos.

La inteligencia artificial puede procesar grandes cantidades de información y generar contenido con rapidez; sin embargo, la estrategia, el contexto y la verificación de esa información siguen dependiendo de las personas.

Desde tempranas horas, estudiantes de escuelas y colegios participan en las actividades patrias. Las calles reciben música, color y diferentes expresiones de civismo (ver video adjunto de Telenoticias).

En San José, el Liceo Luis Dobles, en Sabana Este, realiza los actos protocolarios antes de la participación estudiantil en el desfile de Paseo Colón.

La actividad en Paseo Colón reúne a 22 delegaciones de centros educativos. Los participantes pertenecen a los circuitos 01 y 06 de la Dirección Regional de Educación San José Oeste.

Este año, ambos circuitos trabajan de manera conjunta. El objetivo es ofrecer un desfile de mayor presencia y atractivo para el público.

Los actos cívicos también buscan fortalecer los valores patrios entre los estudiantes. La celebración incluye la entonación del Himno Nacional y la Patriótica Costarricense.

La celebración inició el lunes 14 de setiembre con el tradicional desfile de faroles y el recorrido de la Antorcha de la Independencia.

En San Carlos, las lluvias no impidieron la participación de estudiantes y familias. La jornada destacó por la creatividad en la elaboración de los faroles.

La Antorcha de la Independencia llegó también a Cartago durante la noche del 14 de setiembre. El fuego recorrió 378 kilómetros desde Peñas Blancas hasta la Vieja Metrópoli.

Unos 22.000 estudiantes participaron en el recorrido de la Antorcha. Los jóvenes llevaron el símbolo patrio por comunidades, cantones y provincias.

Este martes, las actividades continúan con desfiles estudiantiles en diferentes comunidades del país. La celebración reúne a estudiantes, docentes, familias y autoridades en una jornada dedicada a la independencia de Costa Rica.

La luz natural cumple un papel clave en el funcionamiento del reloj biológico. Este sistema regula los horarios de sueño y vigilia. También influye en distintos procesos del organismo.

Los científicos estudian cómo viven las personas su exposición diaria a la luz. El objetivo es conocer el impacto de esta exposición en la salud.

La investigación también busca generar recomendaciones para mejorar las condiciones de distintos espacios. Entre ellos están las viviendas y las oficinas.

El estudio plantea un reto particular para Costa Rica. El país registra niveles intensos de radiación ultravioleta. La población necesita suficiente luz natural. También debe mantener medidas para proteger la piel.

La investigación busca determinar el equilibrio adecuado entre ambos factores. Los resultados podrían aportar información para mejorar los hábitos de exposición a la luz natural y el diseño de los espacios donde las personas pasan gran parte del día.



Rifas, colectas e incluso préstamos informales. Estas son algunas de las medidas que, según los sindicatos del sector salud, han tenido que adoptar cientos de trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) afectados por las inconsistencias salariales que la institución arrastra desde julio.

La problemática se remonta a la entrada en funcionamiento del Sistema Integral de Gestión de Personas (SIPE), cuya implementación habría provocado incumplimientos en el pago de salarios a miles de funcionarios.

Desde el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAES) responsabilizan a la administración de la CCSS por la puesta en marcha del sistema, al considerar que fue una implementación apresurada y sin las condiciones necesarias para garantizar el correcto procesamiento de las planillas.

Además, aseguran que existen reportes de renuncias y de funcionarios con afectaciones psicológicas severas debido a la incertidumbre económica provocada por los atrasos salariales.

Ante este panorama, varias organizaciones sindicales convocaron a una huelga nacional para este jueves 17 de setiembre, a partir de las 6 a. m., y hasta el viernes 18 a la misma hora.

Los sindicatos indicaron que los servicios esenciales no se verán interrumpidos durante las 24 horas de protesta.

Las organizaciones esperan que esta medida de presión permita visibilizar la situación de los trabajadores afectados y que las autoridades correspondientes atiendan sus demandas para encontrar una pronta solución al problema.

El acto oficial se realizó en Las Ruinas de Cartago y contó con la participación de la delegación del gobierno encabezada por la presidenta de la República, Laura Fernández; su esposo, Jeffrey Umaña; el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez; además del alcalde del cantón Central de Cartago.

Uno de los momentos más esperados de la noche ocurrió a las 8:15 p. m., cuando se encendió el pebetero con el fuego de la Antorcha de la Libertad. El encargado fue Jeferson Sánchez, estudiante del Colegio Jorge Volio, destacado por su excelencia académica y rendimiento deportivo en baloncesto.

En manos de 22.000 estudiantes, la antorcha recorrió 378 kilómetros desde Peñas Blancas hasta la ciudad de Cartago.

La llama representa los ideales de libertad e independencia de los pueblos centroamericanos y recuerda los acontecimientos históricos que dieron paso a la emancipación de España en 1821.

La tradición también evoca la figura de María Dolores Bedoya, recordada por promover manifestaciones populares en Guatemala la noche del 14 de setiembre de 1821, en apoyo al movimiento independentista centroamericano.

La ceremonia concluyó con la interpretación de la Patriótica Costarricense, pieza que acompañó el cierre de la jornada y dio paso a las celebraciones del 15 de Setiembre.

"En territorio indígena se vive con gran alegría, con todas las limitaciones que tenemos", expresó Eddie Loaiza Núñez, director de la Escuela Bayeiñak.

El recorrido presenta desafíos particulares. En algunos sectores, la llama patria debe ser transportada en lancha para cruzar ríos y alcanzar comunidades donde el acceso por carretera es imposible.

En otras zonas, estudiantes y colaboradores realizan parte del recorrido a caballo por senderos rurales, preservando una tradición que cada año reúne a miles de costarricenses alrededor de los símbolos patrios.

Las condiciones del terreno también obligan a buscar alternativas. En ciertos puntos, la antorcha continúa su trayecto en cajones suspendidos sobre ríos para seguir avanzando hacia escuelas ubicadas en lugares de difícil acceso.

Comunidades indígenas de Alto Chirripó, Boruca, Cabagra y Coto recibieron el Fuego de la Independencia con actos cívicos, actividades culturales y muestras de entusiasmo por el paso de la llama patria.

Las imágenes del recorrido reflejan el compromiso de estudiantes, educadores y comunidades enteras por mantener viva una tradición que une al país en el marco de las celebraciones del 15 de setiembre.

Sin importar la distancia, las condiciones climáticas o los obstáculos geográficos, el Fuego de la Independencia continúa pasando de mano en mano hasta completar su recorrido rumbo a Cartago, donde convergen los principales actos conmemorativos de la fecha patria.

Las dos fueron parte de las promesas planteadas esta noche a la provincia brumosa, epicentro de las fiestas patrias de este 14 de setiembre.

Por ejemplo, la mandataria aseguró que la prometida línea férrea hacia Paraíso estará lista en julio del próximo año, tal y como lo prometió, segundos antes, el presidente del Incofer, Álvaro Bermúdez.

“En julio del próximo año es el compromiso. Ya tenemos todos los recursos necesarios para ahora sí, de una vez por todas, finalizar ese corredor”, dijo el jerarca.

“El pueblo de Cartago y yo vamos a estar muy pendientes de que el tren llegue a Paraíso en julio del próximo año”, respondió Fernández.

La presidenta también reveló hoy que el cartel de licitación para el proyecto de concesión de la ampliación de la Florencio del Castillo se presentará en diciembre.

Efraím Zeledón, ministro de Obras Públicas y Transportes, confirmó que el jueves se invitó a empresas nacionales e internacionales para recibir muestras de interés para ese enorme proyecto vial que costará alrededor de $500 millones.

En la misma línea, el jerarca anunció que ya se presentó en SICOP una licitación para ampliar las rutas aledañas al nuevo hospital brumoso, por ejemplo, el cruce de El Quijongo.

También se presentó el cartel para iniciar con los estudios de preingeniería y preinversión para la ampliación a cuatro carriles del tramo entre La Lima y Tejar de El Guarco. 

Al mismo tiempo, Zeledón prometió que el próximo mes ya no habrá maquinarias en el proyecto de Taras – La Lima, aunque todavía no hay fecha para su entrega oficial por parte del contratista.

También se anunció la inversión de ₡750 millones por parte del IFAM para la compra de camiones de basura que permitan atender el problema con el manejo de desechos en la provincia.

Además, se anunciaron mejoras en puentes y la iluminación de canchas en Turrialba.

“Hoy por primera vez no se nos permite entrar. ¿Por qué? Porque cuestionamos al Gobierno de la República”, expresó una de las manifestantes presentes en el lugar.

Otro de los asistentes afirmó que acudió a la actividad a título personal y denunció que los controles se concentraban en las pancartas que portaban algunos ciudadanos.

“Yo te hablo como ciudadano. No vengo con ninguna institución. La pancarta simplemente dice que un gobierno que divide es tiranía. Es una forma de expresarse y, literalmente, las pancartas son revisadas. Si no son algo aceptado, no se permite el ingreso”, manifestó.

Además de ciudadanos independientes, entre las personas que buscaban participar en la manifestación había representantes de organizaciones y sindicatos, entre ellos integrantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

De acuerdo con los testimonios recopilados en el sitio, al consultar a los oficiales sobre las razones de las restricciones, estos les indicaron que cumplían directrices superiores.

Mientras tanto, la Fuerza Pública mantuvo presencia en distintos accesos del centro de Cartago, donde se desarrollaban tanto la faroleada como la sesión del Consejo de Gobierno.

La faroleada también se realizó en otras localidades del país, como San José y Liberia.

Durante el operativo, las autoridades localizaron y rescataron 38 tepezcuintles, cinco guatusas y 14 gallos.

Además, fueron decomisados 126 aparentes huevos de tortuga marina, los cuales quedaron bajo custodia de las autoridades correspondientes.

La investigación se inició luego de que la Fiscalía recibiera información relacionada con la presunta comercialización de productos de vida silvestre en un establecimiento dedicado a la venta de ceviche.

El allanamiento se llevó a cabo con la participación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Las autoridades mantienen las pesquisas para determinar las circunstancias en que se encontraban los animales y los productos de vida silvestre, así como las eventuales responsabilidades derivadas de estos hechos.

El lugar cuenta con un operativo de seguridad que comenzó desde tempranas horas y que se intensificó apenas dio inicio el llamado a la “faroleada por la democracia”, una protesta convocada por la Colectiva Autónoma por la Resistencia Social —la misma que estuvo detrás del plantón del 6 de agosto anterior— con la que se invita a ciudadanos a salir a marchar con faroles en defensa de las instituciones democráticas de Costa Rica.

Al llegar al lugar, la sorpresa para todos fue que se les pidió su cédula de identidad para cruzar el cordón de seguridad, aunque algunos no pudieron ingresar.

Según denunció un grupo de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), no les permitieron ingresar a la faroleada. Por esta razón, acudieron a la Sala Constitucional.

“Veníamos un grupo de afiliados de la APSE a participar en la faroleada nacional y, al ingresar, la Policía nos pidió documentos y se nos requisó sin ningún problema, pero ya ingresando nos devolvieron, pues la orden fue que APSE no entraba de forma arbitraria. La Policía no quiso dar más detalles al respecto de la negativa del acceso”, destacó Dennis Solís, presidente de APSE. 

La denuncia de los sindicalistas llega justo cuando otro grupo de ciudadanos aseguró que hubo “acceso VIP” para varios autobuses supuestamente partidarios del Gobierno a los que no les pidieron cédula, según testigos. 

Teletica.com intentó conocer cuáles eran las normas de acceso al lugar, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta por parte de Seguridad Pública. 

Incluso, algunos recibieron capas y banderas de Costa Rica, así como una comida para los que “apoyen al partido del Gobierno”.

“Es una actividad organizada por el partido del Gobierno y nosotros somos partidarios de doña Laura y el PPSO y las personas que nos acompañan, en orden y democráticamente, los invitamos a que se coman un arroz con pollito y un fresquito”, confirmó Rafael Olivas, quien se identificó como seguidor del oficialismo. 

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¿Reparten o no arroz con pollo en Cartago? Esto dijo supuesto seguidor de Pueblo Soberano. Más información en Teletica.com. 📱

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De momento, la llegada de la antorcha al parque de Cartago está programada para las 8 p. m. En el lugar ya se encuentran la presidenta Laura Fernández y sus ministros para realizar el Consejo de Gobierno en la tarima principal, ubicada en la Municipalidad de Cartago.

Los magistrados de la Corte Plena acordaron este lunes el calendario para la presentación de candidaturas y para las primeras rondas de votación en ese proceso.

Así las cosas, los altos jueces interesados en ocupar la silla que dejará vacante Orlando Aguirre tendrán desde el próximo 28 de setiembre y hasta el 12 de octubre a las 4:30 p. m. para presentar sus aspiraciones de manera formal.

Posteriormente, el próximo 26 de octubre, se realizarán las primeras cinco rondas de votación a partir de los nombres postulados.

Es importante recordar que tanto la presentación de candidaturas como la elección son procesos públicos.

En caso de que ninguna candidatura alcance los votos necesarios (12) en esas primeras cinco rondas de votación, se programarán otras cinco para la semana siguiente y así sucesivamente hasta que se elija a la nueva presidencia.

La magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela, solicitó este lunes a la Corte escuchar la petición de un grupo de funcionarios judiciales que piden que las personas aspirantes realicen un debate previo a esa elección.

“Creo que es un proceso muy democrático, muy transparente y que ayuda a lograr más información y mayor legitimidad para la persona que finalmente llegue a quedar en ese puesto”, aseveró.

Sin embargo, Aguirre solicitó que ese tema fuera sometido a discusión en una sesión posterior.

Ante una consulta de Teletica.com, sobre cuál es el plan que manejan con el edificio o si incluso piensan en demolerlo, la entidad explicó que realiza de manera permanente "evaluaciones técnicas de su infraestructura" y que, como resultado de estos análisis, identificó necesidades específicas en el inmueble.

Por ahora, el BCR asegura que no existe una decisión definitiva sobre su futuro.

¿Podrían demoler el “Banco Negro”?

La institución confirmó que actualmente se estudian varias alternativas, pero que, al estar los análisis todavía en desarrollo, no se puede brindar una respuesta final. 

“Actualmente se encuentran en análisis distintas alternativas técnicas para atender las necesidades identificadas en el inmueble. Dado que estos estudios continúan en desarrollo, aún no existen definiciones finales sobre el alcance de las intervenciones", indicó la institución.

Lo que sí confirmó el banco es que ya se dio el traslado de algunos empleados de manera "planificada y ordenada".

Además, se añadió que los movimientos de personal previstos ya fueron ejecutados.

Otra de las posibilidades consultadas fue un eventual traslado a los terrenos del Consejo Nacional de Producción (CNP), en Barrio Corazón de Jesús; sin embargo, el BCR no confirmó que esa sea una posibilidad.

"El Banco analiza distintas alternativas de infraestructura para atender sus necesidades de largo plazo. Cualquier decisión al respecto estará sujeta a los estudios técnicos, financieros y administrativos correspondientes", dijo. 

Por ahora, tampoco se ha definido cuál sería el eventual uso de esos terrenos del CNP.

El Banco enfatizó que, independientemente de las decisiones que se adopten sobre su infraestructura, la atención a los clientes continúa y continuará con absoluta normalidad.

La plaza estaba vacante desde el 28 de agosto de 2023, cuando Rándall Zúñiga la dejó para convertirse en director general.

Sin embargo, Zúñiga fue destituido —y antes suspendido— el 18 de mayo pasado, producto de lo cual la Policía Judicial fue dirigida los últimos seis meses por Soto como interino.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, anunció que, con motivo de esa situación, Soto no entrará en funciones como subdirector general, sino que se mantendrá como director general interino hasta tanto no designe un reemplazo para Zúñiga.

Soto fue el tercer candidato mejor calificado con una nota de 98,50, solo por detrás del jefe de investigación de la delegación de Heredia, Hugo Monge (99,06), y el jefe de investigación interino de la delegación de Liberia, Dixon Carvajal (98,56).

El nuevo subdirector general es licenciado en Derecho por la Universidad Federada de Costa Rica y licenciado en Criminología por la Universidad Escuela Libre de Derecho. Está incorporado en el Colegio de Abogados desde el 28 de junio de 1999.

Posee más de 28 años de carrera en el Poder Judicial. Fungió como director general interino por seis meses y como subdirector general interino por tres años y siete meses.

Su trayectoria incluye los puestos de jefe y subjefe de la Oficina de Planes y Operaciones, así como subjefe del Departamento de Investigaciones Criminales.

También fue jefe de investigación 3 de las secciones de Delitos contra la Propiedad, de Asaltos y de Estupefacientes; jefe de investigación 2 en San Carlos; y jefe de investigación 1 en Delitos Varios, contra la Propiedad, en San Carlos y en Investigaciones Criminales; además de jefe de delegación en Pococí, Guácimo, San Carlos y Limón.

Antes de alcanzar las jefaturas, fue oficial de investigación de Homicidios, asistente 1 de la Dirección General y juez 1 del Juzgado Contravencional Menor Cuantía de Guatuso.

Fuera de la Policía Judicial, Soto fungió como ministro de Seguridad Pública, así como de Gobernación y Policía, de la administración de Carlos Alvarado (2018-2022).

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La gestión fue dada a conocer por el órgano jurisdiccional ante una solicitud de Teletica.com, realizada después de que el fiscal general Carlo Díaz declarara que un "foco de corrupción" que ahora se investiga fue parte de los motivos del cambio de jurisdicción en el caso seguido contra quien fuera el hombre más buscado del país, como lo dispuso el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada el 19 de agosto pasado.

De acuerdo con la respuesta suministrada, el Tribunal de Pococí envió información a la Inspección Judicial "sobre el ingreso" de la causa 16-000128-1219-TP (derivado del principal 15-000182-0066-PE) contra Arias y otros, para que el órgano del Poder Judicial valorara —según sus competencias— la aplicación del régimen disciplinario. No obstante, sobre el proceso no se dieron mayores detalles.

El despacho señaló que, si bien las manifestaciones dadas por el jefe del Ministerio Público a este medio se enmarcan en las competencias que le atribuye la ley, en el caso de los funcionarios del ámbito jurisdiccional existe un deber de imparcialidad, independencia, objetividad, prudencia y reserva. En esa línea, la instancia hizo ver que la no emisión de valoraciones sobre investigaciones o procesos en curso forma parte del cumplimiento de esos deberes.

"La existencia de investigaciones penales en curso impone un especial deber de cautela respecto de cualquier información o manifestación relacionada con ellas. El eventual incumplimiento de los deberes funcionales, de las obligaciones de reserva o confidencialidad, o de las disposiciones que regulan la función pública judicial, podría generar, según las circunstancias concretas y la normativa aplicable", abona el pronunciamiento.

Aun así, el Tribunal de Pococí detalló que "desde el primer momento y de forma independiente" ha procurado que el citado caso (al que luego se le asignó la sumaria 23-000010-0601-TP), en el que se investiga a "Diablo" y otros por aparente homicidio, fuera conocido por la Jurisdicción Especializada en Criminalidad Organizada (JEDO).

El despacho aseguró que, en las mismas fechas en las que se hizo la denuncia ante la Inspección Judicial, se realizaron gestiones ante la Fiscalía General y la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada (FAEDO) para que estas solicitaran una audiencia de competencia. Asimismo, señaló que esta gestión se hizo ante el Ministerio Público en cumplimiento de lo señalado en el artículo 8 de la Ley de creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, que establece que es el órgano acusador el que debe solicitar el conocimiento por parte de la jurisdicción especializada.

Según el Tribunal de Pococí, el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada rechazó el conocimiento del asunto seguido contra Arias, lo que motivó un nuevo testimonio de piezas y el cambio en el número de referencia del expediente al 23-000010-0601-TP, el cual se mantuvo en el primero de los despachos hasta la captura de Arias, el 24 de julio pasado.

El órgano jurisdiccional defendió que su postura sobre la necesidad del cambio de competencias respondía a temas de seguridad, logística y debido proceso. En esa línea, la instancia sostuvo que el trámite de la sumaria seguida contra "Diablo" se hizo con "absoluta transparencia".

Actualmente, la citada sede judicial se encuentra bajo la lupa, luego de que el 1.° de setiembre anterior dos de los integrantes del Juzgado Penal de Pococí, de apellidos Valverde y Ramírez, así como una agente local del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellido Rojas, fueran detenidos y suspendidos de sus puestos por aparentes favorecimientos a la estructura liderada por Arias.

El cantón limonense es señalado policialmente como el centro de las operaciones de "Diablo" y su banda.

Según explicó Gezer Molina Colomer, director de Ciberseguridad del Micitt, el hallazgo fue identificado el pasado sábado 12 de septiembre y, de acuerdo con las afirmaciones del responsable de la publicación, la supuesta base de datos contendría más de 400 millones de registros relacionados con salarios, direcciones, números telefónicos, correos electrónicos, fotografías y otros datos personales.

No obstante, las autoridades enfatizaron que estas afirmaciones continúan bajo investigación y aún no es posible confirmar la autenticidad ni el alcance total de la información divulgada.

Actualmente, especialistas de la Dirección Nacional de Ciberseguridad analizan una muestra cercana a las 10 mil líneas de información liberadas por el actor de amenaza y parte de los datos contenidos en esa muestra sí corresponden a información real; sin embargo, esto no permite concluir que la totalidad de la supuesta base de datos sea legítima.

“Hemos confirmado que parte de la información incluida en esta muestra sí es real, sin embargo esto no demuestra la autenticidad de la base de datos completa. En estos momentos estamos validando el origen y el verdadero alcance de esta brecha”, indicó Molina.

Ante la posible exposición de datos personales, el Micitt mantiene coordinación con el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Agencia de Protección de Datos y la Dirección de Inteligencia y Seguridad, con el objetivo de determinar el origen de la información y establecer eventuales responsabilidades.

Las autoridades advirtieron que, de confirmarse la autenticidad de los datos expuestos, la información podría ser utilizada para cometer todo tipo de fraudes.

"La información expuesta podría ser utilizada para cometer fraudes,  suplantaciones de identidad, extorsiones o ataques de phishing.  Es por ello que recomendamos a la población desconfiar de mensajes inesperados, evitar abrir enlaces o archivos sospechosos, no compartir información personal y activar la autenticación multifactor en sus cuentas", añadió el especialista.

BCCR rechaza versiones sobre posible origen de los datos

Tras las versiones que circularon durante el fin de semana, las cuales apuntaban a que la información podría provenir del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitió un pronunciamiento en el que descartó cualquier vulneración de sus sistemas informáticos.

La entidad aseguró que, como administradora del RTBF, no ha identificado incidentes de seguridad ni accesos no autorizados en ese registro o en cualquier otra de sus plataformas tecnológicas.

“El Banco Central confirma que su infraestructura tecnológica se mantiene segura, estable y en operación normal”, señaló la institución en un comunicado oficial.

Además, el BCCR rechazó las versiones que atribuyen a sus sistemas un supuesto incidente de ciberseguridad y afirmó que, con la información disponible hasta el momento, no existe sustento técnico para asegurar que los datos presuntamente extraídos provengan del RTBF.

La entidad destacó que cuenta con una infraestructura tecnológica robusta, así como con procesos permanentes de supervisión, monitoreo y control destinados a proteger la información que administra y garantizar la continuidad de sus servicios.

Finalmente, el Banco Central reiteró su compromiso con la protección de los datos y la seguridad de la información, mientras las autoridades avanzan en la investigación sobre la presunta filtración.

La última vez que lo vieron fue el 17 de agosto en San Ignacio de Acosta. Un video captó parte del recorrido que realizó en la comunidad antes de que se perdiera su rastro (ver video adjunto).

Sus hijas fueron las últimas personas en verlo. Ese día, aparentemente, abordó un autobús con dirección a San José; sin embargo, sus familiares desconocen hacia dónde se dirigía.

Al momento de su desaparición, don Marco se encontraba en sus días libres. Según su familia, esta es la primera vez que pierden contacto con él, pues acostumbraba comunicarse todos los días.

Ante la incertidumbre, sus allegados han salido a buscarlo en diferentes lugares, pero hasta ahora no han obtenido resultados positivos.

Si usted ha visto a don Marco o cuenta con información que pueda ayudar a localizarlo, puede comunicarse con la línea confidencial del OIJ: 800-8000-645.

Las autoridades analizan el abundante material audiovisual localizado en el teléfono de Edwin Daney López Vega, conocido como "Pecho de Rata". El contenido incluye videos de prácticas de tiro con armas de grueso calibre y registros de intervenciones policiales.

Entre las imágenes aparecen personas del círculo cercano de López Vega. También se observan actividades que formaban parte de su vida cotidiana (ver video adjunto).

Una de las grabaciones muestra prácticas de tiro con armas de grueso calibre. El material quedó almacenado en el teléfono que ahora analizan los investigadores.

El dispositivo también contiene registros de momentos en los que López Vega fue abordado por policías. El sospechoso se movilizaba por distintos puntos del país en vehículos de alta gama. Algunas de esas intervenciones quedaron grabadas con su propio teléfono.

Las autoridades de Estados Unidos identificaron a López Vega como el “Rey de Cahuita”. La denominación hace referencia al poder que, según la investigación, habría alcanzado dentro de una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas.

El contenido del teléfono también muestra parte del estilo de vida de López Vega y su familia. Los investigadores encontraron imágenes relacionadas con actividades ganaderas, señaladas dentro del caso Riverside. En los videos aparecen montas dedicadas a López Vega y a familiares. También hay imágenes de un redondel que, según la investigación, era de su propiedad.

El teléfono registró además momentos en los que "Pecho de Rata" participaba en cabalgatas. Otras grabaciones fueron realizadas dentro de su vivienda. En ellas aparecen distintas personas de su entorno cercano.

López Vega es señalado por las autoridades como integrante de una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas hacia Estados Unidos. Costa Rica habría sido utilizada como punto de tránsito para el envío de los cargamentos.

Desde el 20 de marzo, López Vega y el exmagistrado Celso Gamboa permanecen recluidos en la cárcel de Collin County, en Texas. Ambos esperan el avance del proceso judicial en su contra.

“Todos los años celebramos con actividades el paso de la antorcha, y los estudiantes de todo Occidente siempre han vivido con gran alegría estas actividades”, expresó Álvaro Quesada, supervisor de centros educativos de Sarchí.

Por su parte, el director regional de Educación de Alajuela, Humberto Sanabria, destacó el valor simbólico de esta tradición para las nuevas generaciones.

“Es un orgullo ser parte de esta fiesta que vivimos todos los costarricenses. Es muy lindo de describir, y vamos viendo a todos los niños llevarla. A mí me gusta estar con los chicos y acompañarlos en el recorrido”, manifestó.

La llegada de la antorcha al Parque Juan Santamaría, en Alajuela, está prevista para las 2:20 p. m., mientras que el arribo del fuego patrio a Cartago se espera para las 8 p. m. en las históricas Ruinas de Cartago, donde se realizarán los actos conmemorativos de la víspera del 205 aniversario de la Independencia de Costa Rica.

Se trata de un nuevo proyecto de ley que mantiene el principio de priorizar energía al menor costo posible, pero sin dejar de lado la labor central del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el modelo energético actual.

El proyecto, denominado Ley de Seguridad Energética y Modernización del Sistema Eléctrico Nacional, propone asegurar un servicio eléctrico “continuo, confiable, sostenible y al menor costo posible para las familias y sectores productivos”.

Para ese fin, establece una reforma integral que ordene la toma de decisiones técnicas que, además, dote de herramientas extraordinarias al país frente a emergencias climáticas.

"El sistema eléctrico costarricense ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo del país. Nuestro deber es prepararlo para los nuevos retos, proteger a las personas y empresas consumidoras y mantener la energía como un motor de competitividad y bienestar", indicó la bancada.

Entre sus principales propuestas, el proyecto establece que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) deberá utilizar primero la energía de menor costo disponible, pero siempre que esto sea compatible con la seguridad y estabilidad de la red.

“Esta regla se aplicará sin distinción de si la electricidad proviene del ICE, cooperativas de electrificación rural, empresas municipales o generadores privados debidamente autorizados”, insistió la fracción.

Para esto, fortalece la Dirección de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), que será el órgano técnico encargado de coordinar la operación del sistema.

“La iniciativa busca asegurar que sus decisiones se fundamenten en criterios técnicos, objetivos y transparentes, con el interés de los consumidores como prioridad”.

En el esquema propuesto, la demanda nacional tendría “prioridad absoluta” sobre la exportación de electricidad, que quedará condicionada únicamente a los excedentes.

También crea un “Programa Nacional de Ahorro Energético y Protección Tarifaria” para que empresas y hogares puedan gestionar acciones de eficiencia energética y reducción de consumo durante períodos críticos a cambio de créditos tarifarios y otras compensaciones económicas.

Además, se incorporan exoneraciones para facilitar el autoconsumo residencial con fuentes renovables.

La propuesta también reconoce el papel estratégico del ICE, las cooperativas, las empresas municipales y la generación privada dentro del sistema eléctrico nacional.

En el caso del ICE, se garantiza la recuperación tarifaria de las inversiones históricas realizadas en infraestructura eléctrica y se reafirma su exclusividad para desarrollar proyectos geotérmicos.

La bancada verdiblanca también anunció reformas para fortalecer a las empresas y la creación del Fondo Nacional de Solidaridad del Servicio Eléctrico (Fonassel), con el que se pretende universalizar la cobertura del servicio eléctrico en todos los rincones del país.

La polémica surgió luego de que trascendiera una directriz de la alcaldía que contemplaba el cierre de comercios desde el mediodía en un amplio perímetro de la ciudad, como parte de las medidas de seguridad para el desarrollo de las celebraciones patrias.

Sin embargo, este domingo, la Municipalidad de Cartago informó que finalmente no habrá ningún cierre obligatorio de locales comerciales este lunes 14 de septiembre. 

El alcalde Mario Redondo aclaró que la medida será voluntaria y que se invita respetuosamente a los comerciantes a considerar el cierre de sus negocios a partir de las 4 p. m. o, alternativamente, reforzar los protocolos de seguridad necesarios durante la actividad.

Ante este cambio, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Cartago, Henry Alfaro, destacó que lo más importante es que los comerciantes ya no estarán expuestos a eventuales sanciones por ejercer su actividad económica.

"No hemos hecho todavía un recuento de cuántos establecimientos continuarán operando, pero lo importante es que ya no están expuestos a sanciones por trabajar quienes así lo decidan", manifestó Alfaro.

El dirigente señaló que la propuesta inicial representaba una afectación significativa para el sector comercial, debido a que contemplaba el cierre de negocios desde el mediodía, además de abarcar una zona extensa de la ciudad.

"Desde la Cámara valoramos positivamente el resultado. La medida original pretendía cerrar los comercios desde el mediodía, en un perímetro muy amplio y bajo advertencia de posibles sanciones. Primero se redujeron el horario y el perímetro y, finalmente, se eliminó por completo la obligatoriedad", indicó.

Alfaro aseguró que la organización cumplió con su responsabilidad de defender los intereses del sector mediante argumentos técnicos y respeto institucional, sin desconocer las necesidades de seguridad asociadas a la actividad cívica.

"No se trataba de desconocer las necesidades de seguridad, sino de demostrar que era posible proteger la actividad oficial sin trasladarles el costo a los comerciantes, trabajadores y familias de Cartago", agregó.

Asimismo, afirmó que el desenlace es resultado de la gestión conjunta entre comerciantes, ciudadanía y autoridades, más allá de atribuirse una victoria particular.

"Más que asumirlo como un triunfo particular, lo vemos como un resultado del esfuerzo de los comerciantes, de la reacción ciudadana y del diálogo institucional. Nuestra posición de fondo quedó respaldada: cerrar las calles por razones operativas no debe significar automáticamente cerrar los negocios. Los comercios pueden colaborar con las autoridades y adoptar medidas especiales sin renunciar a su derecho a trabajar", concluyó.

Así lo informó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en lo que calificó como un "paso histórico" en este proceso de certificación de trámites.

La apostilla es el método simplificado mediante el cual un país certifica la autenticidad de la firma y la legalidad de documentos públicos, de manera que tengan validez en otros países.

En esta primera fase, el sistema podrá aplicarse a temas de educación, exportaciones, salud y justicia, entre otros (ver lista más adelante).

La apostilla electrónica se podrá pedir desde cualquier parte del mundo a través de esta dirección: https://e-apostilla.rree.go.cr/aposprod/f?p=101

El sistema estará disponible las 24 horas del día y permite el pago de los timbres digitalmente.

Para ingresar al sistema, las personas acceden con un usuario según su número de cédula y contraseña.

Luego de recibidos los documentos, y si la información es correcta, el usuario recibirá la apostilla en un plazo máximo de tres días.

Los documentos apostillados cuentan con un código QR para verificar su autenticidad.

Según Cancillería, la lista de documentos tramitables bajo este nuevo método irá creciendo paulatinamente con el ingreso de más instituciones al sistema.

“La modernización de la Cancillería no es solamente incorporar tecnología; es transformar la manera en que servimos a los ciudadanos. La Apostilla Electrónica nos permite hacer los procesos más ágiles, facilitar el acceso y brindar una atención acorde con las necesidades de una Costa Rica moderna”, señaló el ministro Manuel Tovar.

En caso de preguntas, los usuarios podrán contactar a Cancillería a los teléfonos 2539-5383 y 2539-5391 o al correo autenticaciones@rree.go.cr.

Las autoridades precisaron que el mecanismo tradicional de apostilla también se mantendrá en funcionamiento.

Esta es la lista de instituciones y los documentos que podrán ser apostillados digitalmente:

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC)

• Apostilla de documentos públicos costarricenses.
• Autenticación de firma de funcionario del MREC.
• Carta de no objeción a beca.
• Certificación de la Oficina de Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
• Certificación de OGEREH.
• Certificación de registro de entidades religiosas ante el Ministerio.
• Certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
• Certificados de aprovechamiento o participación de cursos impartidos por la Academia Diplomática.
• Constancia de no beca.
• Constancia de Oficina de Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
• Constancia de OGEREH.
• Personería jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
• Traducción oficial.

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA)

• Certificación oficial del CFIA.
• Documentación oficial del CFIA.

Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)

• Constancia de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación.
• Contrato de crédito de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación.
• Planes de desembolso de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación.

Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP)

• Certificación del CONESUP.
• Documento oficial del CONESUP.
• Título académico aprobado por CONESUP.

Dirección General del Archivo Nacional

• Certificación de la Dirección General del Archivo Nacional.
• Constancia de la Dirección General del Archivo Nacional.
• Documento oficial del Archivo Nacional.
• Fotocopias certificadas de la Dirección General del Archivo Nacional.
• Ulteriores testimonios de la Dirección General del Archivo Nacional.

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

• Autenticación de firma del ICE.
• Autorización del Instituto Costarricense de Electricidad.
• Documentación relacionada con trámites consulares del ICE.
• Certificación del Instituto Costarricense de Electricidad.

Ministerio de Cultura (SINABI)

• Documento del Sistema Nacional de Bibliotecas.

Ministerio de Cultura (Centro Nacional de la Música)

• Documento oficial del Centro Nacional de la Música.

Ministerio de Salud

• Autenticación de firma de funcionario del Ministerio de Salud.
• Autenticación del Ministerio de Salud.
• Autorización de cremación, repatriación y traslado de restos humanos.
• Autorización de desalmacenaje del Ministerio de Salud.
• Autorización de Permiso de Importación y Exportación de Medicamentos Controlados.
• Certificación del Ministerio de Salud.
• Certificado de buenas prácticas de manufactura.
• Certificado de exportación.
• Certificado de libre venta.
• Certificado de Producto Farmacéutico.
• Oficio del Ministerio de Salud.
• Permiso de importación.
• Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud.

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

• Certificación de documentos del Laboratorio Costarricense de Metrología.
• Certificado de condición de PYME.
• Certificado de Expediente de Denuncia ante Coprocom.
• Certificado de expediente de denuncia de los consumidores.
• Certificado de Producción Nacional.
• Documento oficial del MEIC.

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)

• Autenticación de firma de funcionario de PROCOMER.
• Certificación de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.
• Certificado de libre venta.
• Constancia de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.
• Contrato de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.
• Contratos suscritos por Procomer.
• Documento oficial de la Promotora de Comercio Exterior.

Registro Nacional de la Propiedad

• Certificación del Registro Nacional de la Propiedad.

Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (Poder Judicial)

• Autenticación de documentos con fines internacionales.
• Autenticación de firma de funcionario judicial.
• Autenticación del Poder Judicial.
• Cartas rogatorias.
• Certificación del Poder Judicial.
• Documento oficial del Poder Judicial.
• Exhortos.
• Resolución del Poder Judicial.

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES)

• Certificación del SINAES.

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)

• Autorización de importación.
• Certificación del Servicio Nacional de Salud Animal.
• Certificado de exportación de perros y gatos.
• Certificado de libre venta.
• Certificado de medicamento veterinario para exportación.
• Certificado de producto destinado a la exportación.
• Documento oficial del Servicio Nacional de Salud Animal.

Tribunal Registral Administrativo

• Documentos oficiales del Tribunal Registral Administrativo.

Universidad de Costa Rica (UCR)

• Autenticación de copia de título de graduación de honor de posgrado de la UCR.
• Autenticación de copia de título de posgrado de la UCR.
• Autenticación de firma de funcionario de dirección de programa de posgrado de la UCR.
• Autenticación de firma de funcionario de la Universidad de Costa Rica.
• Autenticación de título de graduación de honor de posgrado de la UCR.
• Autenticación de título de posgrado de la UCR.
• Certificación de la Universidad de Costa Rica.
• Certificación del Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR.
• Constancia de la Universidad de Costa Rica.
• Constancia emitida por el Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR.
• Documento oficial de la Universidad de Costa Rica.
• Documento oficial del Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR.

Universidad Nacional (UNA)

• Título académico de la Universidad Nacional.
• Certificación de la Universidad Nacional.
• Documento oficial de la Universidad Nacional.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el reptil mordió a la mujer de 28 años en una de sus piernas, provocándole una herida profunda que debió ser atendida en el lugar.

Según indicó la paciente, mientras se encontraba bañándose, fue atacada aparentemente por el lagarto.

El incidente fue reportado aproximadamente a las 11:21 a. m. y, tras recibir la alerta, el Cuerpo de Bomberos se desplazó hasta la zona para intentar capturar y retirar al lagarto de la playa.

La mujer fue trasladada en condición estable a un centro médico para su valoración.

La presencia del animal generó preocupación debido a que playa Caldera es una zona frecuentada por bañistas.

Al operativo también se sumó el Servicio Nacional de Guardacostas, con el objetivo de localizar al reptil.

La institución detectó ofertas de estos productos para fines como pérdida de peso, aumento de masa muscular, antienvejecimiento y recuperación deportiva, según informó mediante un comunicado de prensa emitido este lunes.

La alerta también incluye productos cuya procedencia, composición y condiciones de fabricación no pueden verificarse.

Según Salud, esta situación impide comprobar el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y eficacia establecidos por la normativa sanitaria.

La institución recordó que la semaglutida, la tirzepatida y la liraglutida son principios activos presentes en medicamentos de prescripción médica. Su uso requiere valoración, prescripción y seguimiento profesional.

Entre los productos identificados durante una inspección sanitaria aparecen viales de la marca Exogenics. Estos productos afirman contener semaglutida y tirzepatida. El Ministerio de Salud determinó que no cuentan con registro sanitario vigente en Costa Rica. Además, su origen es desconocido.

La institución señaló varios riesgos asociados con este tipo de productos. Entre ellos están las reacciones adversas graves, contaminación microbiológica o química, sustancias no declaradas y productos falsificados o adulterados.

Los productos inyectables presentan riesgos adicionales. Las fallas en fabricación, manipulación, almacenamiento o transporte pueden afectar su seguridad.

Salud pidió a la población no comprar estos productos por redes sociales, aplicaciones de mensajería o sitios web no autorizados.

También recomendó verificar el registro sanitario antes de adquirir un medicamento. Esta consulta puede realizarse mediante la plataforma Regístrelo del Ministerio de Salud.

La institución recordó que los medicamentos sujetos a prescripción deben utilizarse bajo valoración y seguimiento médico. También pidió desconfiar de publicaciones con promesas de resultados rápidos o garantizados.

Salud solicitó denunciar la venta de productos sospechosos o sin registro sanitario. Las personas pueden aportar fotografías, número de lote, comprobantes de compra, enlaces o capturas de las publicaciones.

Las denuncias pueden enviarse al correo drpirs.atencioncliente@misalud.go.cr o presentarse ante el Área Rectora de Salud más cercana.

Medicamentos autorizados

La advertencia emitida el 22 de julio de 2026 no incluye los medicamentos con registro sanitario vigente en ese momento.

• Semaglutida: Ozempic.

• Liraglutida: Saxenda.

• Tirzepatida: Mounjaro KwikPen.

El Ministerio de Salud indicó que estos medicamentos cuentan con evaluación sanitaria para comprobar su calidad, seguridad y eficacia. Su uso requiere prescripción médica.

Se trata de una protesta convocada por la Colectiva Autónoma por la Resistencia Social —la misma que estuvo detrás del plantón del 6 de agosto anterior— con la que se invita a ciudadanos a salir a marchar con faroles en defensa de las instituciones democráticas de Costa Rica.

La manifestación saldrá de 28 puntos distribuidos en igual cantidad de cantones en todas las provincias del país.

Se espera que una de las concentraciones más importantes se dé en la Plaza Mayor de Cartago, donde se celebran los tradicionales actos de llegada de la Antorcha de la Independencia a la Vieja Metrópoli, así como la sesión solemne del Consejo de Gobierno.

Precisamente, en ese espacio se tiene previsto un discurso de la presidenta Laura Fernández, principal blanco de la protesta junto a su ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves.

Otro punto de relevancia es el Parque Morazán, en San José, donde se espera la llegada de personal del Poder Judicial, una de las instituciones contra las que el Gobierno ha enfilado la mayoría de sus ataques y críticas en los últimos meses y contra la que se han anunciado millonarios recortes presupuestarios.

De hecho, esos señalamientos y los primeros avisos de las rebajas ya habían motivado una multitudinaria manifestación en la Plaza de la Democracia, en San José, a la cual incluso asistieron magistrados —incluido su presidente, Orlando Aguirre—, el fiscal general Carlo Díaz y el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

Diferentes sindicatos del sector salud convocaron este lunes a una huelga nacional ante el impago de salarios a los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La manifestación está pactada para iniciar el próximo jueves 17 de setiembre a partir de las 6 a. m. y extenderse hasta el viernes 18 a la misma hora.

Los sindicatos calificaron como “inhumana” la situación que enfrentan cientos de funcionarios, quienes desde julio pasado no están recibiendo sus salarios.

El problema, según denuncian, se origina a partir de fallas en el Sistema Integrado de Gestión de las Personas (SIPE) que generaron inconsistencias.

Los sindicatos prometieron que los servicios esenciales no se verán interrumpidos, tal y como demanda la ley, y que las áreas afectadas se comunicarán el próximo miércoles.

Los diferentes gremios denuncian que la falta de un plan piloto para la implementación del SIPE incidió en esta problemática y que esa falta de pago es el único móvil de esta medida de presión.  

La suspensión de energía afectará a 18.720 personas en San Isidro. El corte será de 7 a. m. a 3 p. m. El trabajo incluye la sustitución de tres postes.

Entre las zonas afectadas están calle La Rinconada, barrio Lourdes, calle La Fortaleza, Los Vega, Chaves, El Portillo, Prado Montano, Torres de San Isidro, Terrazas de San Isidro, Jardines de Santa Cruz, La Fabiola, Lomas del Zurquí, Lomas Verdes del Zurquí, Vila Seca, Fuerte Indio, Villa Val, Flor de Café y Residencial Las Tejas.

En San Rafael, la suspensión de agua potable afectará a 4.376 personas. El servicio estará interrumpido de 7 a. m. a 1 p. m. por trabajos de lavado del tanque Tirol.

La afectación incluye Residencial Tirol El Monte, calle Monte de la Cruz, Residencial Highland Ranch, calle Tucán, Escuela Montecitos, Bosque de la Hoja, Laguna de Plata, restaurante Los Peroles, calle Chorreras, urbanización La Joya, calle Real de La Hoja, fábrica de vitrales, calle El Alto, La Rosa hasta tanque Otoniel o pulpería Águila de Oro y parte de Residencial Aves del Paraíso.

La ESPH recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias ante las interrupciones.

Para más información, los abonados pueden comunicarse al 2562-3774 o consultar el sitio web de la empresa.

Esa es precisamente una de las líneas de investigación que desarrolla el Laboratorio de Investigación en Ciencias Experimentales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), ante el inminente colapso de los rellenos sanitarios.

El proyecto utiliza hongos para descomponer residuos orgánicos mediante un proceso de fermentación en estado sólido y transformarlos en productos de valor agregado (ver video adjunto).

Por ahora, la investigación se ha desarrollado con residuos orgánicos. 

No obstante, la expectativa es continuar estudiando el potencial de estos organismos para aprovechar otros tipos de desechos.

Los pacientes en el país deben esperar un promedio de 87 meses (más de 7 años) para acceder a medicamentos innovadores contra el cáncer y enfermedades cardiometabólicas, según revelan los datos más recientes del Índice WAIT (Waiting to Access Innovative Therapies), un estudio elaborado por IQVIA y FIFARMA.

Esta cifra marca un deterioro en los tiempos de atención, ya que la espera promedio aumentó de 6.1 años en 2025 a 7.3 años en 2026 (ver video adjunto).

Por encima del promedio de la región

Con este incremento, Costa Rica supera el promedio de acceso de América Latina, el cual se sitúa en 5.7 años. 

Este indicador mide el tiempo total de disponibilidad, abarcando desde que se otorga la autorización de comercialización hasta que se consolida el reembolso del fármaco.

En el contexto costarricense, este prolongado proceso incluye los trámites de aprobación ante el Ministerio de Salud hasta que el medicamento se encuentra disponible o es reconocido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Voces del sector salud

Fernando Vizquerra, director ejecutivo de la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), y Yaneth Giha, directora ejecutiva de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (Fifarma), han puesto el foco sobre las consecuencias de este rezago.

El estudio concluye que la prolongación de estos plazos genera un impacto negativo en múltiples niveles:

• Para los pacientes: Se retrasa el acceso a terapias críticas que salvan vidas.​
• Para los sistemas sanitarios: Se reduce de forma drástica la eficiencia de las inversiones en salud pública.
• Para los fabricantes: Aumenta la incertidumbre del mercado y se complica la planificación de los lanzamientos de nuevos medicamentos.

En un video compartido por visitantes se observa cómo los cetáceos saltan y danzan cerca de la embarcación, generando asombro entre quienes grababan la experiencia con sus celulares.

Las ballenas forman parte del atractivo turístico de Costa Rica, especialmente en la zona sur del país, donde cada año cientos de visitantes nacionales y extranjeros llegan para disfrutar de este fenómeno natural.

Este tipo de avistamientos refuerza la importancia de la conservación marina y del turismo sostenible en la región.

Se trata de la Reserva Natural Madre Verde, conocida como "el pulmón de Occidente" y uno de los espacios que protege el corredor biológico Montes del Aguacate, tres nacientes de agua y decenas de especies de flora y fauna.

Este bosque que nació del esfuerzo de una comunidad en Palmares y hoy funciona como un refugio de vida silvestre.

Los pueblerinos estaban viendo que se estaban quedando con muy poca parte de bosque. La preocupación entre empresas y parte de las personas se unieron para el año 2000 y adquirieron esta parte. Ahí nació la reserva. Ahí fue donde empezó su reforestación", explica Natalia Castillo, colaboradora de la Reserva.

En el pasado, este lugar fue una finca ganadera. Aún se conserva la estructura de la antigua lechería y desde ese punto, se unen cuatro senderos de dificultad baja y media.

En conjunto, suman cerca de tres kilómetros para caminar entre el bosque y disfrutar del entorno natural.

"El pueblo comenzó a reforestar la finca, comenzaron a hacer senderos y hacerlo un lugar turístico para poder proteger el bosque y a la vez ser un ambiente para la comunidad. En cierta parte de la historia se dejó de deforestar y se dejó regeneración natural", explica Jessica Fernández, delegada ejecutiva de la Reserva.

Un sitio para observar y aprender

Al adentrarse en el bosque y llegar hasta la parte más alta de la reserva, los visitantes encuentran un mirador desde donde se observa el centro de Palmares, con el cerro Espíritu Santo como parte del paisaje y al fondo también se aprecia el volcán Poás.

Hay diferentes formas de conocer este bosque. La reserva ofrece visitas nocturnas y actividades de avistamiento de aves. También recibe voluntarios, entre ellos estudiantes universitarios.

Además, se realizan talleres y giras educativas dirigidas a escuelas, colegios, universidades y empresas. La promoción y la educación ambiental son parte de los principales objetivos de este espacio.

Entre las especies animales que se pueden observar, destacan los tucanes, toledos, oropéndolas, muchos colibríes, mapaches, pizotes, tolomuco, león breñero (yaguarundí) y manigordo.

Muy cerca de la ciudad

La Reserva Natural Madre Verde se ubica en La Granja de Palmares, a una hora de San José.

Abre de miércoles a lunes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Los martes permanece cerrada.

Para ingresar, se solicita un donativo mínimo de ₡1.500.

Para obtener más información, puede escribir o llamar al número 8810 2014.

Donde antes había una finca ganadera, hoy se recupera un bosque que continúa creciendo y que ofrece a visitantes, familias y grupos una opción para acercarse a la naturaleza.

¿Quiere conocer los rincones más atractivos de Costa Rica? Puede repasar otros paraísos naturales en la sección El Finde, a través de este link.

Los sacerdotes Édgar, Joaquín y Gerald —ya conocidos por su participación en conciertos marianos y navideños— se presentarán en un espectáculo diferente, interpretando canciones de música plancha con el objetivo de recaudar fondos para el Seminario Nacional.

La iniciativa busca generar recursos para la formación de nuevos sacerdotes, demostrando que, además de su vocación de servicio, los religiosos mantienen su pasión por la música y los talentos que Dios les otorgó.

La cita será el sábado 22 de noviembre en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, a partir de las 3:00 p. m. Los organizadores recordaron que la compra de entradas contribuirá directamente a la preparación de futuros sacerdotes.

Hacer una transferencia, pagar servicios públicos o revisar el saldo de una cuenta bancaria son trámites que cada vez menos costarricenses realizan de forma presencial.

La banca digital se ha consolidado como una herramienta de uso cotidiano para millones de personas, permitiendo gestionar operaciones financieras desde computadoras, tabletas o teléfonos celulares en cuestión de minutos (ver video adjunto).

Las cifras de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) reflejan esta transformación en los hábitos de los usuarios.

De acuerdo con la organización, la cantidad de clientes registrados en plataformas digitales de ocho entidades financieras privadas pasó de 1,28 millones en 2019 a 2,55 millones en 2025, lo que representa un crecimiento significativo en el uso de estos canales.

El aumento también se observa en la cantidad de usuarios activos, es decir, aquellos que ingresaron a las plataformas durante los últimos 90 días. Según los datos de la ABC, este grupo pasó de 659.000 usuarios a 1,68 millones entre 2019 y 2025, lo que equivale a un crecimiento cercano al 154% en apenas seis años.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), analizados por el Centro de Estudios de Negocio Financiero e Inmobiliario (CENFI), revelan que los alquileres acumulan un incremento interanual de 2,98% a agosto.

La tendencia indica que los precios seguirán creciendo durante los próximos meses, con un aumento previsto para diciembre.

Actualmente, en Costa Rica existen cerca de 361.000 viviendas en alquiler, ocupadas por aproximadamente 1.050.000 personas, lo que refleja la magnitud del mercado y el impacto directo en miles de familias.

El evento combinó actividades diplomáticas y culturales, y contó con la participación de embajadores de distintos países de Latinoamérica, así como representantes del cuerpo diplomático, del sector empresarial y miembros de las comunidades costarricense, guatemalteca y hondureña residentes en Israel.

La conmemoración reafirmó los lazos de amistad y cooperación entre los tres países centroamericanos y el Estado de Israel, en el marco de las festividades patrias.

Fue trasladado en condición crítica a la Clínica Solón Núñez, donde falleció.

En la huida, los atacantes —quienes según testigos serían parte de la agrupación conocida como “Los Churros”, en disputa con la banda de “Los Lara”— derraparon y cayeron al suelo.

La Fuerza Pública desplegó un amplio contingente policial y logró detener a dos sospechosos a 500 metros del lugar de la balacera; además, les decomisó armas de grueso calibre y municiones.

El hecho generó pánico entre los asistentes al desfile, la zona se encuentra completamente resguardada por efectivos de Fuerza Pública.

El taller de faroles incluyó diseños que reflejan el espíritu de la marcha y el compromiso de los participantes con los valores patrios.

La actividad, organizada por la ciudadanía y grupos de la sociedad civil, tendrá lugar este 14 de septiembre en diferentes cantones del país. Según los organizadores, los faroles representan la paz y la unidad, y rechazan por completo cualquier manifestación de violencia.

La Faroleada se perfila como un acto simbólico y pacífico, en vísperas de las celebraciones de independencia, con el objetivo de fortalecer la identidad nacional y reafirmar el compromiso con los principios democráticos.

La entrega estuvo a cargo de la ministra de Educación de Nicaragua, Mendy Arauz Silva, quien cedió el símbolo patrio al jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica, Leonardo Sánchez.

Posteriormente, la antorcha fue entregada a estudiantes del cantón de La Cruz, Guanacaste, donde uno de los jóvenes destacados recordó con fervor los 205 años de libertad y llamó a defender la soberanía nacional mediante la educación.

El fuego de la libertad, representado por la antorcha que recorre Centroamérica, será trasladado por estudiantes a lo largo del país y llegará a Cartago la tarde del 14 de septiembre, en vísperas de la celebración de los 205 años de vida independiente.

El alcalde Mario Redondo aclaró que, aunque no habrá una disposición oficial, se insta respetuosamente a los establecimientos de la zona a considerar un cierre voluntario a partir de las 4:00 p.m. o, en su defecto, a reforzar las medidas de seguridad necesarias para garantizar el orden durante el evento.

“Nuestro único interés es velar porque el evento programado se desarrolle con seguridad para todos los asistentes, esperamos que ello se pueda garantizar sin alterar las actividades comerciales de los patentados.

"No es nuestro interés generar polémicas con el Ministerio de Seguridad, al fin de cuentas debemos seguir trabajando juntos en beneficio de la población cartaginesa”, reiteró Redondo.

La Municipalidad subrayó que su prioridad es la seguridad de los asistentes y la coordinación con las autoridades, sin afectar el ejercicio comercial de los negocios cartagineses.

Por su parte, el cierre perimetral de los 100 metros a la redonda del municipio se mantiene, por lo que piden a la población acatar las medidas de seguridad y tomar en consideración que habrá retenes y revisiones por parte de Seguridad Pública con el fin de mantener el orden y la seguridad.

El experto en ciberseguridad Esteban Jiménez alertó sobre el caso y aseguró que entre la información que supuestamente fue comprometida se encuentran datos personales, financieros, legales, laborales, de propiedades, vehículos y fotografías de ciudadanos costarricenses.

De acuerdo con una publicación atribuida al actor de amenazas, los conjuntos de datos incluirían 21,8 millones de registros de direcciones, 3,95 millones de correos electrónicos, 3,31 millones de fotografías, 18,74 millones de registros judiciales o legales detallados y 8,1 millones de registros judiciales adicionales.

La supuesta filtración también contemplaría 374,6 millones de registros salariales, 9,95 millones de registros de ciudadanos, 3,52 millones de registros de vehículos, 3,39 millones de registros de beneficiarios finales, 13,45 millones de registros telefónicos y 2 millones de registros de matrimonio.

El actor de amenazas incluso, al parecer, utilizó información relacionada con la presidenta de la República, Laura Fernández, como una muestra de los datos que asegura tener en su poder.

Jiménez explicó a este medio que la información publicada incluye datos personales de la mandataria, entre ellos referencias a dónde vive y propiedades que tendría.

“Lo que llama la atención es que se enfoque en la presidenta, por ejemplo. Entonces, hay un montón de datos, personales de la presidenta que son los que están sacando como muestra”, explicó.

Dos posibles fuentes bajo investigación

El experto señaló que todavía se desconoce de qué empresa o institución provendría la información y que los investigadores están analizando la estructura de los datos para intentar determinar su origen.

Según Jiménez, una de las hipótesis apunta a que podría tratarse de una base de datos relacionada con una protectora de crédito.

Sin embargo, también existe otra posibilidad que, de confirmarse, tendría implicaciones importantes: que parte de la información corresponda a la estructura de datos del Registro de Beneficiarios Finales del Banco Central de Costa Rica.

“Se parece a la estructura de beneficiarios finales de bancos centrales. Entonces, estamos con esas dos hipótesis”, manifestó.

Jiménez indicó que los investigadores están descargando parte de la muestra publicada para analizarla y compararla con estructuras conocidas.

“Estamos descargando parte de la muestra para compartirla con los colegas y revisar de dónde podría venir”, explicó.

El experto añadió que en la muestra también se habrían publicado fotografías de cédulas, lo que aumenta la preocupación por el tipo de información que estaría circulando.

No obstante, Jiménez enfatizó que todavía se encuentran en una etapa de investigación y que esperan que se publique más información que permita establecer con mayor precisión el origen de los datos.

MICITT investiga la supuesta filtración

Ante la gravedad de la denuncia, este medio consultó al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) para conocer si las autoridades tenían conocimiento del caso.

El MICITT confirmó que la Dirección Nacional de Ciberseguridad detectó una publicación atribuida a un actor de amenazas en la que se hace referencia a una presunta filtración de información relacionada con ciudadanos costarricenses.

A partir de esa detección, las autoridades activaron los procesos de análisis e investigación para determinar la autenticidad de la información, su posible origen, alcance y nivel de afectación.

El Ministerio también busca establecer si existe algún compromiso de sistemas o información perteneciente a instituciones nacionales.

Sin embargo, el MICITT fue enfático en que por ahora no puede confirmar que haya ocurrido una filtración reciente ni que los datos publicados sean auténticos.

La institución explicó que la situación permanece bajo investigación y que continuará con el análisis técnico y las coordinaciones correspondientes.

Una vez que existan elementos verificados, el MICITT comunicará la información que pueda hacerse pública sin comprometer la investigación ni las acciones de respuesta.

Por ahora, tanto la fuente de los datos como la magnitud real de la supuesta filtración permanecen sin confirmar de manera independiente.

Para el experto, el caso genera especial preocupación debido a la cantidad y variedad de información que el actor de amenazas asegura tener, pero las autoridades insisten en que la autenticidad y el origen de esos datos todavía deben ser determinados.

Producto del incidente, un automóvil resultó con daños y sus ocupantes necesitaron ayuda para poder salir.

El Cuerpo de Bomberos se encuentra en el lugar realizando labores de corte de ramas y verificando que el cableado eléctrico no haya sufrido afectaciones.

El tránsito permanece cerrado mientras se desarrollan las tareas de limpieza y aseguramiento de la zona.

El alcalde cartaginés, Mario Redondo, aseguró a este medio que la medida no es nueva y que, según personas que han trabajado anteriormente en la Municipalidad, en otras ocasiones se establecieron perímetros de seguridad incluso más amplios.

“Me indica gente que ha trabajado en la municipalidad que efectivamente en otras oportunidades se han hecho perímetros más grandes”, afirmó Redondo, quien recordó situaciones como las protestas relacionadas con el TLC y el Combo ICE, cuando, según explicó, los cierres fueron más amplios.

El alcalde señaló que la Municipalidad no es experta en materia de seguridad nacional y que las recomendaciones en esta área corresponden a las autoridades competentes.

“Nosotros no somos expertos en materia de seguridad nacional. Quienes son expertos y competentes en esa materia son las autoridades de seguridad nacional”, manifestó.

Según Redondo, las autoridades de seguridad solicitaron al Departamento de Patentes de la Municipalidad establecer el cierre. Sin embargo, aseguró que posteriormente buscó un mecanismo para equilibrar la seguridad de quienes participarán en las actividades con el derecho de los comerciantes a ejercer su actividad económica.

“Ahí tratamos de buscar racionalmente un entendimiento para que, garantizando seguridad, afectemos lo mínimo posible el comercio”, dijo Redondo.

De acuerdo con el alcalde, la intención es que el cierre de los establecimientos comerciales se aplique a partir de las 4 p. m., mientras que el acceso de las personas al sector continuará, aunque con controles de seguridad.

El jerarca agregó que ha conversado con representantes del sector comercial y que mantiene comunicación con el presidente de la Cámara de Comercio de Cartago.

“Todos queremos dialogar, aquí no se trata de imponer nada, aquí se trata de llegar a entendimientos razonables”, afirmó.

El alcalde también reconoció que la Municipalidad podría negarse al cierre de los comercios, pero consideró difícil hacerlo cuando existe una advertencia o recomendación proveniente de órganos especializados en seguridad.

“Si a mí seguridad me dice que tiene esta circunstancia y me recomienda algo, y yo no lo acato y después pasa algo, me comen en vivo”, expresó.

Cámara de Comercio cuestiona la medida

La Cámara de Comercio de Cartago, por su parte, sostiene que una disposición general de este tipo no se ha aplicado en años anteriores durante estas mismas celebraciones.

La organización cuestionó que la seguridad se pretenda garantizar mediante el cierre de negocios y señaló que una ciudad activa, con comercios abiertos, trabajadores, clientes, iluminación y presencia ciudadana, también contribuye a recuperar los espacios públicos.

Para la Cámara, la decisión resulta contradictoria porque las celebraciones patrias generan una importante afluencia de personas que podrían utilizar los servicios de los establecimientos comerciales ubicados en el centro de Cartago.

“La afluencia generada por una celebración de esta magnitud debería representar una oportunidad para dinamizar la economía local”, señaló la organización.

Además, la Cámara considera que obligar a cerrar los negocios mientras se convoca a las personas al centro de la ciudad es una medida “contradictoria, desproporcionada y carente de sentido práctico”.

La organización también pidió a la Municipalidad aclarar quién tomó la decisión y cuál es el fundamento técnico y jurídico que la respalda.

Entre sus cuestionamientos, solicitó que se haga público el oficio correspondiente si el cierre fue solicitado u ordenado por el Ministerio de Seguridad Pública u otra institución.

En caso de que se trate de una decisión municipal, la Cámara pidió divulgar el acto administrativo, el informe técnico, el criterio jurídico, los estudios de seguridad y la autoridad que definió el perímetro.

Otro de los puntos señalados por la organización es la competencia del Departamento de Patentes para ordenar un cierre preventivo y generalizado de establecimientos que cuentan con patente vigente y que no han cometido ninguna infracción.

La Cámara exigió que la Municipalidad indique cuál es la norma que otorga esa competencia y cuál es el acto administrativo que respalda la decisión.

También cuestionó que la medida fuera comunicada el viernes 11 de setiembre, pocos días antes de su ejecución, sin una consulta previa con los sectores afectados y sin tiempo suficiente para reorganizar personal, entregas, proveedores y operaciones.

Seguridad Pública: Cierre corresponde a la Municipalidad

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que trabaja desde hace varios días en un plan preventivo para las celebraciones patrias del 14 de setiembre en Cartago.

La institución explicó que, debido a la disputa entre estructuras de crimen organizado y la ejecución de la Operación Cacería, se reforzaron los protocolos preventivos y operativos.

Según Seguridad Pública, las acciones se desarrollan de manera coordinada con diferentes autoridades y existe comunicación constante con el gobierno local.

Sin embargo, el Ministerio fue enfático en señalar que la decisión sobre el cierre de los establecimientos comerciales corresponde a la Municipalidad de Cartago.

“Con respecto al cierre de los establecimientos comerciales, esta acción, así como los horarios de apertura y cierre, corresponde definirlo a la Municipalidad de Cartago”, indicó el Ministerio.

De esta manera, mientras la Municipalidad sostiene que la medida busca atender recomendaciones de seguridad y reducir al mínimo el impacto sobre la actividad comercial, la Cámara de Comercio exige conocer el fundamento legal y técnico de la disposición y cuestiona que se adopte una medida de este alcance a pocos días de las celebraciones.

El cuerpo fue trasladado a un lugar seguro y entregado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para las diligencias correspondientes.

La emergencia se originó la tarde del sábado, cuando varias personas que disfrutaban en la catarata Oropéndula, cerca del Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja, fueron sorprendidas por una cabeza de agua.

De acuerdo con el reporte, eran seis personas en total; cinco lograron salir por sus propios medios, mientras que la mujer permaneció desaparecida.

De inmediato, los cuerpos de rescate iniciaron una intensa búsqueda que concluyó con resultado positivo la mañana de este domingo.

En las labores participaron más de 20 cruzrojistas y cuatro unidades de rescate, quienes trabajaron de manera coordinada en la zona.

La primera iniciativa, “Tecnología que rescata”, se desarrolla del 31 de agosto al 30 de septiembre y busca recolectar computadoras funcionales para apoyar a APAMI Wildlife, organización de Guanacaste dedicada al rescate y rehabilitación de animales silvestres. Los equipos permitirán organizar rescates, mantener registros y coordinar con veterinarios y voluntarios.

La segunda campaña, “Recicle su tecnología”, se llevará a cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026, en alianza con ISACA y SOLIRSA, gestor autorizado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). En esta se recibirán celulares, tabletas, pantallas, CPU, discos duros, consolas de videojuegos, electrodomésticos pequeños y otros dispositivos en desuso.

El CPIC habilitó su sede en Montealegre, Zapote, como punto de recolección en ambas campañas, con horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Entre agosto de 2024 y agosto de 2026, el Colegio contabilizó 5.847 kilos de residuos electrónicos recolectados, equivalentes a casi seis toneladas, entregados a SOLIRSA para su disposición final en destinos autorizados.

“Buscamos colaborar en la mitigación del impacto negativo de los residuos electrónicos en el ambiente. Por eso, hemos abierto nuestras puertas para que cualquier persona, institución o empresa pueda llevar sus desechos electrónicos a nuestra sede”, destacó Josué Estrada, director de Relaciones Públicas del CPIC.

El Global E-waste Monitor 2024, elaborado por la UIT y UNITAR, reveló que en 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en el mundo, de los cuales solo el 22,3 % fue reciclado adecuadamente.

La proyección indica que la cifra podría alcanzar los 82 millones de toneladas en 2030, lo que refuerza la urgencia de estas iniciativas.

Para consultas y coordinación, las personas pueden comunicarse al WhatsApp 6436-1384.

En el sitio, un vehículo tipo pick-up se salió de la vía y colisionó contra un autobús que se encontraba estacionado. Producto del impacto, el automóvil quedó envuelto en llamas y fue consumido en su totalidad.

Dentro del vehículo viajaban cuatro ocupantes. Las autoridades confirmaron que dos personas murieron en el lugar, mientras que otra resultó en condición delicada y una más en condición estable.

Según indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), uno de los fallecidos tenía 20 años de apellido Abrahim, de nacionalidad venezolana, el otro todavía no se ha podido identificar, pero que también tendría unos 20 años y sería costarricense.

También resultó herido otro hombre venezolano de 19 años de apellido Quintero. Además, en el carro viajaba también una mujer que resultó con golpes menores.

Las estaciones de Bomberos de Santa Ana y Pavas realizaron las labores de extinción y rescate en la escena.

Según datos oficiales, durante el 2026 el Cuerpo de Bomberos ha atendido 93 emergencias relacionadas con fuego en vehículos de carga liviana, mientras que en el 2025 se registraron 146 casos de este tipo.

El riesgo surge cuando los algoritmos reproducen patrones presentes en los datos con los que fueron entrenados, incluso cuando la empresa que los utiliza mantiene políticas contra la discriminación.

Una investigación publicada en la revista científica de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y Oxford University Press, PNAS Nexus, sometió cerca de 361.000 currículums ficticios a cinco modelos de inteligencia artificial. 

Los investigadores mantuvieron iguales aspectos como experiencia, educación y habilidades, pero modificaron características sociales de los candidatos. 

Los resultados mostraron diferencias por género y raza y, entre otros hallazgos, varios modelos otorgaron valoraciones inferiores a hombres negros frente a candidatos comparables de otros grupos.

El ingeniero y experto en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial de la Escuela de Informática de la Universidad Hispanoamericana, Rubén Fallas, explicó que estas diferencias pueden originarse en la información y los patrones que reciben los sistemas. 

“La inteligencia artificial en realidad aprende de lo que nosotros le enseñamos, de lo que nosotros configuramos. Por ello, una empresa puede mantener una política de cero discriminación y, al mismo tiempo, utilizar una herramienta que produzca resultados desiguales. La inteligencia artificial puede aumentar, preservar y potenciar los perfilamientos que ya existen en la sociedad”, afirmó Fallas.

Según Fallas, el problema puede alcanzar directamente los procesos automatizados que reciben, leen y filtran currículums. 

“Ya se está tomando acá en Costa Rica, que las mujeres son las más afectadas en temas de perfilamiento, en temas de género y también en temas de perfilamiento racial, donde la tasa de éxito de una mujer es de un 37%. Pero de un hombre caucásico, un hombre no  afrodescendiente, es de un 97%, es abrumante, es un 60% mucho más, una tasa de éxito para conseguir trabajo de un hombre, un hombre no afro, a una mujer, y una mujer afrodescendiente", agregó el experto. 

El ingeniero aclara que esto no implica necesariamente que una compañía haya programado deliberadamente una herramienta para excluir candidatos. Precisamente por eso, considera indispensable auditar constantemente estas tecnologías. 

“No es que la inteligencia artificial aprendió de malas y se volvió racista o se volvió xenofóbica o se volvió homofóbica. El riesgo está en que el algoritmo aprenda patrones existentes y los utilice posteriormente para tomar decisiones”, advirtió el Fallas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también advirtió en 2025 sobre los riesgos asociados al uso de inteligencia artificial en recursos humanos cuando existen datos sesgados o incompletos, objetivos mal definidos o poca transparencia. 

¿Qué dice la legislación costarricense?

Consultamos al abogado experto en derecho laboral, Marco Durante, sobre el estatus o regulación de la inteligencia artificial en la legislación laboral costarricense. 

De acuerdo con Durante, el país no tiene legislado el tema de reclutamiento, selección, evaluación o desvinculación de trabajadores. 

“No existe todavía una norma en Costa Rica que ampare al trabajador para conocer de antemano si se están utilizando mecanismos de reclutamiento y selección asistidos por IA. Estos son temas que tienen que venir en una futura ley, pero por ahora no la hay", aseveró Durante.

Sin embargo enfatizó que cualquier forma de discriminación en procesos laborales sí está prohibido. 

“¿Qué sí tenemos ahora en Costa Rica? La prohibición de discriminación. El artículo 404 del Código de Trabajo establece que en nuestro país es prohibida la discriminación por condiciones personales ajenas a la idoneidad del trabajador. Y, por supuesto, si en el uso de inteligencia artificial, en alguno de estos procesos, se utiliza un algoritmo discriminatorio, evidentemente esto podría generar un amparo a favor del trabajador", puntualizó el abogado. 



La propuesta, que se tramitará bajo el expediente 25.779, adiciona dos párrafos al artículo 157 de la Carta Magna para precisar que el máximo órgano del Poder Judicial deberá integrarse en condiciones de paridad entre hombres y mujeres en el caso de los magistrados propietarios.

“La Asamblea Legislativa deberá observar la representación existente en la integración de la Corte para garantizar el principio de paridad. Cuando exista una menor representación de mujeres u hombres, el nuevo nombramiento deberá contribuir a reducir esa diferencia. Una vez alcanzada la paridad, los nombramientos en las vacantes posteriores deberán preservarla”, dice la propuesta.

En el mismo sentido, la iniciativa también reforma el artículo 164 de la Constitución para que el principio de paridad también se aplique como regla en la elección de magistrados suplentes.

“Incorporar la paridad en la Constitución convierte el principio de igualdad en una garantía estable para la integración de la Corte Suprema de Justicia. La composición del máximo órgano judicial quedará sujeta a una regla permanente que deberá ser observada por quienes participan en los procesos de nombramiento.

“La propuesta encuentra respaldo en la jurisprudencia constitucional, en los criterios de la Procuraduría General de la República, en los estándares internacionales y convencionales, todos ellos compatibles con la exigencia de mérito y con la independencia judicial. Una corte legítima en un sistema democrático debe reunir, de manera conjunta, independencia, imparcialidad, idoneidad, integridad e igualdad”, justifica el proyecto.

El proyecto es uno más en una amplia lista de reformas orientadas a cambiar las reglas y modelos en que se eligen a los magistrados del Poder Judicial.

Atrás quedaron aquellos tiempos del llamado "Combo del ICE" o las movilizaciones alrededor de las discusiones relacionadas con el Tratado de Libre Comercio.

Ya lo advirtió el último informe del Estado de la Nación, publicado el 13 de noviembre anterior: el país atraviesa el periodo más extenso de baja intensidad en acciones colectivas desde que se tienen registros (1992); una confirmación de que la crisis de representación no afecta solo a los partidos políticos, sino también a los sindicatos y a las organizaciones de la sociedad civil.

En ese contexto, una multitud se plantó en la plaza de la Democracia, en San José, para protestar en defensa de la democracia y de la independencia judicial, en medio de constantes ataques de la presidenta Laura Fernández y su ministro Rodrigo Chaves —también exmandatario— contra la Corte Suprema de Justicia.

A ello se han sumado, también, millonarios recortes a esa institución en los presupuestos de 2026 y 2027, que, según han alertado el fiscal general Carlo Díaz y el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, afectarán la lucha contra el crimen organizado.

La citada manifestación tendrá un nuevo episodio el próximo 14 de setiembre, en lo que sus organizadores han denominado una "faroleada por la democracia".

El movimiento ha sido criticado por los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y ha despertado algunos llamados informales a hacer concentraciones de apoyo a Fernández y Chaves en los sitios elegidos por el Gobierno de la República para los tradicionales actos previos al Día de la Independencia, que incluyen una sesión solemne del Consejo de Gobierno en Cartago.

Frente a ese contexto, Teletica.com entrevistó al investigador del Estado de la Nación y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), Rónald Alfaro, para conocer si es posible hablar —o no— de un resurgimiento de la protesta social en el país.

A continuación, una transcripción de la conversación:

¿Qué halló el Estado de la Nación en su último informe respecto a la protesta social?

El Informe de Estado de la Nación analiza lo que se denomina como el ejercicio de la ciudadanía, es decir, cómo se expresa la gente, cómo se manifiesta, cómo se hace escuchar. Y uno de los análisis más importantes ahí tiene que ver con el tema de la protesta ciudadana, que llamamos acción colectiva.

Esto se estudia mediante análisis en donde se analizan los registros de cuántas, por ejemplo, protestas hay. Y protesta entendida en un sentido amplio; digamos, incluye marchas, demostraciones, manifestaciones públicas, comunicados, huelgas, incluso cierres de edificios, en fin. Entonces es un concepto muy amplio.

Ya tenemos desde los años 90 de analizar este comportamiento de la protesta ciudadana; son más de tres décadas. Y eso hemos podido identificar periodos en los que el país ha atravesado por épocas de muy alta protesta, pero también más recientemente un ciclo más bien de baja protesta. Ya llevamos alrededor de 11 años, considerando la serie completa, 11 años seguidos, digamos, de baja protesta.

¿Por qué decimos que es baja? Bueno, porque lo comparamos con un nivel promedio para saber cómo se ha ido comportando. En otra época, al principio de este siglo, ¿verdad? Por ejemplo, las protestas con el Combo de ICE, las protestas en aquel momento contra la revisión vehicular, protestas asociadas a presupuestos públicos, en fin. Todos esos se hicieron de una época mucho más activa de la ciudadanía protestando.

Pero llevamos más o menos desde el 2014, un largo periodo ya, donde los niveles de protesta son usualmente bajos. No es que no se proteste, pero no con los niveles que había o que ha habido en el pasado.

¿A qué cree usted que se debe esa situación?

Hay varios factores. Es decir, las organizaciones sociales también se han transformado.

Es decir, en otra época, por ejemplo, los sindicatos tenían una fuerza muy importante, organizativa. Pero, por ejemplo, hoy día están más divididos.

La ciudadanía también, digamos, usaba la forma o la protesta como un mecanismo para expresar su malestar. Hoy día están recurriendo más a la vía judicial para resolver sus conflictos, más que a usar la protesta como tradicionalmente se conoce.

Entonces, digamos, hay una serie de factores. También la sociedad ha cambiado. A inicios del siglo, las redes sociales no eran un actor tan importante para canalizar, por ejemplo, el descontento o malestar, o para expresar una opinión. Hoy día lo son. Entonces, no hemos estudiado qué efecto tiene, por ejemplo, ese cambio. Pero yo diría que es significativo.

En los últimos, se dieron varias protestas. Primero el plantón (6 de agosto), luego una marcha en defensa de las universidades públicas (1.° de setiembre), una concentración para exigir respeto a la autonomía constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social (3 de setiembre). Ahora la faroleada convocada para el 14 de setiembre. ¿Hay una reactivación de la protesta social?

Es interesante porque, luego de este largo periodo, del que hemos hablado, de más de una década, en donde la protesta no es que haya desaparecido del todo, pero que no haya alcanzado niveles de mucha actividad, es interesante que esto esté ocurriendo. Todavía creo que es temprano para decir que ya se reactivó la sociedad, pero sí hay algunas manifestaciones interesantes relacionadas con esta dinámica. Puede que esto sea un cambio de la dinámica, podría ser, y que entonces esa reactivación pueda consolidarse.

Lo interesante es que la sociedad está volviendo a usar estos recursos para manifestarse, y que lo está haciendo de manera orgánica, organizada a su manera, no impuesta; incluso no ha sido impulsada por partidos políticos, sino más por sectores sociales. Eso es un dato bien interesante.

Y que además está también recurriendo a formas de protestar que son como, quizás, innovadoras en algún sentido. Por ejemplo, usar el tema de los faroles. Tiene una connotación también innovadora. Por ejemplo, llamar a esta manifestación un plantón, la que hubo hace poco tiempo. Eso también es una especie de innovación. En las formas, quién lo conduce.

Pero también hay otro aspecto que yo no dejaría por fuera, que también me parece muy relevante. El mismo Poder Ejecutivo, es decir, el oficialismo, también está utilizando algunos de estos mecanismos. Por ejemplo, organizó una protesta en contra del fiscal general. Es decir, casi siempre las protestas son contra el gobierno. Pero aquí lo interesante es que también el gobierno innova y dice: "Bueno, no, entonces yo voy a organizar, voy a ser quien organiza la protesta contra otro actor político".

Entonces recurre al mismo mecanismo de protesta y acción colectiva, solo que, digamos, organizado para fines distintos. Entonces tenemos como dos actores recurriendo a los mismos, digamos, mecanismos o instrumentos del ejercicio de la ciudadanía para precisamente manifestar, hacerse escuchar. Y eso es una innovación interesante. Desde el punto de vista de cómo la democracia se construye, es una innovación interesante.

¿Pero es posible hablar de una reactivación?

Sí, son algunos primeros indicios, son primeros indicios y podría ser que eso finalmente conduzca hacia algún cambio de un rol más beligerante de la protesta. Pero, como muchas cosas en la política, tratar de imaginar el futuro no es tan sencillo. Lo mejor es que estamos presenciando hoy cosas interesantes: desde el lado, por ejemplo, del oficialismo, recurren también, han organizado varias manifestaciones para demostrar el apoyo al gobierno, al ejecutivo o al liderazgo del expresidente Chaves en ese momento. Eso está operando. Pero también desde el lado de la oposición hay un reacomodo, un rearmado para tratar de utilizar estos mecanismos en ese sentido.

Es decir, desde el punto de vista de la democracia, esto es muy positivo, porque quiere decir que la ciudadanía no solo está inconforme o no solo está descontenta, por las razones que sean, sino que también se está haciendo escuchar.

Entonces, si uno lo analiza, ¿es esto un mayor ejercicio de la ciudadanía? Sí, sí lo es. Y eso para la democracia es bueno. Vamos a ver cómo las cosas se van desarrollando.

A ver, por ejemplo, la protesta que hubo alrededor del Tratado de Libre Comercio en el año 2007, el referéndum y todo, derivó incluso hacia un resultado electoral en el 2010. Había ocurrido en el 2006, que fue una elección muy influida por esos factores. Entonces, normalmente la protesta desencadena.

De alguna forma, por ejemplo, el malestar del Combo del ICE había sido un factor que debilitó a los partidos tradicionales, al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), al Partido Liberación Nacional (PLN), y fortaleció el surgimiento de otras opciones políticas, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) en su momento, el Partido Movimiento Libertario (PML) y luego el Partido Frente Amplio (PFA).

Entonces, siempre la protesta también tiene otros efectos que podríamos llamar como colaterales, muy asociados a la competencia electoral y a la renovación del liderazgo político.

Ya usted hablaba de cómo el oficialismo y sus seguidores han usado las concentraciones para expresar el apoyo al Gobierno y sus liderazgos. ¿Pero a qué atribuye las manifestaciones de la oposición?

Desde la oposición también, es una forma en la cual los actores que de alguna forma no están a favor de un gobierno o de las decisiones de un gobierno, pues usan estos mecanismos para protestar, para hacerse escuchar, para que sus voces se puedan hacer oídas. Nuevamente, son mecanismos que la misma sociedad, la misma democracia, de alguna forma, pues crea las condiciones para que así sea. Este es un país en el cual se ha respetado por lo general la protesta.

Eso no quiere decir que no haya habido violencia en algún momento, pero al mismo tiempo las protestas no son reprimidas de manera generalizada o no son censuradas. Al menos hay cierta protección de esos derechos. Desde luego que hay lesiones y a veces hay violaciones a esos derechos, pero en general podríamos decir que este es un país en el que la tradición indica que la protesta es un recurso válido en la política. Y la oposición encuentra esa vía para canalizarlo.

Yo no dejaría por fuera en esta explicación, por ejemplo, el rol que tienen los partidos políticos. Porque cuando en una sociedad hay partidos políticos muy fuertes, muy bien organizados y con mucha presencia en el territorio, entonces los partidos son como los que canalizan esas demandas. Son como una especie de cable a tierra que toman esas demandas y las procesan.

Pero estamos en un momento más bien en que los partidos, todos ellos, están en una condición bastante débil y no logran todavía generar estos fuertes vínculos con la gente, con los sectores sociales. Pero también, entonces, teniendo partidos débiles, eso hace más difícil que los partidos puedan ser como los que canalizan esas demandas. Los que escuchan, toman y tratan de resolver. Entonces la oposición busca otras formas para hacerse escuchar.

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¿Cómo interpretar el plantón en defensa del Poder Judicial? Rónald Alfaro, investigador del CIEP responde. Más detalles en Teletica.com.

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¿Cómo interpreta usted lo que ocurrió con el plantón?

Lo interpreto como una respuesta desde la ciudadanía. Lo digo como un factor interesante. Es decir, no es desde algún partido político, no es desde una fuerza política. Sino más bien una respuesta desde las bases de la ciudadanía en respuesta a un estilo de gobierno que es muy confrontativo y antagonista. Entonces es una especie de respuesta para decir: "Bueno, estas no son las maneras en las que podemos, como sociedad, resolver nuestras diferencias".

Y aquí que no se llame la idea de que todos tenemos que pensar igual o que todo debería resolverse por consenso. Eso es una fantasía, digamos, desde el punto de vista político.

Más bien, lo que tenemos que procurar es construir acuerdos, dialogar, pero esta es una sociedad que ha dejado de dialogar.

Entonces, ¿por qué el plantón? ¿Por qué la gente? ¿Por qué las consignas? Para mí es una respuesta orgánica, natural, incluso bastante espontánea. Y que cumple con la tarea de hacer ver esas diferencias con respecto a un estilo, una forma de hacer las cosas. Y podría producir nuevas formas de protestar, de manifestarse.

¿Hacia dónde se va a encauzar toda esa energía? Hay que ver. Creo que el tiempo dirá hacia dónde se va a mover. Pero, por lo general, estas cosas no es que se hayan organizado; pasó el plantón y ya, y ya acabó. Sino que de alguna forma son como un germen, siembran como una especie de semilla de algo que se va a ir consolidando más adelante.

¿Qué se puede esperar de la "faroleada"?

Es que a veces nosotros en política hablamos de lo que ya ocurrió. ¿Qué podría ocurrir? Es difícil pensarlo en términos muy específicos. Pero creo que de repente puede ser algo similar, en el espíritu, similar a lo del plantón. Tratar de nuevamente movilizar a la ciudadanía, que se haga manifestar y expresarse.

Este es como un nuevo episodio del plantón y habrá que ver primero cómo se da, quiénes finalmente participan y eso cómo se ve desde el punto de vista territorial; o sea, en dónde ocurre esto. Porque una de las cosas que el plantón reciente mostró es que también hubo brotes de ese plantón en otras partes del territorio. Habrá que ver entonces si van desde esa línea. Yo creo que apuntaría con esa dinámica.

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¿Qué se puede esperar de la "faroleada por la democracia" del 14 de setiembre? Rónald Alfaro, investigador del CIEP responde. Más detalles en Teletica.com.

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En el último estudio de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos, se advierten una serie de límites en el apoyo a la presidenta Laura Fernández y su administración. Se menciona, por ejemplo, que ese respaldo disminuiría si se desacatan las resoluciones de la Sala Constitucional o se hacen recortes a las universidades públicas. Precisamente, esas fueron parte de las consignas en el plantón...

Sí, es que en política las cosas nunca son absolutas. Entonces, por ejemplo, un alto apoyo popular, con el que tiene la presidenta Fernández, no necesariamente es sinónimo de un cheque en blanco. O sea, para la ciudadanía hay decisiones que se pueden tomar que podrían hacer que ese apoyo se reduzca o cambie, porque también puede ser que en algunos casos más bien el apoyo aumente. Depende de cómo las personas lo perciban.

Pero lo interesante acá es que haber ganado una elección de forma contundente, como ocurrió, tener ahora un alto apoyo no son necesariamente condiciones a las cuales no haya un límite o que ese apoyo no sea irreversible o sin límites. Eso es lo interesante en la política.

Cuando le preguntamos a la gente, bueno, ¿qué pasaría con su apoyo si el gobierno, por ejemplo, le pone impuestos a las canastas tan básicas? Bueno, ahí hay un freno muy importante de la gente a una cosa de esas.

Y estas son las formas usuales en las que se expresa la ciudadanía. Nosotros en la encuesta tratamos de medir cuáles son los límites a ese apoyo. Y los hay, hay varios, ciertamente.

En el plantón había un cartel que decía: "Yo sí le tengo miedo a la dictadura", en referencia a las manifestaciones que había hecho el expresidente Rodrigo Chaves en Guanacaste el 25 de julio. ¿Cómo contextualizar una pancarta así en un país en el que eso no parecía un tema que se conversara?

No parecía y no es usual que se converse.

Primero, partimos de una realidad. La gran mayoría de la población costarricense, casi, casi, sin excepciones, pero la gran mayoría, hay algunas cuantas, la gran mayoría de nosotros nunca ha vivido en una dictadura. Ni conoce lo que es una dictadura, a menos de que, por ejemplo, alguien haya emigrado, huyendo de una dictadura en América Latina, que también ha ocurrido. Pero la mayoría de ciudadanos costarricenses no conocen lo que es, no conocemos en carne propia, en nuestras vidas cotidianas lo que es una dictadura.

Entonces, ese referente lo conocemos por la comparación que se hace con casos y países vecinos que o han atravesado en el pasado o están atravesando por un periodo, por un conflicto político de esta naturaleza. Pero también lo otro es que la sociedad costarricense está también atravesando un proceso de transformación política. Hay cambios en el sistema de partidos, partidos que desaparecen, partidos nuevos, de los tradicionales también hay algunos que se han debilitado, otros están ahí.

Entonces estamos en un proceso de transformación. En las elecciones más recientes hubo más participación electoral. Eso es un cambio muy importante desde el punto de vista de esa activación política.

Y eso también crea un relacionamiento interesante. Está ocurriendo además en medio de este periodo también de baja protesta social. Entonces, ¿cómo interpretar esto? Hay cambios políticos que están en protesta y la ciudadanía se manifiesta ante ellos, sobre todo, ¿qué rumbo quisiéramos seguir? Como sociedad, siempre estos momentos de cambio y de transformación le hacen a las personas reflexionar sobre hacia dónde queremos encaminar la barca.

Este no es el primer momento de este tipo y no va a ser el último en nuestra historia. Pero también los episodios en el pasado nos dejan algunas lecciones importantes. ¿Cuál es una de ellas? Inevitablemente, por ejemplo, el tema del diálogo es la clave. El diálogo, la búsqueda de acuerdos, porque si nos vamos por la vía más conflictiva, más confrontativa, esa vía es más dolorosa y es una vía más difícil de la que podamos salir. Sin ocasionarnos un daño colectivo.

Entonces, siempre la apuesta, lo que todos estos otros episodios nos han dicho, de cómo la sociedad costarricense ha salido de unos periodos de transformación y de cambio político, casi en todos ellos uno de los rasgos más comunes tiene que ver con la búsqueda de los acuerdos y el diálogo. No es para anular a la otra parte, sino más bien para encontrar los puntos en común.

La medida busca garantizar mayor orden y seguridad durante las celebraciones de la fiesta de la independencia, actividad que contará con la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo, gobierno local, estudiantes, docentes y cientos de ciudadanos.

Inicialmente, se había contemplado que el cierre fuera desde el mediodía, sin embargo, el alcalde Mario Redondo informó que se acordó realizarlo a partir de las 4:00 p.m.

La decisión generó críticas por parte de la diputada cartaginesa Janice Sandí, quien señaló que la medida causa molestia e impacto directo en los comercios de la zona.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública explicó que desde hace varios días trabaja en un plan preventivo para garantizar que las celebraciones patrias se desarrollen con seguridad y tranquilidad, reforzando protocolos ante la situación generada por disputas entre estructuras de crimen organizado y la ejecución de la Operación Cacería.

Las autoridades recalcaron que la definición de horarios de apertura y cierre de los comercios corresponde a la Municipalidad de Cartago.

Estas condiciones favorecerán la presencia de lluvias durante el día, especialmente en distintas regiones del país.

El IMN detalló que continuará el aporte de humedad desde el mar Caribe, debido a que los vientos alisios permanecen acelerados en la cuenca, lo que intensifica la inestabilidad atmosférica.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones y estar atentos a los reportes oficiales sobre el comportamiento del clima.

Se trata de un hombre de apellido Flores, de 48 años, quien falleció en la clínica del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, a las 2:20 p.m. del 12 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el reporte, algunos compañeros de celda alertaron que el privado de libertad se encontraba mal de salud, por lo que fue trasladado de inmediato a la clínica, donde se declaró su fallecimiento. El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Este mismo sábado, pero a las 2:40 a.m., las autoridades reportaron la muerte de otro privado de libertad de apellido Fonseca, de 28 años, quien falleció en el hospital San Rafael de Alajuela debido a complicaciones de salud. Fonseca había sido trasladado desde La Reforma el pasado 15 de agosto.

Además, el jueves anterior se informó sobre el fallecimiento de un privado de libertad de apellido Quirós, de 68 años, quien murió en el hospital San Rafael de Alajuela el 10 de septiembre de 2026, tras haber ingresado un día antes por complicaciones médicas.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y recalcan que todos los casos están relacionados con problemas de salud de los privados de libertad.

De acuerdo con las investigaciones, las víctimas fueron atacadas cuando dos sujetos en motocicleta dispararon contra el vehículo en el que se encontraban, provocando su muerte en el lugar. Por este mismo caso ya habían sido detenidas cuatro personas que permanecen en prisión preventiva.

Las autoridades vinculan a esta estructura criminal con varios homicidios registrados en la zona durante este año:

• El asesinato de un hombre de apellido Arguello, de 32 años, el 3 de enero.

• El homicidio de un menor de un año y ocho meses, el 11 de marzo, tras un ataque armado contra una vivienda.

• El asesinato de dos hombres de apellido Lara, padre e hijo, el 6 de junio.

• El homicidio de un hombre de apellido Garro, de 36 años, el 24 de junio.

En los allanamientos se decomisaron armas de fuego, entre ellas una pistola calibre 9 milímetros y un rifle calibre 22, además de dinero, munición, vehículos con orden de captura y una cantidad importante de droga.

El OIJ destacó que las diligencias continúan y que la operación ha sido clave para vincular a esta organización con varios homicidios y tentativas de homicidio en el cantón de Quepos.

El hallazgo se dio en la comunidad de Bajo los Anonos de Mata Redonda, en Sabana Sur, San José, donde las autoridades encontraron el material escondido bajo una lámina de zinc.

Según el reporte oficial, estas acciones forman parte de los operativos preventivos que desarrolla la Fuerza Pública para contrarrestar delitos contra la vida y la propiedad, así como para evitar que armas y municiones lleguen a manos de personas vinculadas con actividades delictivas.

El arma, los cargadores y las municiones fueron decomisados y puestos a disposición de las autoridades competentes.

El hecho quedó registrado en la dashcam de un vehículo, donde se escuchan múltiples detonaciones mientras las personas corrían para ponerse a salvo.

Vecinos narraron en redes sociales los minutos de horror que vivieron. Una mujer de apellido Segura relató: “Qué susto, como pocos me he llevado… mi hija solo me gritaba que bajara el asiento del carro, fueron minutos de horror y miedo”.

Producto de los disparos, la farmacia La Bomba sufrió daños considerables, además de impactos en un camión repartidor y otro negocio cercano. Algunos residentes mostraron las balas perdidas que quedaron en la zona.

Otra testigo, de apellido Valverde, comentó en la página San Rafael de Alajuela: “Mi nieto y yo estábamos justo al frente de la farmacia, yo le gritaba ‘¡al suelo!’… Yo creí que me habían matado a mi niño”.

"La gente corría, nosotros veníamos atrás y lo vimos, fue un susto", dijo otra testigo de apellido Salas. Por su parte, una mujer de apellido Rodríguez lo describió así: "Fue horrible ver a todo el mundo correr, íbamos en el carro, eran tres muchachitos con el arma, salieron corriendo con dirección a la vuelta del Cristo y a un camión repartidor que estaba con el chino también le quedó un balazo".

La Fuerza Pública se presentó en el lugar para tomar parte del hecho. De momento, no se reportan personas detenidas y se desconoce si el ataque estuvo relacionado con un intento de asalto.

Por su parte, el precio de compra se mantiene en ₡444,07. La tendencia a la baja se ha mantenido marcada desde el 2022 y, según los especialistas, suele intensificarse hacia finales de año, especialmente en noviembre, debido a factores coyunturales como el pago de aguinaldos e impuestos.

Hasta el momento, el Banco Central no ha mostrado señales de un repunte en el tipo de cambio, pese a las solicitudes de sectores exportadores, empresas de zonas francas y productores agrícolas, quienes aseguran que la caída del dólar afecta su competitividad.

El sujeto se encontraba recluido en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.

El hombre había sido trasladado el 15 de agosto de 2026 al hospital San Rafael de Alajuela debido a complicaciones de salud. Sin embargo, las autoridades confirmaron que murió la madrugada de este sábado.

De acuerdo con la información actualizada, seis personas fueron arrastradas por una cabeza de agua. Cinco lograron salir por sus propios medios y se mantiene la búsqueda de una mujer adulta que no aparece.

La Benemérita mantiene en el lugar cuatro vehículos, entre ellos tres unidades de soporte básico y un vehículo operativo, mientras se coordinan más recursos para reforzar la atención en la zona.

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La Cruz Roja atiende una emergencia en el sector de la catarata Oropéndula, ubicada en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, en Curubandé de Liberia, Guanacaste. Más detalles en Teletica.com.

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La espiral de violencia que golpea a Costa Rica no solo satura las morgues judiciales y rompe récords de homicidios; también mantiene bajo tensión las salas de emergencias y quirófanos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Entre el 1.° de enero de 2020 y el 31 de julio de 2026, los hospitales del país atendieron a 9.970 personas por heridas de arma de fuego, según datos oficiales del Área de Estadística en Salud de la CCSS.

Esa cifra implica que, en promedio, cada 5,8 horas ingresa una persona baleada a urgencias en la red hospitalaria pública.

Solo en los primeros siete meses de 2026, las cifras de la institución confirman casi cuatro baleados al día (3,8 en promedio), alcanzando 810 emergencias por disparos en lo que va del año.

Por provincia, San José encabeza la lista con 2.584 atenciones de emergencia acumuladas entre 2020 y julio de 2026 (228 de ellas registradas este año); seguida de Limón, que suma 1.848 emergencias en el periodo analizado (161 en los primeros siete meses de 2026) y Puntarenas con 1.410 atenciones en urgencias (120 en lo que va del presente año).

Más abajo aparecen Alajuela, con 1.381 casos recibidos en urgencias, mientras que el recuento nacional se completa con Guanacaste (732 casos), Heredia (669 casos) y Cartago (657 casos).

Cirugías, internamientos y secuelas permanentes

El impacto de las balas va más allá de la primera atención de urgencia. Datos de la institución confirman que, entre 2020 y julio de 2026, un total de 3.606 personas requirieron un internamiento prolongado y posterior egreso hospitalario tras ingresar heridas de bala.

Solo en los primeros siete meses de este año se reportan 306 hospitalizaciones por esta causa.

A la carga de los internamientos se suma la atención posterior: en el mismo periodo, la CCSS otorgó 1.968 consultas externas de seguimiento a sobrevivientes de balaceras (244 de ellas entre enero y julio de 2026) para procedimientos de rehabilitación, curaciones complejas, extracción de esquirlas o el manejo de discapacidades físicas permanentes.

El hecho ocurrió pasadas las 10:30 p. m., cuando dos motocicletas chocaron de frente por circunstancias que aún se investigan.

Las víctimas fueron identificadas como un joven de 19 años de apellido Siles y otro hombre de 30 años de apellido Picado. Ambos fallecieron en el sitio.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, tres pacientes adultos fueron atendidos en la emergencia: dos fueron declarados sin vida en el lugar y un tercero, con politrauma, fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Río Frío.

En la atención del incidente participaron dos unidades de Soporte Básico. Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Sarapiquí realizaron el levantamiento de los cuerpos y los remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del accidente.

Durante su exposición ante la Corte Plena, el lunes pasado, el jefe del Ministerio Público hizo ver que la institución tendrá que recortar 251 cupos que aparecen como "vacantes", a pesar de que en realidad operan con personal temporal ante la falta de nombramiento de titulares.

Según el jerarca, las normas de ejecución planteadas por el Ministerio de Hacienda para el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 impedirán echar mano de 25 plazas que en la actualidad tiene la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos.

"Ya había una crítica incluso, tanto de la Policía de Control de Drogas (PCD) como en algún momento también del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el sentido de que hay un pequeño atraso en las solicitudes que ellos nos hacen. Y estamos hablando de 15 días. Pero con 25 personas menos, no vamos a poder ni siquiera atenderles en este año, en el 2027.

"Las investigaciones de narcotráfico se van a varar. No van a existir. Inclusive pueden correr riesgo las peticiones de prisiones preventivas de esas personas que ya están", alertó el fiscal general.

Precisamente, en reiteradas ocasiones, la presidenta Laura Fernández ha reclamado por la tardanza con la que se atienden las gestiones de operativos del cuerpo policial especializado adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

El tema fue abordado por la mandataria en el primer y único encuentro que mantuvo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y otras autoridades del Poder Judicial, el 18 de mayo pasado.

Según la gobernante, ese día se planteó la anuencia de las partes a mejorar los tiempos en la atención de las solicitudes de allanamiento de la Policía de Control de Drogas.

"En 15 días o en un mes ya esa gente ya colocó la droga, ya se fue la prueba, ya se fue la evidencia", declaró Fernández.

Casi dos meses después, el tema fue incluido en la agenda de un Consejo de Seguridad que la mandataria convocó, al que finalmente rechazaron acudir tanto Aguirre como Díaz, la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, así como el director general interino de la Policía Judicial, Michael Soto.

Aquella decisión se dio en una escalada de tensiones por los discursos de Fernández contra el Poder Judicial, así como posteriores recortes hechos a esa institución en el plan de gastos de 2026 y de 2027.

El fiscal general también advirtió que el bloqueo de plazas impactará la atención de delitos sexuales.

"Ya no podemos cumplir incluso con las solicitudes de anticipo jurisdiccional de prueba que establece la ley en estos casos porque no hay personal. Y ahora, con 33 menos, le vamos a tener que decir a las víctimas que esperen o hagan fila porque las acaban de violar y no tenemos fiscales para poder atender a todas estas personas", enfatizó el representante del Ministerio Público.

En total, la directora de Gestión Humana de la Corte, Roxana Arrieta, precisó que son 2.463 plazas que están en la misma condición que las señaladas por Díaz.

La funcionaria rechazó que los cupos en cuestión sean "ociosos", como lo interpreta el Ministerio de Hacienda para justificar la propuesta de presupuesto que tendrá que resolver el Congreso.

Sobre los señalamientos de diferentes instancias del Poder Judicial, Teletica.com tiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la cartera desde el pasado lunes.

La temporada de recolección de café ya arrancó en algunas regiones de Costa Rica, dando inicio a una de las actividades agrícolas de mayor relevancia para la economía nacional. No obstante, el optimismo por una mayor producción este año convive con la incertidumbre que generan las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

La cosecha no inicia de manera simultánea en todo el país. El momento de la recolección depende del grado de maduración del fruto en cada una de las zonas productoras, por lo que algunas regiones comienzan varias semanas antes que otras.

Costa Rica cuenta con ocho regiones cafetaleras distribuidas en diferentes altitudes, una característica que influye tanto en la calidad del grano como en el calendario de cosecha.

Durante la temporada anterior se recolectaron cerca de 1,6 millones de sacos de café, una cifra que el sector espera superar durante el ciclo 2026-2027.

Las proyecciones del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) apuntan a un crecimiento de 16,67% en la producción nacional respecto a la cosecha anterior, impulsado por mejores condiciones productivas y la recuperación de algunas plantaciones.

Sin embargo, los productores mantienen la cautela ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño altere las condiciones climáticas durante la segunda mitad del año.

Para esta cosecha, el precio por fanega se estima en al menos ₡1.816. 

Así lo confirmó la viceministra académica, María Alexandra Ulate Espinoza, quien detalló los alcances de esta propuesta.

Según explicó la jerarca, el MEP ya cuenta con una trayectoria en el tema, con una comisión institucional y participación en un consejo consultivo de educación financiera. 

Actualmente, estos contenidos se desarrollan principalmente en materias como Educación para el Hogar, llamado también Vida en Familia, en primero y segundo ciclo; así como en Estudios Sociales y Educación Cívica y algunos cursos de educación técnica. 

La novedad, indicó Ulate, es que estos aprendizajes se incorporarán ahora también en las asignaturas consideradas parte del currículo básico.

La viceministra explicó que este refuerzo responde, entre otras razones, a los resultados del país en las pruebas PISA, que calificó como positivos aunque insuficientes: "Nos mantiene contentos, pero no satisfechos", señaló.

Además, indicó que Costa Rica participará en 2029 en un módulo de educación financiera dentro de esa prueba internacional, por lo que el país busca preparar a los estudiantes desde la primaria.

Entre los contenidos que se busca reforzar están conceptos como el ahorro, el crédito, el presupuesto, la comprensión de la economía, la cultura fiscal y la función de los tributos, adaptados según el nivel educativo. 

La jerarca explicó que en primaria el enfoque será más conceptual y contextualizado a su relación con el entorno cercano, mientras que en secundaria los estudiantes tendrán un acercamiento más directo a estos temas. Sobre el uso de nuevas metodologías, Ulate destacó que buscan que "el juego sea el aprendizaje, pero no un juego sin sentido, es un juego con objetivos".

La viceministra también se refirió al compromiso institucional con la actualización curricular: "Tenemos un compromiso total para tenerlo listo en el próximo curso lectivo", afirmó.

Ulate explicó que, como parte del proceso de renovación curricular en el que estarán insertos los nuevos contenidos, los docentes recibirán un planeamiento, lo que les permitirá tener más tiempo para la mediación pedagógica en el aula; eso sí, aclaró que el hecho de entregar este instrumento no implicará ninguna afectación a los educadores que reciben un rubro salarial por la lección de planeamiento. 

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan el levantamiento del cuerpo, además de la recolección de evidencia, incluidos casquillos e indicios balísticos.

Mientras que oficiales de la Fuerza Pública y del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) desarrollan un operativo en la zona para localizar a los sospechosos, quienes, según la información preliminar, escaparon en motocicleta.

Carlos Cordero, Gerente General de Recope, explica la solicitud de aumento en el precio de los combustibles.

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“Nosotros ya terminamos junto con la empresa todo lo que implica los estudios especializados. Estos finalizaron esta semana, especialmente el estudio sísmico que realizamos con el Tecnológico. Gracias a Dios, obtuvimos un dictamen favorable sobre el terreno”, indicó Taylor.

El anuncio se realizó durante una actividad en la que también participó la presidenta de la República, Laura Fernández.

“Hay que avanzar a la etapa de planos finales y todo lo que ello conlleva, pero esperamos que el movimiento de tierra, que es lo que todos añoramos ver, inicie el próximo junio. Estamos poniendo el pie en el acelerador”, afirmó la mandataria.

Estudios respaldan viabilidad del proyecto

La construcción del nuevo centro médico ha enfrentado retrasos debido a cuestionamientos planteados por el Gobierno anterior sobre las condiciones del terreno seleccionado. No obstante, los estudios técnicos realizados determinaron que el sitio es apto para desarrollar la obra.

Tras el anuncio, el diputado Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguró que dará seguimiento al cumplimiento de los plazos establecidos por las autoridades.

“Nos alegra mucho que finalmente el Gobierno reconociera que todos los estudios técnicos referentes al terreno para el nuevo hospital de Cartago estaban bien. Ahora fiscalizaremos que las fechas prometidas se cumplan, porque ya no queremos más atolillo con el dedo para esta importante obra”, manifestó el legislador.

Inversión cercana a los $400 millones

El nuevo Hospital Maximiliano Peralta requerirá una inversión cercana a los $400 millones, equivalentes a unos ₡180.000.000  y será construido por la empresa Van der Laat y Jiménez.

La obra es considerada uno de los proyectos de infraestructura hospitalaria más importantes para la provincia de Cartago y busca fortalecer la capacidad de atención médica de la región, así como responder al crecimiento de la demanda de servicios de salud.

Costa Rica invierte alrededor de $800.000 al año, equivalentes a unos ₡360 millones, en el programa de Bachillerato Internacional (BI) en centros educativos públicos. Sin embargo, los resultados académicos evidencian importantes diferencias entre los colegios que imparten esta modalidad.

Ante este escenario, el Ministerio de Educación Pública (MEP) trabaja en la implementación de un criterio más estricto de rendimiento académico para evaluar la continuidad del programa en los distintos centros educativos.

La medida surge tras la detección de una brecha significativa en los resultados obtenidos por los estudiantes, según un informe presentado ante el Consejo Superior de Educación.

Mientras algunos colegios logran superar la media mundial del Bachillerato Internacional, otros registran calificaciones catalogadas como "muy pobres" e, incluso, presentan índices de aprobación inferiores al 50%.

La situación ha generado debate en el sector educativo debido al seguimiento que realizan las autoridades y al costo que representa mantener el programa, cuyos compromisos internacionales superan los $800.000 anuales.

Las diferencias en el desempeño académico coinciden con las limitaciones presupuestarias que enfrentan algunos centros educativos. Entre las principales carencias señaladas destacan la falta de insumos para laboratorios, problemas de conectividad y la ausencia de equipos tecnológicos actualizados.

Mientras el MEP analiza el impacto y la efectividad de esta oferta académica, docentes y comunidades educativas sostienen que los bajos resultados responden, en gran medida, a la insuficiente inversión estatal en las condiciones necesarias para desarrollar el programa.

Durante el allanamiento, la Policía Judicial localizó en la vivienda un espacio que, aparentemente, era utilizado para la elaboración y preparación de la droga.

Además, la Fiscalía señaló que la pareja mantenía un estilo de vida lujoso. Como parte del operativo, las autoridades decomisaron joyería y vehículos de alta gama. También detectaron el presunto uso de criptomonedas dentro de las actividades que son objeto de investigación.

 

"Ha sido el año que más heridos hemos tenido. En el 2026 llevamos 10 oficiales heridos. El equipo de protección es muy importante para la labor que se realiza".

"En la historia del OIJ, y después de 34 años de estar aquí, no recuerdo un año en el que tuviéramos tantos incidentes con oficiales heridos. A mi entender y conocimiento, este ha sido el año más violento y en el que más ataques hemos sufrido contra oficiales del OIJ. En el contexto de criminalidad actual del país, eso es grave y delicado".

Según explicó el director del OIJ, la reducción de ₡8.564 millones en el presupuesto para 2027 aumenta el riesgo para la integridad de los funcionarios.

Esto debido a que los recortes limitan la adquisición de insumos, equipamiento y dispositivos de protección necesarios para enfrentar este tipo de amenazas.

Tanto las autoridades como los especialistas coinciden con que el crimen organizado, gracias a su capacidad económica derivada de actividades ilícitas, suele tener acceso a armamento de mayor poder de fuego, lo que incrementa los riesgos para los cuerpos policiales y representa una amenaza para la seguridad del país.

Esto por cuanto la cartera interpreta que esos cupos están ociosos, cuando el Poder Judicial ha insistido en que en realidad en estos se tienen a funcionarios de forma interina.

Sin embargo, a esas plazas deberán sumarse todas aquellas que surjan con motivo de jubilaciones, renuncias, despidos o defunciones que se registren durante el año.

Para esos cupos, y otras partidas, el Gobierno de la República planteó una serie de normas de ejecución que los magistrados y sus técnicos han calificado de "inéditas" y "exclusivas" para el Poder Judicial, que comprometen el acceso a ₡29.844 millones (que equivalen al 5,6% del total del plan de gastos).

Entre las reglas estipuladas se menciona que la Corte no podrá utilizar las vacantes si no es con un estudio previo de costo-beneficio justificado que debe ser conocido por la Contraloría General de la República (CGR) y los altos jueces. Pero también deberá ser aprobado por la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa para su aprobación final.

"Si con esto lo que quería reflejar es un ahorro presupuestario, pues efectivamente, mientras se generan todos esos informes y todas las aprobaciones, pues aparentemente tendría un posible ahorro en salarios y en cargos. Sin embargo, eso tiene costos ocultos. ¿Cómo cuáles? Horas extraordinarias, reprocesos, sustituciones, la posible contratación de servicios externos en algunos ámbitos. Detrás de eso vendrán reclamos y traslados a otras instancias judicializando situaciones. El ahorro presupuestario no necesariamente equivale a oro institucional efectivo", explicó la directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta.

La servidora añadió que esa situación tiene una afectación operativa, pues incidirá en la capacidad de atender servicios, gestionar procesos judiciales y dictar resoluciones.

Específicamente, la funcionaria puso como ejemplo el caso del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de la Zona Sur, en Corredores, donde se tienen cuatro funcionarios: un juez, un coordinador y dos técnicos. De estos, todos excepto el decisor tienen puestos en propiedad.

Si se bloquea el acceso a la plaza vacante, entonces no habría juzgador y, consecuentemente, el despacho como un todo perdería su propósito. Así, lo apropiado sería cerrar el juzgado hasta tanto se cumplan las condiciones para la ejecución.

"Esto tiene una repercusión muy grande en la ciudadanía. Con menos personal, tenemos menos capacidad. Se van a generar más atrasos, habrá menos cobertura, se exigirá mayor desplazamiento, no solamente a los usuarios, y esto limitaría el acceso a la justicia. El riesgo institucional termina impactando directamente a la persona usuaria.

"Y no podemos dejar de ver el impacto humano. No hablamos de plazas, hablamos de personas que ejercen un puesto para brindar un servicio público, donde afectará a las familias, sus derechos laborales, el desarrollo profesional y su estabilidad", agregó Arrieta.

Pero la directora recordó que la norma 12 no es la única que causa algún tipo de afectación al personal, sino que, además, la 10 limita las modificaciones presupuestarias en materia de remuneraciones, al exigir que, para realizarlas, se tramite un plan de gastos extraordinario ante el Congreso.

Actualmente, esa figura es utilizada por los administradores para hacer cambios entre partidas, conforme al movimiento de personal durante la ejecución de los recursos.

"En un marco como el que tenemos, con alta movilidad del personal y convivencia del salario compuesto y salario global, incrementan la complejidad en la ejecución", hizo ver la servidora.

Específicamente, la funcionaria señaló que hay diferencias sustantivas entre las figuras en términos de flexibilidad y tiempos de gestión.

Pero, como si fuese poco, los presupuestos extraordinarios deben ser solicitados por Hacienda, lo que a su vez resta capacidad de planificación al Poder Judicial, según Arrieta.

El proyecto de Presupuesto Nacional debe ser aprobado por los diputados antes del 30 de noviembre próximo. La versión correspondiente al 2027 se tramita bajo el expediente 25.754.

Sobre los señalamientos de diferentes instancias de la Corte, Teletica.com tiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la cartera desde el pasado lunes.

El hallazgo se produjo durante la revisión de encomiendas. Según indicaron las autoridades, una mujer de apellido Hidalgo, de 42 años, intentó ingresar los artículos para una persona privada de libertad de apellido Coto.

Los oficiales notaron características inusuales en los rollos y procedieron a realizar una prueba de campo, la cual dio positivo para cocaína.

La mujer y la evidencia fueron trasladadas a la Fiscalía de Alajuela, siguiendo la dirección funcional del fiscal de turno.

Entre el 8 de mayo y el 10 de septiembre de 2026, la Policía Penitenciaria ejecutó 1.889 intervenciones en todas las cárceles del país, con un promedio de 15 operativos diarios.

Los resultados incluyen el decomiso de:

• 282 celulares
• 406 chips para teléfono
• 36,6 kilogramos de drogas
• 526 artículos electrónicos
• 4.663 armas blancas
• 611 litros de bebidas alcohólicas

Además, 242 personas fueron remitidas a la Fiscalía por intentar ingresar ilícitos a los centros penitenciarios.

Así lo anunció este viernes el jefe de la fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, una vez que venció el plazo para que la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios emitiera un dictamen sobre el expediente 25.363.

“Hemos convenido en definir cuáles van a ser los parámetros, cuáles van a ser los requisitos previos y los resultados o la información que resulte de las colocaciones de los eurobonos.

“No hemos entrado a discutir el fondo de los montos y del plazo, sino que eso lo haremos más adelante en vista de que se acabó el plazo para poder dictaminar”, dijo Acosta.

Esos primeros acuerdos pasan por las condiciones que la oposición exigió una vez se coloque ese endeudamiento, por ejemplo, la rendición de cuentas sobre los resultados de las emisiones.

El punto medular, sin embargo, siguen siendo las diferencias por el monto y el plazo que la iniciativa defiende: $13.500 millones en nueve años.

“Todavía no tenemos el monto y el plazo realmente establecidos para poder hacer la aprobación respectiva, seguimos trabajando en una mesa de diálogo y apertura para poder llegar a un consenso”, dijo la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Ángela Aguilar.

Precisamente, esa fracción es la principal piedra en el zapato del oficialismo, pues no solo está opuesta a esa cifra y durante tantos años, sino que además condicionó sus votos a que el Ejecutivo defina un plan de pagos para la millonaria deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social y que además se revierta el recorte presentado al presupuesto del Poder Judicial para 2027.

Con la ruta propuesta, la comisión deberá conocer y votar esas mociones antes de que el expediente se vote en el Plenario.

Para aprobarse, la emisión de eurobonos necesita de al menos 38 votos, una cifra imposible para el oficialismo (31) sin ayuda de la oposición.

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Con este acto, correspondiente al "por tanto" informado el 30 de julio pasado, quedaron habilitados los jueces sustitutos para conocer y pronunciarse sobre 142 asuntos pendientes que el alto tribunal no había podido resolver ante la imposibilidad de conformar el órgano ante inhibitorias o incapacidades médicas.

El fallo —calificado de "golpe de Estado" por la presidenta Laura Fernández— se compone de 177 páginas e incluye el voto de mayoría de los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda (ponente), Jorge Araya e Ingrid Hess, así como los votos salvados de Fernando Castillo (presidente), Luis Fernando Salazar y Anamari Garro, con sus respectivas notas.

Por mayoría, la Sala declaró con lugar un amparo en el que el ciudadano Miguel Ángel García alegó que la falta de designación de los suplentes, por parte del Congreso, vulneró su derecho de acceso a la justicia constitucional, al tiempo que violentó el principio de continuidad de un servicio público esencial. El recurrente fue quien divulgó la resolución en sus redes sociales.

Hasta la fecha, los diputados se han negado a elegir a alguno de los 18 candidatos que la Corte Suprema de Justicia les remitió para alguno de los nueve cupos de suplentes que tiene el Alto Tribunal.

En total, el Parlamento celebró 11 rondas de votación sin que ninguno de los aspirantes resultara electo. Tanto en el periodo constitucional anterior como en el presente, la representación del Gobierno en la Asamblea bloqueó deliberadamente el proceso.

Más recientemente, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) ejerció la mayoría de la que goza para devolver la nómina al Poder Judicial en dos ocasiones, al tiempo que demandó que se le proporcionara una nueva lista de candidatos.

La primera vez, la Corte regresó la nómina al Congreso al alegar que los legisladores no dieron razones válidas para no proceder con la selección de los sustitutos.

En el fallo notificado este viernes, es el alto tribunal el que retorna la lista de aspirantes al Congreso, al tiempo que le ordena a su presidenta, Yara Jiménez, que coordine lo pertinente para que esta sea conocida por el Plenario "en la próxima oportunidad posible".

La resolución enfatiza que los diputados tienen un deber de nombrar un suplente a partir de la nómina que le remiten los magistrados, que se deriva del artículo 164 de la Constitución Política. 

El fallo enfatiza que la Asamblea no puede negarse a realizar las designaciones ni tiene la facultad de devolver la nómina para exigir una nueva, sino que está obligada a elegir de la lista enviada.

De igual forma, ante la inédita parálisis y la falta de una previsión expresa en la ley para un escenario de ese tipo, los altos jueces recurrieron a una interpretación del transitorio del numeral 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para prorrogar el nombramiento de los sustitutos hasta que los nuevos tomen posesión, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio.

Avance simultáneo

Paralelamente, la Sala Constitucional inició este viernes con las entrevistas de 21 candidatos a magistrados suplentes.

De esos aspirantes, el Alto Tribunal deberá elegir tres para completar la nómina ya enviada a la Asamblea.

Eso sí, los nombres tendrán que ser conocidos por la Corte primero para su posterior remisión a los diputados.

A lo largo del día se realizaron siete entrevistas. Se prevé que el resto de candidatos sean entrevistados los días 18 y 25 de setiembre próximos.

La medida se tomó luego de que un tráiler chocara contra el puente modular, provocando daños que obligaron a cerrar la vía. El paso permanecerá inhabilitado por al menos dos meses mientras se realizan los trabajos necesarios para sustituirlo.

Ante esta situación, la antorcha ahora pasará por el desvío de Piedra Blanca hacia Río Jesús.

Este cambio permitirá garantizar la continuidad del recorrido y la participación de las comunidades educativas de la zona.

La modificación busca facilitar el paso de la tea y mantener esta tradición, pese a las restricciones que actualmente afectan la circulación por Cambronero.

El mexicano detenido como supuesto enlace directo con el Cártel de Sinaloa tenía entre sus pertenencias joyería valorada en más de ₡1 millón.

Un dije completamente de oro de la Virgen de Guadalupe era una de las piezas que portaba el mexicano detenido por la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fiscalía como sospechoso de integrar una célula que, según las autoridades, trabajaba para el grupo mexicano (ver video adjunto).

Además del dije, otras joyas de oro formaban parte de sus pertenencias. Estos artículos fueron decomisados durante un allanamiento realizado en un apartamento donde el sospechoso se hospedaba en Sabana Sur, San José.

El mexicano es de apellidos Romero Rivera e ingresó al país en marzo pasado como supuesto turista.

Según las autoridades, este hombre era el enlace directo entre el Cártel de Sinaloa y una célula conformada por cuatro costarricenses, entre ellos una mujer, así como un ciudadano peruano.

En apariencia y de acuerdo con la PCD, el sospechoso alquiló temporalmente un apartamento en Sabana Sur, el cual utilizaba como centro de operaciones.

La captura de esta célula, relacionada con el Cártel de Sinaloa, se realizó con apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Contra los seis detenidos, la Fiscalía solicitará prisión preventiva.

Estas estructuras fueron diseñadas para velocidades de apenas 20 kilómetros por hora y para vehículos livianos.

Tanto el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) como la Dirección General de Ingeniería de Tránsito habían advertido sobre problemas de visibilidad y radios de giro reducidos.

Además, pese a que un fallo de la Sala Constitucional ordenó aplicar correctivos, la fiscalización señala que la vía continúa operando con soluciones temporales y sin un plan financiero definido para construir los pasos a desnivel definitivos.

A estos señalamientos se suman irregularidades administrativas.

La Contraloría detectó que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ordenó desestimar 74 expedientes de expropiación para justificar el uso del derecho de vía; sin embargo, esta decisión debió revertirse después de las advertencias realizadas por la Procuraduría.

Además, en sus descargos, la propia Unidad Ejecutora reconoció la pérdida de documentos de respaldo debido a un allanamiento y al secuestro de información por parte del Ministerio Público.

El informe se conoce luego del vencimiento del contrato con la empresa china CHEC y de la disolución de la unidad ejecutora, en abril anterior.

Ante este escenario, la Contraloría giró una orden formal al MOPT y al CONAVI para que, en un plazo de 30 días, remitan un plan integral que garantice la seguridad vial y defina el futuro de las obras que quedaron inconclusas.

Telenoticias solicitó al MOPT una posición al respecto. Al cierre de edición no se había recibido respuesta.

De acuerdo con las primeras pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la balacera en la que falleció un niño de 7 años en Limón, al parecer, sí estaba dirigida contra su padre (ver video adjunto).

Fuentes confidenciales explicaron que, en apariencia, el ataque tenía como objetivo al hombre, por lo que el menor resultó como víctima colateral.

El tiroteo ocurrió cuando la familia viajaba en un vehículo por Pueblo Nuevo de Limón.

El OIJ también investiga si el móvil del ataque estaría relacionado con drogas.

Sobre este caso, autoridades médicas aseguraron que el niño fue atendido inicialmente en el Hospital Tony Facio y que requería un traslado aéreo al Hospital Nacional de Niños. Sin embargo, denunciaron que el encargado de aprobar los vuelos de emergencia respondió tres horas después.

Este viernes por la mañana, Telenoticias también solicitó una entrevista sobre el tema al Servicio de Vigilancia Aérea, entidad que no tenía aeronaves disponibles para el traslado. Al momento de esta publicación, se continúa a la espera de una respuesta.

Además, se pidió una entrevista al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La institución respondió que ya solicitó un informe a Aviación Civil y desmintió que se realizaran llamadas durante tres horas, así como que se produjera un retraso del vuelo.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), desde hoy y hasta el próximo miércoles se prevé un aumento en las precipitaciones por la interacción entre la Zona de Convergencia Intertropical y un "tren" de ondas tropicales.

Las autoridades advierten que los suelos en las regiones bajo alerta presentan altos niveles de saturación, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

La CNE recomienda a la población:

• Conducir con precaución y verificar que las rutas estén habilitadas.
• Evitar cruzar ríos crecidos o zonas inundadas.
• En caso de emergencia, llamar de inmediato al 9-1-1.

La alerta se mantendrá activa mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

"Estamos requiriendo más de lo que está llegando a donar, que es aproximadamente 100 personas. De esta forma, vamos a poder no solo atender lo que nos solicitan, sino tener una reserva para cualquier emergencia", indicó el doctor Josué Campos, director del Banco Nacional de Sangre.

Uno de los principales retos para aumentar la cantidad de donantes son los mitos y la desinformación que todavía existen alrededor de la donación de sangre. A esto se suma el bajo interés de algunos sectores de la población, particularmente entre los jóvenes, lo que dificulta alcanzar la cantidad de donaciones necesarias.

La situación cobra mayor importancia durante la recta final del año, debido a que este periodo suele representar una de las épocas más críticas para las reservas de sangre.

"Cuando hablamos de que hay más necesidad, es porque también ocurre otro fenómeno y es que las personas, como estamos en los últimos meses del año, están de vacaciones, las empresas cierran, tienen actividades de fin y principio de año y entonces se nos disminuye la cantidad de participación. 

"Entonces son dos efectos, no solo el riesgo de tener accidentes o requerimientos de urgencia, sino también que las personas como que nos ponemos, nosotros coloquialmente decimos, en modo de Navidad", agregó el doctor Campos.

Llamado especial a personas con RH negativo

El Banco Nacional de Sangre también hizo un llamado especial a las personas con sangre RH negativo, debido a que estas son algunas de las reservas que presentan los niveles más bajos.

La donación de sangre permite mantener disponibles los componentes sanguíneos necesarios para atender emergencias, cirugías y otros procedimientos médicos.

Las personas interesadas en donar pueden consultar los horarios, requisitos y lugares de atención a través de las redes sociales oficiales del Banco Nacional de Sangre de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Expo Pococí regresa este año a Guápiles como un punto de encuentro para el comercio, el turismo, la producción agropecuaria y el emprendimiento del Caribe costarricense. Del 9 al 21 de setiembre, miles de visitantes podrán disfrutar de actividades culturales, artísticas, familiares y comerciales.

La Zona BN es uno de los principales espacios, al reunir a cerca de 20 pequeñas empresas y emprendimientos de la región.

Pero la propuesta del Banco Nacional va más allá de la exhibición. A través de Territorio BN se desarrollarán actividades de capacitación, educación financiera y apoyo para las pymes y el sector agropecuario.

Expo Pococí busca así fortalecer la actividad económica de la región y generar movimiento para productores, comercios, restaurantes, hoteles y otros sectores del Caribe.

A esta hora (11:50 a. m.), el reporte preliminar de la institución benemérita es que el conductor de la ambulancia quedó prensado dentro de la unidad.

También se atendió a dos pacientes que viajaban en la ambulancia. Además, se mantiene la valoración de los pasajeros del autobús.

En el sitio trabajan equipos de emergencia de la Cruz Roja y personal de apoyo de Metropolitana, con el despliegue de tres unidades de soporte básico, dos unidades de rescate, un vehículo de primera intervención de rescate y dos unidades de soporte avanzado.

El paso se encuentra cerrado mientras se libera la vía.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, se trató de un área de 250 metros cuadrados con daños totales en las dos estructuras.

La Cruz Roja valoró a dos pacientes, uno por crisis nerviosa y otro por hipertensión.

Para controlar el fuego fueron despachadas cuatro unidades de bomberos.

En el sitio también se atendió a cuatro oficiales debido a un golpe de calor.

Según explicó la institución benemérita a Teletica.com, la decisión responde a un proceso de reorganización territorial en la provincia.

Para cubrir estas áreas se apoyarán en los servicios de los comités de Santo Domingo y San Isidro.

La suspensión de las operaciones en San Rafael y San Pablo es efectiva desde este viernes, de acuerdo con la información comunicada al personal operativo y administrativo.

Según explicó la Cruz Roja, el sector que anteriormente operaba como una única estructura pasará a funcionar con dos comités auxiliares independientes, ubicados en Santo Domingo y San Isidro. 

Los funcionarios y ambulancias serán reasignados a los demás comités.

La institución añadió que esa decisión también está acompañada de un análisis financiero y operativo realizado en el contexto de la situación económica que enfrenta actualmente. 

El objetivo, indicó, es optimizar los recursos disponibles y garantizar la sostenibilidad y continuidad de los servicios humanitarios a largo plazo.

La reorganización implica un cambio en la forma en que se distribuirán los recursos y la atención de emergencias en el sector de Heredia, por lo que la Cruz Roja pidió a la ciudadanía hacer un uso responsable de los servicios de emergencia.

Cruz Roja reporta más de 2.400 llamadas falsas

La institución también hizo un llamado a la población para utilizar adecuadamente el sistema de atención de emergencias y solicitar ayuda por medio del servicio 9-1-1 únicamente cuando realmente sea necesario.

Según la Cruz Roja Costarricense, en lo que va del año ha recibido más de 2.400 llamadas falsas, lo que representa un gasto aproximado superior a ₡110 millones.

La institución explicó que cada llamada implica la movilización de personal y recursos para atender una situación determinada; por ello, señaló que el uso adecuado del servicio permite optimizar las capacidades disponibles y facilitar que la atención llegue oportunamente a quienes realmente la necesitan.

“Después de 141 años de servicio humanitario, la Cruz Roja Costarricense sin duda requiere del apoyo de la ciudadanía, para hacer un uso responsable de los recursos institucionales y garantizar así la continuidad de la misión humanitaria: salvar vidas, aliviar y prevenir el sufrimiento humano”, manifestó la institución en un comunicado de prensa.

Se trata de una reforma a la Ley de la Jurisdicción Constitucional para agregar un artículo 11 bis, que establezca que todas las resoluciones deben dictarse de manera íntegra, es decir, tanto la decisión como su fundamentación.

“Esta necesidad surge ante la realidad que enfrenta la Administración Pública, entiéndase sus instituciones y sus sujetos obligados por una “parte dispositiva” de una sentencia, que está incompleta, donde no se comunica su fundamentación para acatamiento obligatorio por el desconocimiento de los detalles que fundamentaron la decisión, lo que constituye un impedimento para ejecutar la sentencia en el ámbito administrativo”, justifica la propuesta.

La iniciativa establece la prohibición explícita de que se comunique el por tanto de las resoluciones, ni se notifique o publique, hasta tanto no esté la sentencia completa.

Además, precisa que las actas de votación “no sustituirán la sentencia ni producirán, por sí solas, sus efectos jurídicos”.

“Para todos los efectos jurídicos, la sentencia se tendrá por dictada cuando su texto íntegro y motivado haya sido aprobado por la Sala e incorporado al expediente. Ningún plazo o efecto jurídico tendrá validez únicamente a partir de la comunicación de la parte dispositiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 de la presente ley”, añade la iniciativa.

Esta reforma llega en momentos donde el Poder Ejecutivo, y el propio Congreso, se han negado a acoger resoluciones hasta tanto no conozcan las sentencias completas.

Ejemplo de esto fue el rechazo al nombramiento de la exdiputada Rocío Alfaro en la Junta Directiva de la CCSS o las permutas de las diputadas Abril Gordienko y Claudia Dobles en comisiones.

El beneficiado sería un extranjero con supuestos vínculos con la organización criminal conocida como “La H”, que opera en el Caribe.

La funcionaria, identificada como Blandón, deberá cumplir medidas cautelares durante seis meses: impedimento de salida del país, firma mensual en la Fiscalía, prohibición de acercarse a la DGME y restricción de comunicación con testigos.

La mujer fue detenida el jueves tras una intervención de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) en conjunto con la Policía Profesional de Migración y Extranjería, que incluyó cuatro allanamientos.

En el expediente 26-000181-1218-PE, a Blandón se le atribuyen los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública, incumplimiento de deberes, cohecho y falsedad ideológica.

En la unidad viajaban 45 pasajeros, quienes fueron evacuados de inmediato por la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos.

“Atendemos fuego en autobús a nivel de motor, 45 pasajeros a bordo, todos en condición estable”, informó la institución de rescate.

Aunque no se registraron heridos, algunas personas sufrieron de crisis nerviosa, por lo que debieron recibir atención en el lugar.

Los usuarios tuvieron que realizar un trasbordo hacia otra unidad de la misma empresa para continuar su viaje hacia San José.

Teletica.com mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de Lumaca para conocer detalles de lo sucedido.

Fiestas patrias, Viernes Negro, Navidad y fin de año forman parte de este período, que las autoridades de Tránsito identifican como uno de los más "complicados".

La situación se relaciona con el aumento en la cantidad de personas que se desplazan por las vías, ya sea caminando, en bicicleta, motocicleta o vehículo.

El 15 de setiembre es uno de los próximos momentos de alta movilización, debido al recorrido de la Antorcha de la Independencia y los tradicionales desfiles (ver video adjunto).

Ante estas jornadas, las autoridades hacen un llamado a conductores y peatones a tener paciencia, respetar las medidas de seguridad y evitar las altas velocidades.

El adulto mayor descontaba una condena en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.

El hombre había sido trasladado el pasado miércoles al hospital San Rafael de Alajuela debido a complicaciones de salud; sin embargo, las autoridades confirmaron que murió la tarde del jueves.

No han trascendido las causas de su muerte.

Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a encender las alertas sobre el estado de la educación costarricense, especialmente en áreas clave como Español y Matemáticas.

Ante este panorama, el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA) considera que el país enfrenta una situación que requiere respuestas inmediatas y de largo plazo.

La decana del CIDE, Ericka Vázquez, señaló que los resultados no deben quedarse únicamente en estadísticas o diagnósticos, sino convertirse en un punto de partida para impulsar acciones concretas que permitan revertir el deterioro educativo.

Sin embargo, para la entidad el problema trasciende el rendimiento de los estudiantes en las pruebas internacionales.

Los datos también reflejan condiciones que afectan directamente los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de las aulas.

Según la información analizada por el CIDE, el 68% de la población estudiantil asiste a centros educativos cuyas direcciones reportan que la falta de materiales dificulta la enseñanza, mientras que el 64% estudia en instituciones donde los problemas de infraestructura representan obstáculos para el aprendizaje.

A esto se suma que más de la mitad de los estudiantes se encuentra en centros educativos que reportan carencias de docentes o de personal de apoyo.

Para el CIDE, estos factores reflejan problemas estructurales que requieren atención prioritaria por parte del Estado.

Frente a este escenario, la institución hace un llamado a reconocer la magnitud de la situación y plantea la necesidad de abordar la educación como una prioridad nacional.

“El vuelo se autorizó en cumplimiento de los protocolos y en el tiempo establecido, es falso que el vuelo se retrasará una hora por culpa de la Dirección General de Aviación Civil”, indicó la institución en su respuesta a este medio.

Aviación Civil confirmó que la aeronave finalmente despegó del Aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, y aterrizó en el aeropuerto de Limón.

“Lamentamos mucho la pérdida de una vida humana, pero las autorizaciones se dieron según corresponde, entre la noche de este miércoles y madrugada del jueves”, agregaron.

Presidenta pide explicaciones

La controversia sobre los tiempos de respuesta llevó también a la presidenta de la República, Laura Fernández, a solicitar un informe para esclarecer lo ocurrido durante la emergencia.

Fernández giró la instrucción a Efraim Zeledón Leiva, ministro de Obras Públicas y Transportes y presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC); a Gerald Campos, ministro de Seguridad; y a Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La mandataria pidió determinar las actuaciones de cada institución involucrada en la coordinación del traslado aéreo del menor, así como establecer una cronología de las gestiones realizadas y verificar si los protocolos correspondientes fueron aplicados correctamente.

El informe también deberá precisar las circunstancias que pudieron incidir en los tiempos de respuesta y determinar cuál era el estado de salud del menor durante la atención inicial de la emergencia.

En particular, las autoridades deberán establecer si, durante el período en que se realizaron las gestiones y coordinaciones necesarias para concretar el vuelo, el niño se encontraba en condiciones médicas aptas para ser trasladado por vía aérea.

Fernández otorgó un plazo de tres días a las autoridades para presentar las explicaciones solicitadas.

Además, ordenó disponer la apertura de una investigación preliminar sobre los hechos y, si corresponde, iniciar los procedimientos administrativos necesarios para determinar eventuales responsabilidades legales.

Empresa señaló dificultades para obtener autorización

La posición del MOPT contrasta con lo señalado durante la emergencia por Ricardo Hernández, director de Operaciones de la empresa Soporte Asistido Aéreo y Terrestre (SAAT), encargada de gestionar el traslado.

Según Hernández, la empresa realizó reiteradas llamadas a la Dirección General de Aviación Civil para obtener la autorización necesaria para efectuar el despegue nocturno desde el aeropuerto Tobías Bolaños, pero no recibió respuesta durante más de una hora.

“El inconveniente que hemos tenido es que la persona de Aviación Civil que debe responder el teléfono para dar la autorización correspondiente para el despegue del avión no contesta. Se ha perdido más de una hora de tiempo sin poder despegar debido a que no contesta el teléfono”, afirmó Hernández durante la atención de la emergencia.

Para realizar el vuelo era necesario activar un protocolo de la Dirección General de Aviación Civil que permite autorizar despegues nocturnos desde el Tobías Bolaños.

Hospital Nacional de Niños reportó una espera de tres horas

El director del Hospital Nacional de Niños, Carlos Jiménez, explicó que el centro médico recibió información sobre el ataque y activó a su equipo de trauma para coordinar el traslado del menor desde Limón hacia San José.

El niño había ingresado al Hospital Tony Facio con heridas de gravedad. Según Jiménez, el cirujano que lo atendió activó la coordinación para su eventual traslado.

Inicialmente, se gestionó una aeronave mediante Vigilancia Aérea, pero no había disponibilidad. Ante esta situación, el Hospital Tony Facio coordinó la contratación de una empresa privada.

Posteriormente, el traslado quedó sujeto a una autorización de una persona de una instancia externa a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Esta autorización se dio hasta tres horas posterior a que se había solicitado”, afirmó Jiménez.

Cuando el equipo médico llegó para efectuar el traslado, el menor se encontraba en condición crítica. Jiménez explicó que, antes de movilizar a un paciente por vía aérea o terrestre, este debe reunir determinadas condiciones clínicas que le permitan soportar el viaje.

El director del Hospital Nacional de Niños señaló que el personal de ese centro médico trabajó durante más de cuatro horas junto con funcionarios del Hospital Tony Facio para intentar estabilizar al menor.

“Desgraciadamente, luego de más de cuatro horas de estar tratando nuestro equipo junto con el equipo del Hospital Tony Facio, de estabilizar este menor, lamentablemente nunca nos remontó, no dio las condiciones óptimas para poder ejecutar el traslado y murió”, manifestó Jiménez.

Ataque armado ocurrió en Pueblo Nuevo de Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 9:35 p. m. del miércoles en Pueblo Nuevo de Limón.

Según la investigación preliminar, dos sujetos que viajaban en una motocicleta efectuaron varios disparos contra las personas que se encontraban en el lugar.

Además del menor, resultaron heridos un hombre de apellido Alvarado, de 28 años, quien recibió dos impactos de bala en la espalda, y una mujer de apellido Jackson, de 48 años, quien sufrió una herida en uno de los dedos de la mano.

Los adultos y el niño fueron trasladados por sus propios medios al Hospital Tony Facio, donde recibieron atención médica.

Posteriormente, el OIJ confirmó el fallecimiento del menor de 7 años en el centro médico.

Dos versiones sobre la autorización

El caso presenta actualmente versiones distintas sobre el proceso y los tiempos empleados para autorizar el vuelo nocturno.

El Hospital Nacional de Niños sostiene que la autorización externa necesaria para efectuar el traslado se produjo tres horas después de haber sido solicitada. Además, la empresa encargada de la aeronave afirmó que durante más de una hora no logró obtener respuesta telefónica de Aviación Civil.

Por su parte, la Dirección General de Aviación Civil niega que la institución haya provocado una demora de una hora y asegura que la autorización se otorgó conforme a los protocolos y dentro del tiempo establecido.

Ahora, el informe solicitado por la presidenta deberá determinar qué ocurrió durante las distintas etapas de la coordinación interinstitucional, cuál fue la cronología de las actuaciones y si se aplicaron correctamente los protocolos establecidos.

También deberá establecer si las condiciones médicas del menor permitían efectuar el traslado durante el período en que se realizaron las gestiones y si existieron circunstancias que incidieran en los tiempos de respuesta.

Finalmente, la investigación preliminar deberá determinar si existen elementos para establecer eventuales responsabilidades administrativas o legales.

“Las personas que reciben el pago de manera mensual, quincenal o semanal, en el caso del comercio, ya tienen considerados todos los días del mes en su pago, incluyendo los días feriados y los días de descanso. Por tanto, si esas personas no laboran el martes 15 de septiembre, se les debe pagar el mes, la quincena o la semana de manera regular. Si trabajaran ese día se le debe adicionar el valor de un día para honrar el pago doble que establece la ley.

 Si trabajan horas extra durante este día feriado, se deben pagar a tiempo y medio doble, es decir, el valor de cada hora extra este día feriado es triple”.

El Ministerio de Trabajo recomienda a patronos y trabajadores informarse sobre la forma correcta de calcular el pago correspondiente al feriado para evitar incumplimientos o conflictos laborales.

Fernández lo ordenó a Efraim Zeledón Leiva, ministro de Obras Públicas y Transportes y presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC); también a Gerald Campos, ministro de Seguridad y a Mónica Taylor, presidenta ejecutiva Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Durante la emergencia, presuntamente, existió un retraso de tres horas en el traslado aéreo del menor del Hospital Dr. Tony Facio Castro al Hospital Nacional de Niños. 

Por ese motivo, la mandataria lamentó el hecho y, además, dio un plazo de tres días a las autoridades para aclarar:

1. La actuación de cada institución en la coordinación interinstitucional para el traslado aéreo del menor. 

2. La cronología de las actuaciones. 

3. La correcta aplicación de los protocolos requeridos para tales efectos. 

4. Las circunstancias que pudieron incidir en los tiempos de respuesta. 

 5. El estado de salud del menor durante la atención inmediata de la emergencia, precisando si, durante el período en que se realizaron las gestiones y coordinaciones necesarias para concretar el vuelo, se encontraba en condiciones médicas aptas para ser trasladado por vía aérea. 

6. Disponer la apertura de una investigación preliminar sobre los hechos ocurridos y, de resultar procedente, iniciar los procedimientos administrativos necesarios para determinar las eventuales responsabilidades legales correspondientes.

La autorización para trasladar por vía aérea al niño, de 7 años, tardó tres horas, informó Carlos Jiménez, director del Hospital Nacional de Niños.

El menor había ingresado al Hospital Tony Facio con heridas de gravedad, principalmente en la zona abdominal, luego de resultar herido en un ataque ocurrido la noche del miércoles en Pueblo Nuevo.

Ricardo Hernández, paramédico encargado del vuelo ambulancia, relató que durante más de una hora se intentó contactar a la persona encargada de autorizar el traslado, sin obtener respuesta.

"El inconveniente fue que nunca atendieron la llamada. Por más de una hora que se trató de contactar a esa persona nunca se atendió y eso hizo que se perdiera mucho tiempo valioso con un niño que estaba sangrando en su abdomen", afirmó Hernández.

“Alajuelita es uno de los 20 cantones o distritos priorizados a nivel policial, se ha hecho una inversión grande de recursos, de talento humano y de estrategia operativa en conjunto, incluso con otras instituciones para lo mismo, para el abordaje y para aumentar la seguridad ciudadana y trabajar en la prevención”, explicó Silvia Álvarez, comandante de la Fuerza Pública.

Ambos estarían relacionados con un conflicto entre grupos criminales que operan en la zona. Entre ellos figura una organización conocida como Los Lara, señalada dentro de las investigaciones por disputas territoriales y actividades delictivas.

Tras la audiencia de medidas cautelares, el Juzgado Penal ordenó cuatro meses de prisión preventiva contra Loáiciga mientras avanzan las pesquisas del caso.