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El 4 de noviembre del 2010, Costa Rica se vistió de negro. La tragedia llegó con una tormenta llamada Tomas, que afectó gran parte del país y que le cambió la vida a la comunidad de San Antonio de Escazú.

Las fuertes lluvias provocaron que el cerro Pico Blanco sobre la quebrada Lajas se desboronara como arena y destruyera todo a su paso.

Al final, 24 personas perdieron la vida aquella madrugada, y el hogar de más de 50 familias quedó borrado completamente del mapa.

Entre escombros, barro y un olor a  muerte, algunas familias decidieron irse por completo del lugar.

El Poder Ejecutivo no tardó en sacar a la luz el decreto de emergencia 36252mp, donde firmaban la presidenta de aquel momento, Laura Chinchilla, y el ministro de la Presidencia, Marco Vargas.

En él, no solo se enlistaban los lugares afectados y los efectos de la tormenta, sino que además se decretaron las tres fases que se establecían en la Ley nacional de prevención del riesgo y atención de emergencias.

En su artículo tercero, se comprendían todas las acciones y obras necesarias para la atención, rehabilitación, reconstrucción y reposición de la infraestructura, las viviendas, las comunicaciones y la agricultura dañadas.

Pero los años pasaron. Y fue hasta el 2013 cuando se aprobó la construcción del proyecto habitacional Calle Lajas. Posible gracias a un millonario aporte del banhvi, por medio de la entidad autorizada, Mucap.

Se trataba de:

51 casas de interés social, según el Banhvi.
45 de 43 metros cuadrados.
6 de 55 metros cuadrados, especiales para personas con discapacidad.

La inversión: 1790 millones, en casas estimadas en un promedio de 35 y 38 millones de colones, fabricadas en concreto, con dos cuartos, cocina, comedor y patios amplios, con previstas para construir una segunda planta.

Y es que de las 51 casas nuevas, solamente 25 están habitadas, el resto se mantienen vacías desde que terminó su construcción.

Y esas que están habitadas, a pesar de que han pasado cuatro años y cuatro meses, no son casas propias. Quienes viven ahí lo hacen en comodato, es decir, en un alquiler gratuito del Gobierno.

¿Por qué no se han entregado las casas al resto de los damnificados y qué falta para las escrituras de aquellos que ya viven ahí?

La respuesta es que  el trámite se hizo más largo de lo que se esperaba; las 51 familias fueron evaluadas una a una como núcleo familiar e ingresos económicos.

No importó si el que solicitaba la ayuda era el único sobreviviente de un grupo familiar, si su casa era de clase alta o baja, si el terreno era grande, o alquilaban en un pequeño cuarto.

Ninguna de las instituciones sabe dónde estuvo el atraso.

Entonces surgen las preguntas: por qué si existía el dinero, se construyeron las casas y existían las listas ya pasaron cuatro años y estas 51 familias, elegidas desde días después de la tragedia, aún no tienen en sus manos las llaves de las casas.