Fiscalía de Perú pide a Costa Rica devolver $6,5 millones decomisados en Caso Ecoteva
El expresidente peruano, Alejandro Toledo, supuestamente depositó en una cuenta tica el dinero entregado por Brasil en este caso de corrupción relacionado a Odebrecht.
La Fiscalía del Perú ha solicitado que Costa Rica devuelva los 6.5 millones de dólares que están en cuentas del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y que fueron decomisados en el llamado caso ‘Ecoteva’.
El 28 de setiembre pasado, una corte de los Estados Unidos autorizó la extradición del expresidente del Perú, Alejandro Toledo.
El político de 75 años es acusado de haber recibido 20 millones de dólares de parte de la constructora brasileña Odebrecht para que le otorgara la construcción de la carretera Interoceánica, que une al Perú con Brasil.
Lo acusa también de los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de dinero en agravio del estado peruano, es en este último donde Costa Rica revierte de importancia en las investigaciones.
Según el expediente del caso, del cual tiene copia Telenoticias, Toledo, con la ayuda de dos de sus colaboradores, abrieron cuentas en un banco privado de nuestro país, donde habrían transferido parte de los fondos entregados por Odebrecht a Toledo.
Ese es el dinero en disputa.
La fiscalía indicó por medio de un correo electrónico lo siguiente: "El dinero también es de interés de Perú, por lo que se están realizando coordinaciones entre ambas naciones para su disposición, de acuerdo con la legislación nacional".
Los imputados en esta causa por legitimación en nuestro país son, aparte de Toledo, su suegra, Eva Fernenburg, y uno de los socios del exmandatario, Avid Dan On, quien en Perú se convirtió en testigo del caso para la fiscalía peruana.
"La causa se encuentra en etapa de emisión del informe pericial final por parte del área de Auditoría Forense de la sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial. La fiscalía confirmó que, dentro de las investigaciones realizadas, sí hay empleados del banco aparentemente vinculados con los hechos", añadió la autoridad.
La Fiscalía de Costa Rica explicó que el caso ha sido lento, debido a que se trata de hechos ocurridos en nuestro país, Perú y Estados Unidos.
“La última información requerida por la Fiscalía de Costa Rica a Perú fue en el año 2018, pero arribó al país en julio del 2021. Se trata de información trascendental para la correcta solución del asunto, y consta de más de 3.500 folios con información que se debe incluir dentro de la abundante prueba que ya existía para su análisis pericial, lo cual se está realizando en estos momentos.
Adicionalmente, debe recordarse que la investigación estuvo inactiva durante varios años mientas estuvo desestimada en el Juzgado Penal de San José, siendo que, cuando se dio la reapertura, existieron inconvenientes para continuar con la investigación, puesto que se requería una prueba de carácter bancario. Para obtenerla, se tuvo que tramitar una orden de allanamiento, cuya ejecución se logró hasta febrero de 2019, en una entidad bancaria privada".
