Por Paulo Villalobos 3 de febrero de 2026, 12:10 PM

La presidenta electa, Laura Fernández, hizo público su compromiso con la regla fiscal, un mecanismo de control del gasto introducido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Durante su primera conferencia de prensa como futura mandataria, la tarde del lunes, la politóloga fue consultada sobre si garantizaba la aplicación de ese instrumento o si tenía contemplado hacerle alguna reforma, como algunos de sus adversarios en la pasada campaña prometían hacerlo.

"Yo voy a ser absolutamente respetuosa de la regla fiscal de Costa Rica. Esa es una regla importantísima que no podemos jamás desatender. ¿Por qué? Porque si nuestro país retrocede y volvemos al desorden en la administración tributaria, en la administración financiera, en la administración fiscal, lo que le estamos generando es un daño gigantesco a la sociedad de nuestro país.

"Muy por el contrario, seguir con la estabilización de la deuda y con una ruta de consolidación fiscal nos acerca cada día más a grado de inversión, lo cual va a ser maravilloso para despegar muchísimo más a nuestra economía", aseveró Fernández.

Desde que entró en vigencia, el 3 de diciembre de 2018, la regla fiscal ha sido blanco de críticas especialmente por restringir la erogación de recursos en detrimento de la calidad de servicios públicos y políticas sociales, tanto en salud como en educación.

Valga recordar que este mecanismo legal pone límites al crecimiento del gasto público, con el fin de evitar que el Estado utilice fondos por encima de su capacidad y que la deuda aumente de forma insostenible.

La regla fiscal básicamente vincula el incremento del gasto corriente (salarios, transferencias, bienes y servicios) al nivel de endeudamiento del país. Así, entre más alta sea la deuda en relación con el producto interno bruto (PIB), más estrictos son los límites para crecer el gasto.

“Mamarracho”

Otro de los temas sobre los que fue consultada Laura Fernández tiene que ver con la discusión en el Congreso del proyecto de ley de jornadas extraordinarias 4/3.

Debe mencionarse que la actual administración, de la que proviene la presidenta electa, ha impulsado por años la aprobación de una reforma al Código de Trabajo que permita un tipo excepcional de jornada laboral, en el que en lugar de trabajarse 4 días por 8 horas con 1 día de descanso, se haga por 4 días y por 12 horas, además de 3 días de descanso.

Esta modalidad se discute únicamente para su implementación en la industria manufacturera, servicios de tecnología, empresas de zonas francas y procesos productivos continuos.

"Usted viera lo que a mí me duele, porque desde que era ministra de la Presidencia, hace más de un año, sostuve múltiples reuniones con empresas transnacionales que me decían: nosotros queremos crecer en Costa Rica, podemos contratar mujeres, podemos contratar a personas mayores de 40 años, podemos poner nuestras operaciones en Puntarenas, podemos llevarla a Limón para aprovechar la cercanía con el puerto... podemos, podemos, podemos, pero necesitamos que Costa Rica nos de la seguridad jurídica de tener esa herramienta.

"No es posible que hoy, 25 años después de que iniciamos esta discusión, la Asamblea Legislativa siga sin resolver ese tema. Y perdóneme la frase que voy a utilizar, pero si van a aprobar un mamarracho, mejor no aprueben nada, porque puede salirnos peor lo que van a aprobar y más bien generar una huida de la inversión o un desestímulo a la inversión extranjera directa que hoy día está allá en nuestras zonas francas empleando a miles de jóvenes", declaró la futura gobernante.

La próxima presidenta dijo a los actuales diputados que, si no se sienten en capacidad de aprobar un proyecto “bueno”, mejor dejen que la próxima integración del Parlamento se encargue.

Es necesario hacer ver que Fernández contará en la próxima Asamblea con 31 legisladores, una mayoría absoluta que le dotaría de un mayor margen de aprobación y negociación; frente a los 8 con los que cuenta en la actualidad el presidente Rodrigo Chaves.

“Texto equilibrado”

Laura Fernández también fue consultada sobre su posición respecto a las iniciativas que pretenden habilitar la extinción de dominio en Costa Rica.

Diferentes proyectos han buscado crear un marco legal que permita al Estado quitarle a una persona bienes y activos de origen ilícito, sin necesidad de una condena penal previa, siempre que se demuestre que estos provienen o están vinculados a actividades criminales.

"No por combatir el narcotráfico y el crimen organizado, nosotros podemos desproteger de las cosas más sagradas que tienen los costarricenses, que es su propiedad. Yo estoy de acuerdo en hacer una lucha frontal contra el contrabando, el crimen organizado, el lavado de dinero y cualquier otro delito vinculado, siempre y cuando no se persiga a los costarricenses, y no se ponga en entredicho la libertad y el manejo de la propiedad privada de los costarricenses.

"Creo que ese tema perfectamente debe ser retomado, buscando un texto equilibrado, que se ajuste al respeto a la libertad y a la propiedad de los costarricenses", señaló la futura mandataria.

Además, a la politóloga de profesión se le preguntó si impulsaría algún proyecto de renta global, como en su momento lo hizo desde el Ministerio de Hacienda el hoy diputado electo del que será el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta.

Fernández subrayó que no piensa aumentar impuestos ni afectar a las personas que generan ganancias fuera del territorio nacional, como lo busca una iniciativa de ese tipo.

"Pero sí pretendo seguir haciéndole frente con valor a la evasión fiscal. Creo muchísimo en el proyecto Hacienda Digital y Tribu-CR, por ejemplo, que ya se están implementando. Y hay muchos componentes más del proyecto Hacienda Digital que debemos de consolidar para que nuestro país cada día tenga mejores herramientas, más modernas, más cercanas a los contribuyentes.

"Pongamos el dedo en la llaga de los evasores, de aquellos que declaran cero renta y sabemos que están cometiendo delitos contra la hacienda pública", aseveró.

De igual forma, la presidenta electa se mostró abierta a discutir la posibilidad de modificar la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para fijarle a esa institución metas de empleo, adicionales a las de inflación que ya tiene.

Enfatizó en que ese tema debe estudiarse “con mucha calma”, principalmente por la autonomía con la que cuenta la entidad.

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