Por Mariela Montero Salazar |22 de junio de 2021, 13:58 PM

Paola Vega, diputada oficialista, criticó fuertemente el proyecto de ley que busca gravar los premios de lotería mayores a los 250 mil colones con un impuesto del 25%.

La iniciativa 22.354, llamada “Impuesto Especial sobre los Premios de Lotería y otros Juegos de Azar que venda, distribuya o comercialice la Junta de Protección Social (JPS)", fue presentada por el Gobierno en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un préstamo de $1.750 millones.

Según Vega, el expediente tiene un carácter fiscalista y no ha hecho una medición adecuada del impacto negativo que el impuesto podría tener en los recursos que la JPS destina a organizaciones de bien social, contra los posibles beneficios en recaudación para el Estado.

Según la legisladora, los cálculos de la Junta señalan una afectación para más de 500 programas, mientras que el Gobierno estima una recaudación del 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Así lo expuso esta tarde durante la Comisión de Asuntos Jurídicos.

“Esa obsesión que tiene Casa Presidencial con que la suma de los números van a dar positivamente es absurda. De repente, vestimos un santo para desvestir otro. De nada serviría tener los números muy bonitos para presentar al FMI si vamos a tener a un montón de gente que se va a quedar sin hogar, que se va a quedar sin cuidados”, recalcó Vega.

La diputada Vega solicitó a la comisión analizar medidas alternas.

Por su parte, los diputados Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también se manifestaron en contra de la propuesta actual.

Asociaciones afectadas

Este martes, la Comisión de Asuntos Jurídicos recibió en audiencia a representantes de tres organizaciones que se benefician de los recursos de la JPS, quienes manifestaron su preocupación por el proyecto.

“Nos preocupa que este impuesto afecte la ventaja competitiva de los productos de la JPS, frente a otros juegos de azar que se venden de manera clandestina y el impacto que esto pueda tener sobre las personas que reciben asistencia”, dijo Eduardo Méndez de la Asociación Taller Protegido de Alajuela.

Por su parte, Dayana González de la Asociación Centro Diurno El Tejar aseguró que, para muchas organizaciones, la baja de recursos podría implicar el cierre.

En esa misma línea, Randall Rodríguez de la Asociación Hogar Nuestra Señora La Esperanza advirtió que si tuviera que cerrar la mayoría de sus pacientes, población vulnerable con VIH, terminaría en la calle.

Las agrupaciones plantearon, además, tres propuestas para que sean evaluadas como parte del proyecto: disminuir del 25% al 10% el impuesto planteado, que el 10% de cobro de destine a estas organizaciones y que se busquen mecanismos alternos para compensar el dinero que dejarían de percibir en caso de aprobarse la iniciativa.