TSE anuncia tres sanciones por beligerancia política
Los castigos van desde la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta la destitución del puesto.
La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró con lugar tres denuncias por beligerancia política e impuso sanciones de inhabilitación y destitución contra las personas señaladas.
Se trata de tres resoluciones separadas contra un funcionario del IMAS, una exdiputada y un exintegrante del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación.
El primer caso fue resuelto el pasado 6 de julio contra Kendall Esteban Viales Cruz, funcionario del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), a quien se inhabilitó para ejercer cargos públicos por tres años.
“La razón es que, mientras pertenecía a la Junta de Crédito Local del Banco Popular en Santa Cruz, Guanacaste, participó en la Asamblea Cantonal realizada por el PLN el 10 de agosto de 2019 y se postuló como precandidato a regidor para las elecciones de 2020”, precisó el Tribunal.
La segunda resolución apunta contra la exdiputada y actual presidenta del Frente Amplio, Patricia Mora Castellanos.
A ella se le sanciona con la inhabilitación por 4 años de ejercer cualquier cargo público porque, mientras ejercía el cargo de presidenta ejecutiva del INAMU y ministra de la Condición de la Mujer, el 9 de febrero de 2019, se presentó a una Asamblea Nacional del Frente Amplio y dirigió unas palabras que incluyeron “la defensa de su participación en el entonces gobierno de la República, intervención inmediatamente posterior a que se conociera una moción relacionada con su entonces participación en el gobierno del expresidente Alvarado Quesada”.
“La destitución no aplicaba, dado que la CCSS informó su condición de pensionada”, aclaró el máximo órgano electoral.
Finalmente, en resolución del pasado 7 de agosto, se sancionó con la inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años a Fernando Natalio González Ledezma.
“La razón es que, mientras era integrante del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, fue acreditado por el PAC como fiscal general de Junta Receptora de Votos para las Elecciones Nacionales de 2022, designación que efectivamente ejerció. No aplicaba su destitución como funcionario público, dado que la CCSS acreditó su condición de pensionado”, finalizó el Tribunal.
Todas estas sanciones pueden impugnarse ante el propio TSE.
La Sección Especializada recordó que, debido a que la Sala Constitucional dio curso a dos acciones de inconstitucionalidad contra su Reglamento, no pudo emitir resoluciones finales durante casi cuatro años, razón que explica el retraso en las resoluciones presentadas y otras que todavía se encuentran en análisis.
