Tres razones por las que nueva acusación contra presidente Chaves es histórica

La acusación formulada este lunes por el fiscal general, Carlo Díaz, es histórica en más de un sentido.

No solo la pieza se formuló contra siete miembros de los Supremos Poderes, sino que también es la primera que le achaca un delito electoral a un Presidente de la República en ejercicio.

Según los abogados Ewald Acuña y Rodolfo Brenes, la acusación contra Rodrigo Chaves es inédita en ese sentido, al menos desde que se fundó la Segunda República.

"Con la reforma del Código Electoral de 2009, se introdujeron nuevos tipos penales que procuran resguardar la transparencia, publicidad y la equidad de los partidos políticos en el proceso electoral en materia de financiamiento electoral.

"Antes de esa fecha y hasta el día de hoy, la acusación planteada por el fiscal general es novedosa y primaria en acusar al presidente de la República por delitos electorales, relacionados con las contribuciones económicas a partidos políticos, evadiendo los controles establecidos en la legislación electoral", explicó Acuña.

Por su parte, Brenes recordó que existen antecedentes de investigaciones e, incluso, condenatorias por infracciones al Código Electoral.

Entre los casos más sonados están las estafas contra el Estado perpetradas por los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Movimiento Libertario (PML).

"Aquí es importante recordar que esta acusación se originó en una investigación del Tribunal Supremo de Elecciones, en la cual se levantó el secreto tributario y el secreto bancario de todos los involucrados y, al cabo de esa investigación, el Tribunal Supremo de Elecciones concluyó que el sistema de financiamiento era opaco, clandestino y oscuro. Eso, sumado a la decisión que tomó la Fiscalía General de la República, de acusar formalmente los hechos, nos obliga a tomarnos este caso con una gran seriedad y con mucha responsabilidad", mencionó Brenes.

Ambos juristas recordaron que Chaves también se convirtió en el primer gobernante en ser acusado en dos oportunidades durante el ejercicio del cargo. Valga recordar que, hasta la fecha, solo él y Carlos Alvarado (2018-2022) han enfrentado gestiones de este tipo por parte del Ministerio Público durante su gobierno.

Brenes destacó que lo que se viene representa un “reto” para la institucionalidad, primero por el trámite de desafuero que deben llevar adelante la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, y seguido por un eventual juicio que debe celebrar la Sala de Casación Penal.

Pero además es necesario alejar el foco del Presidente y contemplar al resto de personas contra las que se formuló el requerimiento este lunes.

La acusación presentada por Díaz contempla al grueso de la plana mayor de la actual administración: el vicepresidente Stephan Brunner, el canciller Arnoldo André, así como los diputados del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, Waldo Agüero, Paola Nájera y Luz Mary Alpízar.

"También es la primera vez en la historia que un Presidente de la República es acusado conjuntamente con su primer vicepresidente, estando ambos en el ejercicio del cargo. Pero no solamente eso, sino que nunca en la historia de este país se había acusado a tantos miembros de los Supremos Poderes en un mismo proceso", acotó Brenes.

Al respecto, Acuña complementó:

"En el caso de juzgamiento de miembros de Supremos Poderes en Costa Rica, es notable que se acuse a siete miembros de los Supremos Poderes como autores de la comisión de delitos de carácter electoral, lo que a su vez evidencia que conforme con la hipótesis de la Fiscalía General —que consta en la acusación formulada— todos los acusados que actualmente son miembros de Supremos Poderes, tanto en el Poder Legislativo, como en el Poder Ejecutivo, al ser parte activa de la campaña electoral para las elecciones de 2022 en las cuales resultaron electos, tuvieron conocimiento, recaudaron o contribuyeron económicamente con aportes económicos captados a través de mecanismos paralelos que evitaban los controles del Tribunal Supremo de Elecciones y utilizados en la campaña electoral".

Cisneros y el abogado de Chaves, José Miguel Villalobos, han llenado de críticas el requerimiento hecho por el fiscal general y han rechazado haber incurrido en algún tipo de delito.

El defensor del mandatario negó que su cliente tuviera algún tipo de involucramiento en el manejo del fideicomiso Costa Rica Próspera o asociado a las cuentas de una mujer de apellido Agüero. Misma posición tiene la jefa de fracción de la agrupación en el poder, quien además se dijo anuente a renunciar a su inmunidad para afrontar el proceso correspondiente.

Cisneros y Villalobos señalaron que el actuar de Díaz está dirigido a debilitar la imagen del gobernante o de quienes procuran el continuismo de su administración de cara a las elecciones del 1.° de febrero de 2026.