Tras semanas de ardua discusión, Congreso aprueba proyecto contra crimen organizado

Luego de semanas de discusión y amplio debate, el Congreso aprobó esta tarde por amplia mayoría el cuestionado proyecto contra del crimen organizado.

Con el voto afirmativo de 49 diputados y el rechazo esperable de los liberacionistas Carolina Delgado y Danny Vargas, el Plenario dio primer debate al expediente 23.090, que amplía los plazos de prisión preventiva en casos de delincuencia organizada y da claridad y herramientas a la jurisdicción especializada en esa materia.

“Hemos llegado a un punto de gravedad tal, que la propia ciudadana ha antepuesto su hambre, su falta de trabajo, ante la seguridad ciudadana. Esos son ejemplos fundamentales para encargados, como nosotros, de ejercer soberanía”, dijo hoy Gloria Navas (NR) en celebración por la aprobación del proyecto.  

La propuesta, que enfrentó un bloqueo de 529 mociones, permitirá fortalecer la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) creada precisamente a partir de la Ley de Crimen Organizado, que se había mantenido inactiva por falta de recursos y claridad sobre sus límites.

Entre muchas otras, el proyecto permite que los asuntos de crimen organizado pueden ser tramitados tanto en la Jurisdicción Penal Ordinaria como en la JEDO, y define que la acción penal es pública y no privada en delitos de este tipo.

También fortalece los requisitos para ser juez en delincuencia organizada, juez tramitador del Tribunal Penal y juez del Tribunal de Apelación de Sentencia.

Además, aclara que las resoluciones en firme de esta especialidad no podrán ser objetadas por las partes o los tribunales de la Jurisdicción Ordinaria, ni declinada en oficio posteriormente.

Obliga a aplicar los plazos definidos en el Código Procesal Penal para asuntos de tramitación compleja en jurisdicción ordinaria sin necesidad de una resolución judicial adicional y también compromete al Ministerio Público a cumplir la investigación preparatoria en un plazo de 24 meses, mientras que el plazo de deliberación será de hasta 10 días hábiles y el tiempo para dictar sentencia de 20 días hábiles.

Finalmente, duplica plazos establecidos para la etapa intermedia, el plazo de prisión preventiva, el de continuidad y suspensión del debate y los plazos para interponer y tramitar los recursos de apelación de sentencia y casación, así como las adhesiones.

Este último punto es uno de los que más ha defendido la Fiscalía y el Poder Judicial, pues es precisamente el que permitiría extender la prisión preventiva a un grupo de presuntos cabecillas del crimen organizado cuyos plazos se empezarían a cumplir a partir del 7 de junio próximo.

En contra

Hoy, por última vez en la discusión de primer debate, la liberacionista Carolina Delgado cuestionó la aprobación del proyecto, insistiendo en que es ilegal y además inconstitucional y que intentará llevar esos señalamientos hasta la Sala IV.

"Vamos a aprobar un proyecto que pone en riesgo nuestra seguridad jurídica, atenta contra los derechos humanos y sirve de cómplice a los horrores que de manera reiterativa vienen cometiendo el Poder Judicial y el Ministerio Público en el ataque contra la delincuencia organizada", dijo.

Danny Vargas, su único compañero en esa oposición, también advirtió que las consecuencias de esa aprobación se verán a futuro.

"El impacto de esta decisión lo conoceremos en un futuro cercano. Lo más cómodo era votar a favor y decir que fue el pedido del fiscal general y del presidente de la Corte, pero eso no va conmigo. No voy a redundar sobre los criterios en contra”, aseveró el verdiblanco.

Si se consiguen los 10 votos necesarios para esa consulta, el proyecto pasaría a manos de los magistrados de la Sala Constitucional antes de poder ser votado en segundo debate.