SUPEN cuestiona proyecto para adelantar pensión de policías: “¿Con qué van a financiar eso?”

La superintendente de pensiones, Rocío Aguilar, cuestionó el proyecto que impulsa una pensión adelantada para los funcionarios de los cuerpos policiales del país.

La propuesta, impulsada por el socialcristiano Carlos Andrés Robles, permitiría a los oficiales acogerse a su jubilación luego de 25 años de servicio y 300 cuotas.

Incluso, admitiría que si un oficial llega a los 50 años, pero no ha cumplido ese número mínimo de cuotas, pueda retirarse con una pensión proporcional.

Eso significaría, sin embargo, que el sistema deberá sostener a ese grupo de funcionarios cuando aún están en una edad productiva. Por eso, según Aguilar, la iniciativa solo traería problemas a un sistema que ya está en crisis.

“Esa discusión se ha tenido en otros países también y, básicamente, ha sido descartada. Lo que más bien se pretende es que estas personas puedan, en alguna etapa de su vida laboral, ser reubicadas, digamos, dentro de la misma organización, pero en otras funciones, y no necesariamente exponerlos, pero no que a los 50 años hay que pensionarlos.

“Es importante que cuando presentemos estos proyectos, que suenan muy bonitos porque alguien te dice una pensión a los 30 o a los 40 años, no sé, claro que suena muy interesante, pero la pregunta es ¿con qué va a financiar eso? ¿Cómo lo vamos a financiar? Incluso si esa pregunta no la hemos contestado para un régimen como el actual”, criticó.

La superintendente insistió en que, igual que con las reformas que han intentado devolver porcentajes del ROP, estas iniciativas no atienden las problemáticas reales, sino que solo añaden problemas a los ya golpeados regímenes.

“Yo creo que para estas propuestas debería ser obligatorio que lleguen con su fuente de financiamiento, porque lo cierto es que no atienden la problemática grande, lo que hacen es agregarle problemas. Son soluciones que traen problemas, no los resuelven, los crean”, aseveró.

La propuesta, que se presentó la semana anterior, debe ser convocada por el Poder Ejecutivo.