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El Poder Ejecutivo anunció con “bombos y platillos” que llegaron a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un mecanismo de financiamiento ampliado por $1.750 millones.

Este acuerdo ahora dependerá de la aprobación de la Junta Directiva del Fondo y deberá también pasar por un complejo camino en la Asamblea Legislativa, pues se compone de una serie de proyectos de ley que requieren aprobación, todos, antes de julio próximo.

Ante esto, algunos sindicatos reaccionaron sobre algo que, aseguran, era inevitable, pero que insisten “no había necesidad”.

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Costa Rica no necesitaba esta acuerdo, porque dinero sí hay, pero mal empleado y que “el convenio solo viene a dar un respiro para pagar, pero jamás para corregir”.

“Costa Rica no necesita de un convenio con el FMI, lo que han expuesto nos deja muchas nebulosas. El FMI lo que hace es repetir sus muletillas clásicas y le adorna con frases bonitas como inclusión social, hay que desmenuzar todo, porque no confiamos en los voceros económicos del Gobierno.

“El Gobierno sigue con su fijación de empleo público y según ellos no representa mayor economía fiscal, pero quedan dos grandes lagunas: uno, nada, absolutamente nada, para corregir las perversidades de un sistema tributario evasivo, la segunda es más preocupante, no escuchamos nada sobre el tema de la espantosa deuda pública interna del país y su abusivo pago de intereses.

“Cómo vamos a vivir en un país que le da a los banqueros y a los acreedores 197 millones de colones por hora”, expresó Albino Vargas, secretario general de la ANEP.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco) y la Confederación Nacional de Trabajadores reiteraron que “no había necesidad de solicitar el préstamo para endeudar más las ya impagables deudas”.

“Los millonarios intereses se acumulan por los préstamos que se adeudan. Esto viene profundizando, sin lugar a duda, la grave situación. Recurrir más a este trillado recurso, no hace más que obligar cada vez más a la clase trabajadora y al pueblo costarricense a pagar más impuestos, a desmantelar, destruir y privatizar los servicios de importantísimas instituciones públicas estratégicas para el desarrollo del país, la justicia social, el bien común y el bienestar de los costarricenses. Este préstamo, como ya quedó desenmascarado, es solo una argucia para aprobar el proyecto de ley de empleo público”, explicó el vocero Luis Chavarría.

Otras reacciones

Célimo Guido, dirigente del Movimiento Rescate Nacional aseguró que, si bien esto no era lo que ya se esperaba, su lucha es ahora con los diputados.

“No es nada bueno, se sabía que se iba a llegar a un acuerdo, lo que sigue ahora es una lucha de protesta social ante la Asamblea Legislativa, seguimos insistiendo una y mil veces que aquí lo que más hay es plata, y ni siquiera sabemos en qué se gastaron los primeros 500 millones de colones que aprobaron y ahora vienen con esto y no se llenarán, vienen por 5 mil millones más.

Vamos de frente, nos estamos organizando, pero lo que pasa es que esto no revienta ya, no vamos a darle patadas al viento, estamos esperando el momento oportuno para ir con todo con la gente en la calle. Sigue la lucha, ya que la Asamblea Legislativa tiene que aprobar el proyecto, vamos más fuerte que la vez pasada”, expresó a Teletica.com el expolítico.

Por su parte, la Unión Costarricenses de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) reconoció que el acuerdo es necesario, pero que buscarán la transparencia del Estado.

“Seremos vigilantes a que cada compromiso alcanzado sea balanceado y transparente y en apego a los acuerdos adquiridos por el Gobierno en el proceso de diálogo.

“Medidas como reducción del gasto público, apego a la regla fiscal y reducción de las transferencias son compromisos que van en la vía correcta y que incluso a partir de ahora deben ser la norma y no la excepción.

“El Gobierno está en la obligación de poner la casa en orden, el gasto corriente primario del Gobierno se debe contener. La reducción de 3,45 puntos porcentuales del PIB es prioridad y así alcanzar un superávit primario a partir del 2023.

“Finalmente, desde el sector empresarial consideramos de la mayor urgencia conocer las medidas estructurales que ha anunciado el Ejecutivo y que en aras de la transparencia deben informarse”, comentó Fabio Masis, Director Ejecutivo.

Para Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, esta es una oportunidad que el país no debe desaprovechar.

“Debemos enfocarnos en el gasto, reforma de empleo público y reestructuración del Estado son claves para tener una estabilidad en el mediano y largo plazo, no debemos desaprovechar esta oportunidad.

“Igualmente tomar las medidas de reactivación económica que hemos sido insistentes, ya los proyectos de ley están, que los convoque el Poder Ejecutivo es el llamado que hacemos hoy, bajo una premisa, no más impuestos, porque el sector privado es el que produce empleo y bienestar en este país”, concluyó.