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El presupuesto ordinario de 2021 presentado este martes a la Asamblea Legislativa no incluyó, por primera vez, la partida correspondiente al aumento salarial del próximo año por concepto de costo de vida y otras remuneraciones.

La medida, que ya había sido discutida este año pero se vino abajo por un criterio de la Contraloría General de la República, finalmente se hará efectiva el próximo para todo el aparato estatal.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, confirmó este martes que no hay espacio en el presupuesto, en medio de la coyuntura de crisis actual, para hacer frente a un aumento en remuneraciones que ya de por sí consumen buena parte del presupuesto de la República.

Precisamente, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas permite que los aumentos se congelen cuando la deuda pública supere el 60% del Producto Interno Bruto (PIB). Este año se espera que ese porcentaje cierre por encima del 70%.

Villegas explicó que de los ₡11.4 billones que incluye el proyecto de presupuesto ordinario para el 2021 casi ₡6 billones van para deuda, amortizaciones y pensiones.

“Eso nos dice que ₡5.5 billones son el presupuesto manejable, pero si a eso le añadimos que gran parte de ese monto se va en salarios es muy poco el espacio que nos queda para maniobrar, por eso hacer recortes siempre va a ser algo muy limitado”, dijo el jerarca.

Hacienda presentó un recorte de 5.3% en el gasto ordinario (sin intereses ni amortizaciones) con respecto al presupuesto anterior, que se traduce en ₡368.644 millones.

Aun así, ese presupuesto sufrió un incremento en el apartado de remuneraciones, casi 4%, que según el jerarca se explica mayormente por la inclusión de 2.000 plazas nuevas en el Ministerio de Educación Pública, correspondientes a cocineras que trabajaban para Juntas de Educación y que ahora se sumarán al presupuesto del MEP.

A estas también se sumarán otras en el Poder Judicial y los comisionados de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).

Villegas aseguró que espera que a esta medida se puedan unir otras como el congelamiento de anualidades o la reducción de jornadas para ayudar a contener el gasto en medio de la crisis económica que enfrenta el país por la pandemia del COVID-19.