Sala Tercera propone extender récord de antecedentes para combatir reincidencia
El Ejecutivo y el Ministerio Público también trabajan en una reforma a la Ley de Ejecución de la Pena, que cierre portillos a personas con beneficios penitenciarios y procure el cumplimiento de condenas.
La presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, propuso este jueves a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico extender la información contenida en el Registro Judicial de Antecedentes como una forma de combatir el número de delincuentes que reinciden luego de ser condenados.
La magistrada explicó que hoy, por ley, las penas menores a un año de condena eliminan el antecedente una vez se cumpla ese castigo, por lo que si una de estas personas vuelve a cometer un delito es tratado como un delincuente “primario”, es decir, no reincidente, y, por lo tanto, sujeto de un beneficio penitenciario.
“Aun la estafa mayor tiene penas de seis meses a 10 años, eso quiere decir que en el extremo menor, se cumple la pena y vuelve a tener condición de primario, incluso en casos así”, cuestionó Solano.
La propuesta, que ya está redactada, pero aún no se ha presentado a la corriente legislativa, propone extender a tres años el registro de antecedentes incluso para esos delitos menores y llevar hasta cinco años ese récord cuando son delitos con penas de entre tres y cinco años, así como una década para condenas por encima de los cinco años.
La otra iniciativa que emana del Poder Judicial, y que respaldan también el Ministerio Público y los jerarcas de Seguridad y Justicia, es una reforma a Ley de Ejecución de la Pena, de manera que se redefinan sus alcances, competencias y se procure el cumplimiento de la sanción.
Según Solano, hoy existe una controversia entre los juzgados de ejecución de pena, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Adaptación Social y del Instituto Nacional de Criminología, todos actores en el tema de beneficios penitenciarios.
“Aquí es donde surge la controversia en cuanto a la ejecución de la sanción penal”, cuestionó la magistrada.
La idea es construir un texto sustitutivo para el expediente 21.800, que busca un fin similar, pero en el cual no están completamente de acuerdo las autoridades.
Según reconoció el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, también presente en la audiencia, existe una discusión en el Ministerio Público en esa línea y otra desde el Poder Ejecutivo, por lo que este martes, en una reunión en el Colegio de Abogados, los jerarcas buscarán empatar sus visiones en un nuevo texto.
“Hay algo cierto: coadministramos ejecución de la pena, por un lado el Ministerio de Justicia y por otro jueces de ejecución, y a veces cuesta ponerse de acuerdo.
“Venimos con un proyecto de ejecución de la pena que ya el señor Presidente (Rodrigo Chaves) va a recibir este lunes y que la va a presentar a mediados de abril a la corriente legislativa y que tiene que ver con medidas cautelares, con los registros judiciales y dos o tres proyectos más en esa línea, porque queremos aportar y nos preocupa la materia de seguridad”, dijo el ministro de Justicia, Gerald Campos.
Repase aquí la comparecencia: