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La Sala Constitucional resolvió este martes que el proyecto de ley para legalizar el cultivo y comercio de cannabis y cáñamo en el país no contiene vicios ni de forma ni de fondo.

La resolución da luz verde para que el expediente sea votado en segundo debate, luego de que recibiera el primero a finales de octubre anterior.

Sin embargo, para que eso suceda el Gobierno debe convocar la iniciativa en sesiones extraordinarias, algo que los diputados exigieron esta tarde.

“El Gobierno debe cumplir su palabra y convocar el expediente, porque el Ejecutivo aseguró que esperaría la resolución de la Sala y esa ya llegó de manera unánime, así que la bola está en la cancha del Ejecutivo”, aseguró el frenteamplista José María Villalta.

La independiente Paola Vega exigió también al Gobierno “convocar hoy mismo” el expediente sin poner ninguna excusa y alegó que, en el caso de empleo público, el proyecto nunca fue desconvocado pese a haberse ido a consulta, algo que no sucedió con cannabis.

Esta tarde, la jefa de fracción del PAC, Laura Guido, confirmó que el presidente Alvarado convocará hoy mismo la iniciativa. 

Minutos después, el Gobierno anunció la convocatoria oficial del expediente.

¿Qué es?

El proyecto delimita el uso, cultivo y comercialización del cannabis para uso terapéutico y medicinal, mientras que el cáñamo será permitido para uso industrial.

Entre otras, el proyecto establece que para el caso del cannabis psicoactivo este se permitirá siempre y cuando el THC (componente psicoactivo) no supere concentraciones de 1%.

También se avalará la importación de semillas de variedades psicoactivas para su venta como materia prima a la CCSS o para su exportación a terceros países donde se permite el comercio lícito de estos productos.

Las licencias de comercio y cultivo para esta industria se otorgarán por seis años y podrán renovarse por periodos idénticos.

Un 40% de esas licencias agrícolas irán dirigidas a Mipymes, organizaciones de pequeños y medianos productores, cooperativas agrícolas o asociaciones de desarrollo indígena.

Esos permisos, además, se limitarán a uno por persona física o jurídica.

La industria del cannabis y el cáñamo tendrá un impuesto del 1% sobre sobre las utilidades de las actividades derivadas de la futura ley.

Esos recursos serán adicionales al impuesto de la renta y se repartirán entre diferentes instituciones como el Ministerio de Salud, Agricultura y Ganadería y Instituto Costarricense sobre Drogas (todos con 10%), un 20% para la CCSS y un 30% para el Fondo Nacional de Desarrollo del Sistema Banca para el Desarrollo.