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El candidato presidencial del Partido Republicano Social Cristiano, Rodolfo Hernández, reconoció que su plan de gobierno, presentado ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se hizo “para cumplir con un requisito”.

Lo hizo la noche del martes durante el programa Interferencia de Radio Universidad (UCR), precisamente en medio de los cuestionamientos a la idea de trasladar el Ministerio Público y el OIJ al Poder Ejecutivo.


“Ese programa se presentó para cumplir el requisito de presentación, estamos reconsiderando ese planteamiento con ese grupo reforzado porque me parece que hay algunas cosas que deben ser modificadas de ese programa de gobierno.

“La propuesta es que el Ministerio Público salga del Poder Judicial y que sea uno independiente, como ocurre en los países desarrollados, de manera que la Fiscalía General pueda ser elegida en una forma distinta, incluso por elección popular”, dijo el candidato.

En la propuesta presentada ante el TSE, sin embargo, se lee como una solución al problema de la seguridad nacional el trasladar el OIJ al Ministerio de Seguridad Pública, así como el Ministerio Público y la Defensa Pública al Ministerio de Justicia.

“Costa Rica es distinto a otros lugares del mundo, pues en nuestro país el Poder Judicial investiga, acusa, defiende y juzga. Esto ha ocasionado que, si algún órgano funciona de forma defectuosa, el mismo Poder Judicial evita que los errores salgan a la luz pública. El Poder Judicial se niega a trasladar estas funciones al Poder Ejecutivo, ya que significaría una disminución de poder”, reza la propuesta.

“Mientras el Poder Ejecutivo no tenga a su cargo los órganos que se encargan de la investigación, la acusación, y la defensa pública, será muy difícil que el Poder Ejecutivo pueda promover políticas públicas para que se logre la justicia y se evite la impunidad”, añade.

Esa idea, sin embargo, atenta directamente contra la independencia de poderes que, precisamente, busca el resguardo de esas funciones sensibles y evitar la politización de las mismas.

La elección nacional de 2022, por primera vez en la historia, obligó a los candidatos presidenciales a presentar sus planes de gobierno como requisito de inscripción.

Sin embargo, el propio Tribunal afirmó que un día antes de la fecha límite, solo cinco de 26 aspirantes lo había cumplido, aunque finalmente todos lo presentaron.