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La moción recién aprobada que permite a las universidades públicas autorregularse en temas administrativos amenaza con restarle votos a la reforma del empleo público, el proyecto titular en la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

El cambio, incluido en la moción 91, había sido originalmente descartado la semana anterior pero luego revisado y aprobado la tarde de este martes.

Se trata de un nuevo inciso al artículo 6 de la ley que establece que “el sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno de conformidad con los artículos 84, 85, 87 de la Constitución Política”.  

Esto significa, según sus defensores, que las universidades quedan sujetas al marco de la reforma pero podrán tomar decisiones de manera autónoma en temas propios como la contratación.

Sin embargo, también permitiría que puedan negociar directamente con el Ejecutivo cuál será el salario único al que deben acogerse, creando “un portón” en el proyecto, según criticó el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca.

El diputado adelantó que ese cambio lo obliga a retirar sus votos del proyecto. Su queja se ha repetido desde otros frentes del Plenario, pero también fuera de este.

Inmoral

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) manifestó hoy que el cambio aprobado a la reforma es “inmoral e improcedente” ya que defiende, a su criterio, el abuso que grupos privilegiados han hecho durante años de los recursos públicos.

“Con el inicio de un proceso de exclusiones de instituciones del Estado de la Ley de Empleo Público, siendo las universidades las entidades que más agravan la situación que se deseaba arreglar, nos encontramos frente al inminente desmantelamiento del espíritu original de la Ley.

“No es posible que primero permitieran la exclusión de las municipalidades de la regla fiscal y ahora lo hagan con las Universidades en materia de empleo público”, declaró Maurizio Musmanni, presidente de la CACIA.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) también levantó la voz y pidió a los diputados incluir en la reforma a todos los empleados públicos sin ninguna distinción, en aras de que el cambio no solo sea realmente efectivo, sino además justo.

Para Uccaep, el cambio es una exclusión solapada a favor de las universidades públicas.

“Con la moción aprobada se permitirá una odiosa desigualdad que en lo absoluto contribuye al espíritu de la ley que es ordenar el esquema laboral en el sector público.

“No se observa un liderazgo claro desde el Gobierno y la fracción del Partido Acción Ciudadana para que este proyecto se blinde y sea aprobado de la mejor forma en el Plenario. De hecho, es preocupante este retroceso en el proyecto de ley, el cual contó con el voto del presidente de la Comisión de Gobierno, que precisamente es del partido oficialista”, criticó el grupo de empresarios.

Defensa

Los diputados a favor de esa moción, presentada por la liberacionista Karine Niño, insistieron en que no se trata de una exclusión de las universidades ni nunca se pensó así, sino que se busca respetar la autonomía universitaria que le otorga la Constitución Pública.

Hoy, nuevamente, el jefe de la fracción verdiblanca, Luis Fernando Chacón, defendió que el cambio en ningún momento libera a esos centros de enseñanza de los controles salariales que defiende el proyecto, sino que más bien delimita esa autorregulación en estos.

La comisión de Gobierno y Administración, que hoy sesionará durante prácticamente todo el día, ya alcanzó a revisar 200 de las 476 mociones que tiene presentado el expediente.

Sin embargo, por delante todavía tienen una larga lista de cambios, muchos relativos a nuevas exclusiones y también al tema de salario único, que en las próximas horas volverá a la palestra del órgano.