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El proyecto para rebajar el marchamo de 2022 está cerca de convertirse en un “alegrón de burro”.

Jefes de diferentes fracciones legislativas reconocen que, entre el estrecho margen de tiempo que existe para que esa iniciativa se convierta en ley y la negativa mostrada por el Ejecutivo, es sumamente difícil que esa disminución finalmente tenga efecto.

¿Por qué?

El decreto legislativo llegó el viernes a Casa Presidencial en busca de la firma del presidente Carlos Alvarado, eso quiere decir que ahora tiene hasta el próximo 5 de noviembre para decidir si lo apoya (sanciona) o lo rechaza (veta).

El problema con ese margen es que si el proyecto no se aprueba antes del 1° de noviembre, cuando por ley inicia el cobro del derecho de circulación, no importa lo que suceda, esa rebaja no se materializará.

Incluso, si el Presidente retrasara ese apoyo, su publicación en el diario oficial La Gaceta, requisito de ley, podría no llegar antes del lunes.

Podría también anunciar el veto a finales de semana, por lo que tampoco habría tiempo para que los diputados lo resellen, máxime cuando a partir del lunes es el Gobierno el que controla la agenda legislativa.

“La realidad es que estamos atados de manos porque si al 1° de noviembre no está convertido en ley de la República ese texto deviene en letra muerta, esa es la verdad. Incluso apoyándolo no hay certeza de que se publique a tiempo, pero nada nos hace pensar que eso vaya a suceder”, dijo el jefe de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank.

“Lo otro es que el Presidente podría vetarlo por cuestiones de oportunidad o de constitucionalidad, si alega temas constitucionales una consulta a la Sala, suponiendo que lo convocara, es enterrar el proyecto”, añadió el diputado.

José María Villalta, jefe del Frente Amplio, dijo que los diputados deben ser honestos con la gente y reconocer lo complicado del panorama.

“Trataría de ser muy honesto con la gente y no darle falsas expectativas o un alegrón de burro. Desde que se aprobó el proyecto, a pesar de que corrimos mucho, se sabía que había un riesgo del veto del Ejecutivo. La situación está difícil y va a ser bien difícil que esta ley se logre aprobar”, aseveró.

Villalta aseguró que, para muchos diputados, el Gobierno “intentó asustar con la vaina vacía” con el tema del veto, pero que para él esa posibilidad, en este caso, sí era real.

“El proyecto está en el quirófano con pronóstico reservado, mientras no haya venido el veto no podemos decir que está muerto, pero sí en la unidad de cuidados intensivos”, añadió.

Exigencia

María José Corrales, cabeza de la fracción de Liberación Nacional, aseguró que, antes de calificar el estado del proyecto, lo correcto sería exigirle al Gobierno que tome una decisión “lo antes posible” sobre el futuro de la iniciativa.

“Lo primero es hacer un llamado vehemente para que el texto se pueda publicar lo antes posible y garantizarle a ese 82% de la flota vehicular un alivio en medio de la crisis. Si por A o por B el Presidente toma otra ruta sería lamentable, pero que la manifieste, que retrate su insensibilidad en darle un respiro a los costarricenses con un proyecto responsable, progresivo pero sobre todo solidario”, afirmó.

Franggi Nicolás, proponente de la iniciativa, fue más allá y dijo que Alvarado solo está ganando tiempo para que la iniciativa no pase, pero advirtió que si eso sucede, el Ejecutivo luego no tendrá derecho a quejarse del descontento popular.

“El señor Presidente está buscando ganar tiempo, patear las bola para delante. Yo honestamente esperaría que se vete la iniciativa, que no nos salga diciendo que no le va a poner su firma y que no lo haga al cierre de esta semana para no poder reaccionar o que está buscando la forma de anunciar el rechazo sin provocar el enojo de la gente…

Yo le digo que, si no lo apoya, luego no se quejen de ese enojo válido y justificado, porque la crisis no solo está en el Estado, está también en la calle, en las casas”, aseguró.

Precisamente, Nicolás presentó la posibilidad de esa rebaja desde mayo anterior, pero no fue hasta el arranque de las sesiones ordinarias, en agosto, cuando se convocó.

Con ese margen tan estrecho, fue prudente impulsar esa rebaja a sabiendas de que era tan posible que fracasara?  

“El año pasado se logró, si no se hubiera hecho el intento, el reclamo sería por qué no intentamos el rebajo, entonces creo que había que hacer el intento dejando claro que esta vez no iba a ser tan fácil como hace un año. Peor hubiera sido que ni siquiera se intentara darle ese alivio a la gente, pero ahora será el Ejecutivo el que tenga que decidir si asume esa cuota”, concluyó Villalta.