Quince partidos políticos quedaron fuera del financiamiento de la deuda política luego de no alcanzar el umbral mínimo requerido por la legislación electoral. Entre las agrupaciones que no podrán acceder a estos recursos figuran el Partido Liberal Progresista, el Partido Avanza y el Partido Nueva República, entre otros.

La deuda política corresponde a un porcentaje del presupuesto estatal destinado a financiar las campañas electorales y procesos de capacitación de los partidos (ver video adjunto en la portada).

Para optar por este beneficio, las agrupaciones deben obtener al menos un 4% de los votos válidamente emitidos en las elecciones presidenciales o legislativas, o bien lograr elegir al menos una diputación en la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el escrutinio preliminar, solo cinco partidos cumplieron con estas condiciones: el Partido Pueblo Soberano, Liberación Nacional, el Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana.

El Partido Pueblo Soberano sería el mayor beneficiario, con un monto estimado de ¢20.119 millones, seguido por Liberación Nacional con ¢12.251 millones, la Coalición Agenda Ciudadana con ¢1.917 millones, el Frente Amplio con ¢3.424 millones y la Unidad Social Cristiana con ¢1.580 millones.

En total, el monto global de la contribución estatal para estas elecciones fue fijado en ¢39.300 millones, según una resolución del TSE emitida en marzo del año anterior. Cada voto válido tendría un valor aproximado de ¢8.873.

No obstante, el acceso efectivo a estos recursos no es automático. Los partidos deberán presentar ante el TSE la documentación que respalde sus gastos de campaña, los cuales serán revisados por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Solo los montos debidamente justificados serán reconocidos, y cualquier saldo no utilizado quedará a favor del Estado.

Además del análisis financiero, la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó la fortaleza democrática del proceso electoral costarricense, resaltando la alta participación ciudadana, la transparencia y el ambiente pacífico de la jornada. 

Sin embargo, también advirtió sobre riesgos en el modelo de financiamiento, como la desigualdad entre partidos y la posibilidad de que agrupaciones con menos recursos recurran a financiamiento personal o créditos, lo que podría abrir la puerta a la infiltración de fondos de origen ilícito.

Finalmente, cabe recordar que el monto de deuda política para estas elecciones fue reducido por decisión legislativa. De no haberse aprobado esta disminución, el financiamiento estatal habría superado los ¢93.000 millones. En comparación, en las elecciones de hace cuatro años se distribuyeron ¢19.000 millones.

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