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Los diputados de la comisión de Gobierno y Administración aprobaron este martes respetar la autonomía universitaria en temas de regulación, un punto medio entre los que defendían su exclusión total de la reforma al empleo público y aquellos que abogan por la total inclusión.

Se trató de una revisión a las mociones 89, 90 y 91 del expediente, que precisamente señalan que las universidades se regularán por su propio sistema de empleo público en respeto con los principios de la Constitución Política.

La moción agrega un inciso al artículo 6 de la ley que establece: “el sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno de conformidad con los artículos 84, 85, 87 de la Constitución Política”.

Esto significa que las universidades estarán dentro de la aplicación de la ley y deberán apegarse, por ejemplo, al salario único y la escala salarial, pero tendrán libertades de autorregulación en temas como contratación.


Pero eso también significa que se podrán sentar a la par del Ejecutivo en la negociación de sus condiciones particulares, incluidos los salarios.

La moción fue duramente criticada por el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, quien señaló que con esta se crea un “feudo universitario”, una “isla en el empleo público” que le dará a las universidades una autonomía dentro de la ley.

“Si se aprueba esa moción, les adelanto, no votaré a favor este proyecto”, dijo tajante el socialcristiano.

La liberacionista Karine Niño, a cargo de la moción aprobado, subrayó que de ninguna forma se estaba excluyendo a las universidades públicas de la ley ni tampoco creando ningún privilegio.

“Si hubiera querido excluirlas presento una moción en esa línea, mi interés aquí no es ese, es blindar el proyecto de manera que se respete esa autonomía universitaria pero no en salarios, sino en temas administrativos como la contratación”, dijo.