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El proyecto de ley que pretende legalizar el cultivo y comercio de cáñamo industrial y cannabis medicinal en Costa Rica se enfrenta ahora al escrutinio internacional en su intención de convertirse en ley.

La iniciativa, que está en manos del Poder Ejecutivo desde la semana anterior, está a la espera de que el presidente Carlos Alvarado la firme o vete según su potestad constitucional; sin embargo, el Gobierno anunció a los diputados, este jueves, que la Organización de Naciones Unidas (ONU), y su Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), desean revisar el texto aprobado para verificar que se apegue a la normativa internacional.

“Como Poder Ejecutivo apoyamos la iniciativa (…), por eso nos parece importante que esta iniciativa no solo cumpla los estándares que corresponden en materia de salud pública, sino que además sea conteste con nuestras obligaciones internacionales, las que el país ha venido asumiendo a lo largo de los años”, dijo la ministra de la Presidencia, Geaninna Dinarte.  

El Ejecutivo recortó a los diputados que desde octubre de 2020 señalaron a la Comisión de Ambiente que el texto en discusión debía apegarse a esa normativa internacional según los instrumentos suscritos por el país “para evitar roces de constitucionalidad y legalidad”.

“Lo anterior particularmente en cuanto al control establecido en dichos instrumentos sobre el tetrahidrocannabinol (THC) así como lo estipulado en relación con el cultivo de la planta cannabis en sus diferentes variedades, resaltando la imperiosa necesidad de que el proyecto de ley se apegue a las definiciones y nomenclatura que rigen toda la normativa internacional”, dice la misiva enviada hoy a la presidencia del Congreso.

El Gobierno tiene hasta el 31 de enero próximo para tomar una decisión sobre el proyecto, en caso de que decida vetarlo de manera total, los diputados todavía podrían resellarlo (aprobarlo sin el Ejecutivo) si consiguen mayoría calificada de 38 votos.