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El Gobierno cifra en el proyecto de reforma al empleo público una de sus principales esperanzas para reducir el gasto y alcanzar ese superávit primario de 1% en el 2023 que persigue la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tanto así, que según el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón, la ministra de Planificación Pilar Garrido habría consultado si la iniciativa podría quedar aprobada en este mes de enero, es decir, con solo tres semanas de discusión.

El problema para el Gobierno, igual que para los diputados, es que la propuesta dictaminada no está ni cerca del consenso que requiere para ser votada. Es más, prácticamente todas las fracciones coinciden en que el proyecto, tal cual se planteó, no va.

Por eso mismo es que ya hay al menos 120 mociones haciendo fila para modificar el texto base, prácticamente desde su núcleo.

El principal punto, según Chacón, será quitarle el rol de ente rector a Mideplan, y distribuir esa rectoría entre ese ministerio, el Servicio Civil y Hacienda.

“Nuestra propuesta (PLN) es que esa rectoría tenga cuatro bases, una de Mideplan en el aspecto administrativo, el del Servicio Civil en el técnico y Hacienda y Tributación en la parte económica”, dijo Chacón.

Además, el proyecto tendría sí o sí que incluir a empleados nuevos y actuales, pero de una forma en que se minimice el riesgo de enfrentar demandas laborales contra el Estado o de que las obligaciones contractuales terminen pasando una factura demasiado alta a las arcas públicas.

Todas esas propuestas ya están dentro de las mociones presentadas, que podrían ser discutidas esta misma semana si así lo deciden los legisladores.

El principal cambio que traería la reforma, sin duda, es el tema del salario único o global, que busca que todos los empleados del sector público ganen lo mismo según su puesto y especialidad, por ejemplo un ingeniero en puestos similares deberá ganar lo mismo sin importar la entidad para la que labore. 

Más drástico

La otra propuesta que aguarda en Cuesta de Moras es la de un proyecto completamente nuevo que impulsan de manera conjunta Pedro Muñoz (PUSC) y Roberto Thompson (PLN).

El texto de ellos incluye muchas de estas variantes arriba mencionadas y, además, plantea una evaluación mucho más estricta al desempeño de los funcionarios públicos, de manera que así, con un marco más punitivo, se promueva la exigencia y excelencia en la función pública.

“Nuestro proyecto sí promueve la eficiencia, sí busca poner orden, sí promueve que las evaluaciones de desempeño sirvan para algo y que no sea el ridículo que son actualmente. Busca quitarle esa rectoría de superministerio a Mideplan, es un proyecto que sí funciona, pero está ahí, esperando que la propuesta del Gobierno fracase o que el propio Ejecutivo se dé cuenta de la cochinada de proyecto que tiene y quiera convocarnos el nuestro”, dijo Muñoz.

Muñoz aseguró que, a como está redactado en la actualidad, el proyecto dictaminado “está muerto”, pues no tiene ninguna viabilidad política.

“La pregunta es si se puede arreglar, si tiene solución, si es posible arreglar una cochinada así y si hay voluntad o no para hacerlo. Nuestro proyecto está ahí, pero entendemos que no tenemos el tiempo de nuestro lado, no nos engañamos tampoco, pero lo cierto es que el texto está ahí y ellos verán qué deciden”, finalizó.

Este lunes a las 2:45 p. m. los diputados sesionarán por primera vez en el año, se espera que el tema de empleo público colme la agenda legislativa en las semanas por venir.