Proponen declarar obesidad como enfermedad crónica y obligar al Estado a combatirla

La diputada oficialista Paola Nájera presentó un proyecto que declararía la obesidad como una enfermedad crónica y con esto obligaría al Estado a prevenirla y combatirla desde la temprana edad.

Se trata del expediente 25.470, denominado “Ley General Contra la Obesidad”, que obliga a entidades públicas y privadas a convertir la atención del sobrepeso en una prioridad de salud pública y con esto impulsar acciones para controlarla, prevenirla y tratarla.

La iniciativa, que apenas iniciará su andar legislativo, convierte la responsabilidad individual que hasta hoy existe en este tema en una estrategia articulada, al precisar que la obesidad debe ser reconocida formalmente como una enfermedad no transmisible y con esto obligar a la institucionalidad a asumir un rol activo en su prevención, tratamiento y control.

“El objetivo de este proyecto de ley es crear un marco normativo que fomente la reducción de la prevalencia de la obesidad y sobrepeso, la promoción de estilos de vida saludables, la atención integral de las personas con sobrepeso u obesidad, así como la participación multisectorial para todos los grupos etarios.

“Además, concientizar sobre la obesidad como una enfermedad crónica no transmisible que se ha convertido en un problema de salud pública que requiere acciones para la prevención y atención interdisciplinaria como nutrición clínica, promoción de la actividad física, salud mental, acompañamiento psicosocial, educación alimentaria y creación de entornos saludables”, precisó Nájera.

La iniciativa propone la creación de un “Programa Nacional Contra la Obesidad”, que genera obligaciones en instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense del Deporte y las municipalidades, con el fin de generar iniciativas, desde sus competencias, en pos de esos objetivos.

Uno de los principales pilares de la propuesta recae precisamente en los centros educativos tanto públicos como privados, que deberán pomover hábitos saludables en los estudiantes, incluyendo la educación nutricional y la actividad física como herramientas clave para frenar el avance del sobrepeso en la niñez y adolescencia.

Además, la propuesta impulsa campañas nacionales de concienciación sobre alimentación saludable y riesgos asociados a la obesidad, así como la articulación de esfuerzos entre instituciones públicas y el sector privado.

El proyecto da seis meses a las entidades señaladas para presentar y alinear sus programas a la futura ley, sin embargo, no precisa las fuentes de financiamiento para asumir las nuevas responsabilidades que sí crea.

La iniciativa deberá ser asignada a comisión para iniciar con su discusión y análisis.