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El presidente Carlos Alvarado y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, firmaron este jueves el decreto que fija los parámetros para la aplicación de la regla fiscal según los criterios señalados por la Contraloría General de la República.

El decreto da por zanjada la acalorada discusión que surgió en las últimas semanas sobre la diferencia de criterios en la aplicación de la norma, específicamente sobre la base para el cálculo del cumplimiento de la regla: montos presupuestados o liquidados.

“El decreto establece que durante la formulación presupuestaria se verificará el cumplimiento de la Regla Fiscal comparando los presupuestos ordinarios de los períodos consecutivos, mientras que, al finalizar la ejecución, se verificará su cumplimiento comparando el gasto ejecutado de las liquidaciones presupuestarias de ambos períodos”, señaló Presidencia en un comunicado de prensa.

El decreto reforma los artículos 3 y 22 del decreto ejecutivo para el reglamento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El artículo 3 indica el periodo referencia para la aplicación de la regla y el 22 cómo realizar el informe final de la regla.

"El decreto no implica que la elaboración del presupuesto deba tomar como base lo ejecutado del año anterior, lo cual tanto el presidente Alvarado como el ministro Chaves han calificado como inviable", añadió la misiva.

De acuerdo

El ministro de Hacienda calificó como "una buena noticia" la firma del decreto y aseguró sentirse satisfecho por el acuerdo logrado.

"Tal y como hemos dicho es importante comparar el presupuesto de un año con el del otro y que esa sea la base de la presupuestación y que cuando se verifique se comparen el liquidado con el liquidado. De esa manera se logra consolidar el compromiso país con la regla fiscal sin causar una reducción demasiado rápida del presupuesto", dijo Chaves.

"Quisiera agradecer a todas la partes involucradas por el espíritu constructivo con el que se llegó a este acuerdo", añadió.

Esa "confusión" original de criterios entre lo planteado por Hacienda y Contraloría suponía una diferencia de 433.000 millones entre una y otra interpretación.

La cifra derivó en airadas críticas de Carlos Alvarado a la posición del ente contralor, que calificó de "suicidio" y que dijo supondría el cierre de entre cinco y seis ministerios y una amenaza a los servicios de la ciudadanía.