Presidenta del INAMU reporta los hallazgos de la investigación sobre violencia sexual en Caribe Sur

Este jueves, la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Marcela Guerrero Campos, se presentó ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para realizar una audiencia sobre la violencia sexual que se vive en el Caribe Sur del país y que, durante el pasado mes de enero, trascendió en el diálogo nacional después de que dos turistas extranjeras sufrieran agresiones sexuales con apenas ocho días de diferencia en esa misma localidad.

Durante su presentación, Guerrero aseguró que “el tema del Caribe Sur no es algo nuevo, se hizo público a raíz de una violación múltiple que sufrió una ciudadana danesa y que se reportó en la madrugada del 6 de enero. Estos hechos dieron pie para hacer una coordinación interinstitucional”.

La ministra recalcó que, tras el evento, el INAMU llevó a cabo una serie de visitas y coordinaciones interinstitucionales que derivaron en un compromiso por parte de esa entidad de establecer personal de apoyo en la región afectada con la finalidad de atender la “carencia de infraestructura".

Reveló que durante estas visitas, la entidad comprobó que esta problemática también ocurre en “otras zonas costeras del país, en razón de una serie de poderes que podríamos denominar como los poderes del crimen organizado”.

Guerrero puntualizó que la principal preocupación del INAMU es que las víctimas sean atendidas de forma integral cuando reportan una agresión de este tipo. Sobre este punto, detalló que existen dos elementos que deben ser atendidos por el Estado. 

El primero es conseguir que las víctimas de agresiones sexuales denuncien los hechos y en segundo lugar, que partiendo de esa denuncia, se facilite el proceso de atención de la víctima, que incluye una revisión médica estipulada dentro del Protocolo de las 72 horas.

Sobre este segundo punto amplió la diputada oficialista, Nielsen Pérez, quien aseguró que en Costa Rica existe “una política cultural de no denunciar” presente en muchos de los casos de agresiones sexuales.

“Cuando ocurren agresiones sexuales en una casa que involucran a un niño o a una niña, por ejemplo, el hecho se tapa. Los padres prefieren que se quede a lo interno de la familia, para resolverlo como un problema familiar más, entra en juego la frase popular que dice que ‘la ropa sucia se lava en la casa’ y es precisamente a partir de este momento que empieza a generarse un ciclo de afectación y de impunidad”, dijo Pérez, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC).

La legisladora considera que también debe evaluarse el proceso que sigue después de que una víctima interpone una denuncia. Sobre este punto amplía que hay “una grandísima deuda del sistema de justicia”, ya que en algunos casos el trato del personal no es acorde con la atención que la víctima merece; “no sabemos si se les está dando esa atención cálida tan necesaria para sobrellevar un momento tan duro en la vida como lo es sufrir una agresión sexual”, pronunció.

Por otro lado, también destaca que el idioma puede llegar a ser un obstáculo dentro de este proceso de atención, “vemos el caso de la ciudadana danesa que sufrió una violación múltiple el 6 de enero y que acudió a denunciar los hechos, porque para recibir esa atención, era necesario poderse comunicar con los funcionarios que la atendieron, y ella solo hablaba danés e inglés”. Por lo tanto, sugiere que el idioma también se tome en cuenta dentro de futuras capacitaciones y acciones, ya que se debe también garantizar ese derecho a las víctimas de agresiones sexuales que vienen desde el extranjero.

Otro obstáculo que debería atenderse en cuanto al proceso de denuncia son las distancias que muchas víctimas se ven obligadas a recorrer para poder completar el protocolo de atención y que incluyen el traslado hasta el centro de salud donde se brinda la atención médica requerida después de una agresión de este tipo.

Esa atención médica se refiere al Protocolo de las 72 horas, que se implementa desde hace 10 años en Costa Rica. El protocolo se activa cuando la persona afectada llega al centro médico, preferiblemente un hospital, o directamente a la Fiscalía. La idea de que sea antes de las 72 horas luego del incidente es porque, hasta ese momento, todavía pueden detectarse pruebas de fluidos en el cuerpo. Además, porque en este plazo también se le pueden administrar a los afectados los antirretrovirales necesarios para evitar infecciones o enfermedades de transmisión sexual, e incluso la pastilla del día después.

Dichas pruebas sirven luego para robustecer las denuncias y, en palabras de Guerrero, “contar con las pruebas suficientes para erradicar la impunidad que se ha establecido” en cuanto a las agresiones sexuales.

Sin embargo, en muchos casos, el lugar donde la víctima acude primero para poner la denuncia, no suele ser el mismo donde están las herramientas y el personal capacitado para realizar el Protocolo de las 72 horas. Sobre esto, la ministra apuntó que “estamos trabajando en ampliar un convenio que tiene la Secretaría de Género con el Poder Judicial y con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que no solamente en los centros hospitalarios, sino en aquellas zonas que tienen una lejana distancia, para que haya una infraestructura y los profesionales necesarios para atender todos los casos”.

Recordó, durante su intervención, que en el caso de violación múltiple contra la ciudadana danesa el pasado 6 de febrero, “ella llegó a la Clínica de Homecreek, pero ellos no tienen todos los elementos necesarios para aplicarle el Protocolo de las 72 Horas. Entonces le indicaron que debía ser trasladada hasta otro punto en Limón para continuar con el proceso”. Este elemento, en muchos casos, llega a convertirse en un obstáculo capaz de frenar una posible denuncia, porque se expone a la víctima a tener “resistencia de primera entrada, porque el traslado es un paso más que se suma al doloroso momento que están viviendo”. En el caso de la ciudadana danesa, por ejemplo, fue uno de los factores que incidió en que la mujer finalmente no pusiera una denuncia.

Sin embargo, aseguró que, gracias a eso, el INAMU se pudo trasladar hasta el Caribe Sur para habilitar más apoyo para las víctimas. Según Guerrero, este esfuerzo dio frutos, ya que, cuando ocurrió la siguiente agresión sexual contra una turista estadounidense ocho días después, gracias a la presencia reforzada, la mujer pudo llevar a cabo el proceso de atención íntegramente, de manera que se concretó una denuncia formal sobre el caso.