Por Juan José Herrera |21 de septiembre de 2023, 7:00 AM

Premiar con dinero a los funcionarios públicos o personas que denuncien un acto ilegal; exonerar del pago de cargas sociales a los patronos que contraten trabajadores en su primer empleo y legislar por referendo, fueron tres de las promesas de campaña más polémicas que lanzó Rodrigo Chaves en su camino a la Presidencia.

Hoy, 500 días después de haber asumido el poder, ninguna de esas propuestas se ha materializado.

La primera de esas ideas se plasmó en un proyecto de ley el 2 de noviembre anterior, cuando Chaves anunció la presentación de una iniciativa que prometía una recompensa económica para personas físicas o jurídicas que denunciaran delitos de corrupción nacional o transnacional, siempre y cuando se llegara a una sentencia condenatoria.

En su redacción, el texto ponía como condiciones que la condena superara los cuatro años de prisión y que la información brindada por el denunciante haya sido “oportuna e idónea” para permitir la identificación plena del delito o sus autores.

“Este es un abono más a esa deuda histórica, es una ley que, había dicho, es importante para el país y que va a proteger todavía más a las personas que denuncian actos de corrupción y va a premiar a las personas que habiendo denunciado esos actos le permitan al Estado evitar un robo a la población o recuperar recursos ya robados”, dijo el mandatario en aquella oportunidad.

El texto se presentó ante la Comisión de Asuntos Jurídicos; que, luego de su análisis y consultas, lo tiene a las puertas de ser dictaminado, pero sin ningún premio de por medio.

“El premio sin duda era la parte más novedosa, pero se eliminó porque había complicaciones de diversa índole: Primero es ¿de dónde van a salir los fondos esos para pagarle a la gente que denuncie?; segundo, crear un incentivo perverso para las denuncias maliciosas y tercero, y no menos importante, que precisamente hay un deber que tienen los funcionarios públicos de denunciar ante el conocimiento de situaciones que sean contrarias a la ley”, aseguró el liberal Jorge Dengo, presidente de la comisión.

Sin ese premio, reconoció Dengo, el proyecto básicamente reforzará lo que hoy dice la ley.

“Nos comprometimos a presentar ese proyecto porque tenemos una lucha contra la corrupción. Seguimos creyendo que esto es importante para el país, pero en la corriente legislativa uno sabe qué es lo que entra, pero no lo que sale.

“Lo importante es que la legislación modernice esa lucha contra la corrupción y hasta ahora estamos satisfechos de que pueda avanzar y que pueda convertirse en ley lo antes posible”, aceptó el ministro de Comunicación, Jorge Rodriguez.

Ayudar al empleo

La segunda promesa estaba incluida en el plan de Gobierno de Chaves y apostaba por la exoneración del pago de las cargas sociales, durante un año, para patronos que contraran a trabajadores que estuviesen iniciando su vida laboral. En otras palabras, que tuviesen su primer empleo.

Con esto, insistió el entonces candidato, se crearía un incentivo para los empleadores en contratar a nuevo talento y permitiría, a su vez, que este ganara experiencia laboral. 

​Esa propuesta no ha llegado a la corriente legislativa. 

"Doña Marta Esquivel (presidenta de la CCSS) está haciendo un análisis con la gente de la Caja a ver cómo la podríamos poner en marcha, es muy complejo por la estructura misma de la Caja, pero sí queremos ver si la impulsamos.

"Yo sí quiero decir que se analiza el Gobierno a los 100 días y a los 500 días, pero para mí el Gobierno no termina hasta el 8 de mayo de 2026; o sea, todavía tenemos dos años y medio y muchas de las promesas, aunque han costado mucho, entonces la evaluación final debería hacerse cuando termine el gobierno", dijo la diputada Pilar Cisneros, jefa del oficialismo.

Impulsar referendos

La tercera y posiblemente más polémica promesa de Chaves fue la posibilidad de legislar por referendo para saltarse a los diputados y así "gobernar con el ciudadano".

La propuesta se presentó bajo el nombre “Ciudadanos al poder ¡Ya!”, y defendía un empoderamiento ciudadano como una forma de “fortalecer la democracia” mediante referendos.

Para ese fin, se buscaría una forma de hacerlo más baratos.

Hasta ahora no se ha presentado ninguna propuesta de consulta a ese ejercicio democrático. La única vez que se planteó fue precisamente en agosto del año anterior, cuando en el discurso de los 100 días el mandatario aseguró que enviaría el tema de las pensiones de lujo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y que, si esa vía no fructificaba, llevaría al tema a referendo.

Hoy, 400 días después, esa consulta no se ha presentado.

“Eso está en proceso, se está construyendo el caso. Nosotros no descartamos ninguna vía, simplemente estamos terminando de afinar el documento que estaríamos presentando en la sede que corresponde", finalizó el ministro Rodríguez.

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