Por Juan José Herrera |12 de octubre de 2022, 12:43 PM

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, aseguró hoy a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que incluso “los allanamientos de la mañana” están en peligro por el recorte presupuestario que plantea el Ministerio de Hacienda al Poder Judicial.

Aguirre, cabeza de ese poder de la República, ofreció una larga exposición a los legisladores sobre algunas de las partidas que se verán afectadas por la reducción de ₡7.838 millones en el presupuesto de 2023.

Entre estas, criticó la rebaja de ₡99 millones en el pago de horas extra, que dijo son esenciales para la atención de sucesos fuera de las jornadas de trabajo, como juicios, allanamientos o atención de víctimas en situaciones de riesgo.

“Al rebajarnos esta partida obviamente estos servicios se van a ver afectados y posiblemente los allanamientos que estamos acostumbrados a ver en la mañana ya no los vamos a ver”, dijo.

Añadió, por ejemplo, que se elimina el 100% del rubro de viáticos cuando los operativos policiales requieren el traslado de recurso humano a diferentes delegaciones o las reuniones previas que son necesarias para un allanamiento.

En la misma línea, criticó que se eliminan las subpartidas para el pago de pólizas como la de riesgos de trabajo, vitales, por ejemplo, para los oficiales del Organismo de Investigación Judicial.

También dijo que se eliminan ₡136 millones para el pago de alimentos de privados de libertad que permanezcan en edificios judiciales, el 100% de los recursos para pagos de gastos confidenciales que permiten las investigaciones en narcotráfico, compra de droga o alquileres paga vigilancia.

Dijo, además, que se eliminan las partidas de pago de marchamos o renovación de chalecos antibalas, que dejarán fuera de operación los vehículos judiciales y a más de 900 oficiales.

Por todo esto, Aguirre afirmó que el proyecto presupuestario afecta la independencia judicial “porque se hicieron rebajos en forma inconsulta, no hubo ningún contacto con la autoridad judicial para hacerlo y sin criterio técnico”.

El magistrado defendió, ante consultas de los diputados, que intentaron comunicarse con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para discutir las rebajas, pero que este no lo quiso atender alegando problemas de tiempo.

Eficiencia y gasto

En respuesta a las quejas de los magistrados y funcionarios judiciales, los diputados argumentaron la urgencia de que sea el Poder Judicial el que presente propuestas de recorte que permitan compensar las rebajas que defienden anular.

Pilar Cisneros, jefa de oficialismo, fue más allá y criticó con dureza el crecimiento sostenido del gasto en ese Poder de la República, especialmente en el apartado de remuneraciones, que dijo ha crecido de manera sostenida en los últimos años de la mano también con la mora judicial.

"¿Es un problema de recursos o de eficiencia? Porque la eficiencia que ustedes le deben a la ciudadanía no se la han dado. En los últimos 20 años el presupuesto se ha quintuplicado y la cantidad de empleados duplicado.

"Si están cumpliendo, ¿por qué cada vez menos los ciudadanos confían en el Poder Judicial y por qué la mora judicial se está cercando a los 1.4 millones de expedientes?", dijo Cisneros, quien pidió a los magistrados "ponerse una mano en el corazón" ante la precaria situación fiscal y económica del país.

Otros, como el liberacionista Gilberth Jiménez, cuestionaron los elevados pluses y sobresueldos que se pagan en el Poder Judicial y que, como dijo Cisneros, no se han visto reflejados en un tema de eficiencia.

Pese a esto, el órgano acordó esperar las propuestas judiciales para presentar mociones e intentar enmendar, en la medida de lo posible, los recortes planteados por Hacienda.

Repase aquí la comparecencia: