Por Juan José Herrera |17 de agosto de 2021, 15:01 PM

Pese al veto presidencial total el proyecto de pesca de arrastre de camarón sigue siendo un tema de discusión en la Asamblea Legislativa.

Este martes los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios debatieron sobre los plazos de un eventual resello a la polémica iniciativa que defiende la reactivación de ese modelo de pesca en el país.

Los diputados del PAC, acérrimos enemigos de la propuesta, presentaron una consulta a Servicios Técnicos argumentando que la posibilidad de ese resello, única vía legal que tiene el expediente para convertirse en ley, venció hace meses.

Paola Vega aseguró que el proyecto entró el 10 de noviembre de nuevo a comisión y se venció hace 7 meses, pero según Servicios Técnicos por las convocatorias y desconvocatorias todavía estaría activo.

Los funcionarios del departamento de Servicios Técnicos explicaron a los diputados miembros de la Comisión que todavía están en plazo para conocer el resello en las sesiones correspondientes a hoy y mañana.

La discutida iniciativa establece que para el aprovechamiento sostenible de camarón con redes de arrastre debe contar con dispositivos excluidores de peces y tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de acompañamiento y la reducción de impactos ambientales al ecosistema marino.

Además, que las licencias para el aprovechamiento sostenible de camarón con fines comerciales únicamente se otorgarán a las embarcaciones de bandera y registro nacionales, así como a las personas físicas y jurídicas costarricenses.


Sin embargo, el Ejecutivo, encabezado por el presidente Carlos Alvarado, argumentó que todas esas razones son insuficientes para justificar la reactivación de una práctica contraria a la política de conservación ambiental que el país defiende.

Melvin Núñez, proponente de la iniciativa, ha insistido en que esas nuevas regulaciones son suficientes para permitir la pesca de arrastre y con esto llevar auxilio a cientos de familias costeras que viven de la pesca y que han visto truncadas sus opciones laborales a raíz del veto de 2013.

Para conseguir ese resello el proyecto deberá ser aprobado con al menos 38 votos, una cifra incierta ante lo polarizado que está el Plenario acerca de este tema.