Oficialismo impulsa investigación a U públicas, pero rechaza la de exdirigente de PPSO

La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos aprobó este jueves la moción que impulsó el oficialista Pueblo Soberano para investigar la administración y el uso del presupuesto destinado a las universidades públicas.

La propuesta, votada por unanimidad en el órgano, propone indagar, por hasta dos años, sobre la administración, ejecución, control, fiscalización y transparencia de estos recursos, especialmente en los provenientes del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES).

El oficialismo defendió, con especial interés, la importancia de analizar el uso que algunos centros de educación superior están dando a esos recursos luego de las publicaciones de prensa recientes que cuestionaron millonarios gastos en temas como alimentación o actividades protocolarias, particularmente en la Universidad de Costa Rica.

Sin embargo, los diputados de gobierno se negaron, una vez más, a investigar al exsecretario de Pueblo Soberano Boris Marchegiani, recientemente designado por el Poder Ejecutivo como embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas.

La moción, que volvió a impulsar sin éxito el liberacionista Salvador Padilla, pretendía llamar en audiencia al diplomático para que respondiera por la deuda de $8.3 millones que una sociedad que él preside mantiene con el Banco Nacional, según reveló semanas atrás el diario La Nación.

Según ese medio, la empresa Grupo Mercantil Lapis Lazuli S. A., de la que Marchegiani es también apoderado generalísimo, solicitó en 2006 un crédito a esa entidad por $2,6 millones; la deuda actualmente asciende a $8,3 millones entre principal, intereses y gastos.

Antonio Barzuna, diputado oficialista, defendió que ese caso ya está judicializado y que, por lo tanto, son los tribunales los encargados de esa investigación; sin embargo, la frenteamplista Sigrid Segura le recordó que no se trata de hacer un juicio, sino de cumplir con el mandato del control político.

La oposición tampoco consiguió los votos para reabrir la investigación por la concesión del tramo Barranca Limonal y la participación de la empresa mexicana Tradeco, un expediente que se archivó en ese órgano por orden del presidente Gonzalo Ramírez.

En ese sentido, se rechazó traer en audiencia al exgerente del Instituto Nacional de Seguros, Luis Fernando Monge, quien meses atrás había denunciado, ante los diputados, presuntas irregularidades y presiones indebidas desde el Ejecutivo hacia el INS en favor de Tradeco.

El órgano sí aprobó, además, investigar por hasta dos años la concesión y ampliación de la Ruta 27, hoy a cargo de la española Globalvía.