Oficialismo duda sobre procedencia de sancionar a Fabricio Alvarado como exdiputado

La fracción oficialista y la Presidencia del Congreso mostraron este jueves sus dudas sobre la procedencia o no de sancionar a Fabricio Alvarado ahora que ya no es diputado de la República.

La presidenta en ejercicio, Esmeralda Britton, comunicó esta mañana a las jefaturas de fracción la decisión de consultarle al departamento de Servicios Jurídicos cuál debería ser el siguiente paso en la investigación contra el exlegislador de Nueva República, acusado de presunto acoso sexual por parte de la también exdiputada Marulín Azofeifa.

“Vamos a esperar el criterio de la parte jurídica porque fue esta área quien acompañó todo el proceso de la comisión sobre la discusión de este tema.

“Estos temas no se pueden dejar a la ligera, no se pueden quedar en el aire, pero tenemos que hacerlo bajo la legalidad que nos indique el departamento de Servicios Jurídicos, de forma tal que podamos hacer las cosas de forma correcta y no tener que echarla para atrás”, dijo Britton.

Esa postura responde a la presión de Liberación Nacional y el resto de las bancadas de oposición por dar término a la investigación legislativa contra Alvarado, un proceso que no se pudo concluir en el Congreso anterior debido al bloqueo de Nueva República y la pasada bancada oficialista, que se ausentaron de las sesiones donde debían votarse los informes.

“Coincido con todos en la importancia de este caso. Es un reconocimiento de actitudes que tenemos que desterrar de este Parlamento, pero tenemos que separar los dos escenarios, esto es en el plano administrativo y hay uno penal.

“¿Se puede castigar a un funcionario que ya no es funcionario por una actitud que originó mientras lo era? Este Plenario mal haría en tomar una decisión que no estuviera apegada a la jurisprudencia. La discusión tiene que ser por la forma y el fondo”, cuestionó el jefe del oficialismo, Nogui Acosta.

Las bancadas de oposición han insistido en que esta Asamblea debe dar término a ese proceso, pues de no hacerlo se expone a condenas legales por incumplimiento de deberes.

“La decisión sobre este proceso le corresponde al Plenario Legislativo, que tiene un plazo y un reglamento. No es un precedente saludable para nuestra democracia, para los derechos humanos y de las mujeres, que un caso así quede en nada. Que el Estado no brinde una respuesta a las víctimas que han denunciado esta situación”, defendió el frenteamplista José María Villalta.

“Es nuestra obligación mandar una señal que la Asamblea Legislativa anterior se negó a dar, una señal al país y a las mujeres de toda Costa Rica, una señal de que no las vamos a desamparar y que la legislación protege a las mujeres del acoso, la violencia y de cualquier forma de hostigamiento sexual o de género, y creo que sería una muy mala señal que arranquemos esta Asamblea”, añadió la socialcristiana Abril Gordienko.