Movilización en defensa del Poder Judicial toma calles de San José y Plaza de la Democracia

Un plantón en la Plaza de la Democracia y marchas por las calles entre Montes de Oca y San José abogan la tarde de este jueves por la defensa del Poder Judicial, en momentos de ataques y recortes de parte del Gobierno de la República.

Varios cientos de personas se movilizaron con camisas blancas, incluso desde antes de la hora a la que habían sido convocadas por sindicatos, organizaciones sociales y hasta universidades públicas. Está previsto que la actividad se extienda por al menos cuatro horas.

Simultáneamente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, lanzó un llamado a la mesura, el respeto y la voluntad de entendimiento.

"Los deberes que establece la ley hacen posible el funcionamiento del Estado y la protección de los derechos de las personas. El Poder Judicial cumple con ese deber cuando rinde cuentas, cuando defiende los recursos necesarios para administrar justicia o cuando señala los límites que establece la Constitución. No busca confrontar a nadie ni obtener privilegios. Cumple con su deber", subrayó el magistrado.

Precisamente, durante los últimos dos meses el Poder Ejecutivo ha llevado adelante al menos tres acciones que impactaron el presupuesto del Judicial, en medio de una ola de criminalidad que durante los últimos años ha afectado a Costa Rica.

A ello debe sumarse que la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), ha bloqueado deliberadamente el nombramiento de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Este tribunal declaró con lugar el 30 de julio pasado un amparo contra tal situación y ordenó prorrogar las designaciones como una medida provisional ante la negativa de los diputados.

Tal resolución llevó a que, un día más tarde, la presidenta Laura Fernández, junto a su fracción, acusaran al Poder Judicial de un "golpe de Estado" y hasta querellaran a los cuatro magistrados que suscribieron el fallo por supuesto prevaricato (dictado de resoluciones contrarias a la ley).

Ya para entonces, la mandataria, junto al exgobernante y ministro Rodrigo Chaves, había escalado su narrativa contra el Poder Judicial, al llenar de dudas las operaciones que llevaron a cabo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público el 24 de julio anterior, que acabó con la detención de Alejandro Arias, conocido como "Diablo", quien era el criminal más buscado del país.

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