Por Juan José Herrera |9 de febrero de 2022, 10:49 AM

Luego de semanas de negativas y contradicciones, el Ministerio de Educación Pública (MEP) finalmente responsabilizó a la Dirección de Gestión de Calidad y Evaluación y al departamento de Evaluación Académica y Certificación de los polémicos cuestionarios de factores asociados que se le practicaron a miles de estudiantes en noviembre del año anterior.

En un extenso informe firmado por el ministro Steven González y remitido al Consejo Superior de Educación el pasado 22 de enero, el ministerio atribuye toda la responsabilidad de esa falta de controles al exdirector Pablo Mena y la exjefa Florlenis Chévez por la definición, elaboración, revisión y aplicación de esas pruebas.

El jerarca reconoció al Consejo Superior de Educación la falta de controles que tuvo la aplicación de los cuestionarios, así como la ausencia de verificaciones técnicas y jurídicas que eran necesarias, pero que no consta ningún registro de que se hicieran.

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Sin embargo, González y su cartera excluyeron de toda responsabilidad en el tema a la exviceministra académica Melania Brenes y a la ministra Giselle Cruz, ambas ya fuera del cargo luego del escándalo por la aplicación de las pruebas.

“No corresponde al Viceministerio Académico o la persona que ocupa el Ministerio de Educación dar estos vistos buenos desde el punto de vista presupuestario o la revisión final de pruebas o cuestionarios elaborados en esa dependencia”, afirma el informe.

El documento señala además que “no existe evidencia de quién o quiénes sugirieron o autorizaron la metodología de aplicación de los cuestionarios y en lugar de aplicarlos el mismo día de la prueba (ciencias, español y matemáticas) y otro día el tronco común de materias (como se hizo en el pilotaje)”.

Esa decisión fue la que provocó que más de 70.000 escolares pasaran hasta cuatro horas respondiendo preguntas que, en muchos casos, violaron su privacidad, como ya afirmó la Sala Constitucional.

El informe aclara que en el pilotaje de 2019 esas pruebas sí se separaron, pero que ese criterio, por razones desconocidas, se obvió en 2021.

Afirma que fue el equipo de Factores Asociados y Logística el que propuso la construcción de ítems específicos sobre la pandemia, una tarea que estos asesores afirman se realizó por encargo de la propia Chévez, quien negó ante los diputados esa responsabilidad y se autodefinió como "una jefatura de mentirillas". 

El documento señala, además, que en ninguna parte consta “que la Dirección de Calidad sometiera los cuestionarios a revisión jurídica por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica del MEP ni a los asesores legales de los despachos de los Viceministerios, ni del Despacho Ministerial, como tampoco al asesor legal del Consejo Superior de Educación”.

El ministro finaliza el informe asegurando que “no le corresponde al Consejo Superior de Educación ni a los jerarcas del MEP el conocer, redactar, aprobar o divulgar ninguna de las pruebas nacionales o cuestionarios elaborados o administrados por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad”, ente al que por decreto le corresponde administrar los programas nacionales de evaluación académica y certificación de conocimientos además de las competencias establecidas en la normativa aplicable.

Molestia

El descargo del ministro y su decisión de excluir a todos los altos mandos del MEP de cualquier responsabilidad sobre los cuestionarios no cayó bien entre los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, encargados precisamente de llevar a cabo la investigación legislativa sobre el tema.

Luis Fernando Chacón (PLN) apuntó precisamente contra el interés del MEP de justificar que todas las pruebas se hicieron bajo supervisión de mandos medios y que ninguno de los jerarcas estuvo enterado del tema, a pesar de que la exviceministra Melania Brenes era la responsable superior de la DGEC.

“Este informe se marca una absoluta irresponsabilidad del MEP tratando de justificar que todas las pruebas fueron ejecutadas por mandos medios sin supervisión de nadie, lo cual me parece más grave que las propias pruebas”, dijo Chacón.

La también liberacionista y presidenta de la comisión, Yorleny León, lamentó que el informe esté lleno de conclusiones irrelevantes pero también que se evidencie "una desconexión total" entre las jefaturas y los mandos medios del MEP, al tiempo que también cuestionó la intención del ministro de no querer sentar responsabilidad sobre los altos mandos.

"Aún cuando el informe señala que el ejecútese estuvo a cargo de dos jefes de departamento, eso no releva bajo ninguna circunstancia a los superiores, en este caso a la viceministra (Brenes) ni tampoco a la ministra a cargo de esa gestión (Cruz), pero particularmente no releva bajo ninguna circunstancia al Consejo Superior de Educación, que es la máxima instancia", aseguró la diputada.

El ministro González finaliza el informe recomendando al Consejo mantener el acuerdo de no aplicar los cuestionarios de factores asociados "hasta tanto no se realice un marco de referencia nacional que sea conocido y analizado integralmente por el Consejo Superior de Educación".

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