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La Ley para la Gestión y Regularización del Patrimonio Natural del Estado y del Derecho de Utilidad Ambiental (conocida como ley DUA), se tambalea ante la falta de estudios técnicos y científicos que justifiquen su necesidad y aclaren sus alcances.

La advertencia la realizó este lunes el procurador general de la República, Julio Jurado, ante los diputados de la Comisión de Zonas Costeras y Fronterizas, encargado de dar trámite a la iniciativa.

Jurado explicó que cualquier proyecto que incluya una disminución del nivel de tutela del Estado sobre su patrimonio natural debe ser ampliamente justificado y que ahora mismo el expediente no cumple con este requisito.

“Debe analizarse la afectación que dicha disminución de la tutela pueda tener en el ambiente, tener un estudio de ese impacto y un estudio técnico científico que justifique que la ocupación ilegal o irregular en el patrimonio natural del Estado tiene una magnitud y una amplitud que justifique las reformas propuestas”, dijo Jurado.

La iniciativa, que se tramita bajo el expediente 22.391, busca tratar de regularizar la condición jurídica de unas 50 mil familias que hoy viven en 245 poblados establecidos en zonas protegidas.

Se trataría de dar un derecho de utilidad ambiental (DUA) a estas familias para que estas puedan usar de manera legal esos terrenos y gozar de ciertos derechos como ocupantes formales; sin embargo, la titularidad de los terrenos seguirá siendo del Estado.

La ley también garantizaría a los ocupantes de estos terrenos el acceso legal a los servicios públicos y permitiría además la construcción de infraestructura pública en estos.

El DUA no será otorgado a personas que estén en parques nacionales y reservas biológicas.  Tampoco si practican exploración y explotación de minerales o hidrocarburos, vertido de residuos, depósito de desechos, desagüe de efluentes, liberación de emisiones contaminantes o establecimiento de industrias.

Jurado también aclaró a los legisladores que la rectoría de estos derechos no puede ser para el SINAC como plantea el proyecto, sino que debe ir para el MINAE.

La comisión tiene hasta el 28 de junio próximo para emitir un dictamen del proyecto; sin embargo, hoy se planteó la posibilidad de extender ese periodo por 60 días más. Esa moción fue rechazada pues los diputados aseguraron que mientras no se extienda la moratoria para los pobladores de esas zonas cualquier otra decisión sería intrascendente.

Los legisladores aseguraron que trabajarían con el MINAE o las universidades para tratar de conseguir -o elaborar- los estudios técnicos necesarios.