Laura Fernández pone en agenda del Congreso cinco reformas constitucionales
Entre las iniciativas hay dos que plantean reformas parciales a las atribuciones de la Asamblea Legislativa, así como limitaciones en la reelección de magistrados y contralor general.
La primera convocatoria de proyectos para las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa de la administración de Laura Fernández incluye cinco reformas a la Constitución Política.
Mediante el decreto MP-DMP-OF-0281-2026 del 8 de mayo pasado, la presidenta de la República y su ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, incluyeron en la agenda de los diputados el trámite y la discusión de propuestas para modificar la Carta Magna.
Todas las iniciativas fueron presentadas en el periodo constitucional anterior (2022-2026).
Dos de las iniciativas —24.649 y 25.418— plantean variaciones parciales a las atribuciones del Congreso, dispuestas en el artículo 121 de la Constitución.
La primera propone eliminar la necesidad de aprobación del Congreso para el traspaso y el cambio de uso de terrenos entre instituciones públicas y municipalidades. Asimismo, establece que la fiscalización de esos procesos esté a cargo de la Contraloría General de la República (CGR).
Sin embargo, también se suprime la prohibición para que salgan del dominio del Estado las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas, los yacimientos de carbón, los depósitos de petróleo o de materiales radioactivos, así como los servicios inalámbricos.
La otra reforma tiene que ver con la potestad de aprobación o rechazo de empréstitos, de manera que esto aplique solo para préstamos externos que "cuenten con garantía soberana" (créditos que financien inversión pública).
También se introduce un "límite de endeudamiento" con una modificación del numeral 176, que se hace operativo con una variación de su consecutivo (177).
Dos de los tres proyectos restantes —24.620 y 24.672— están dirigidos a limitar la reelección indefinida de los magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Se buscan cambios en los artículos 158 y 159 de la Constitución Política, sobre la selección de altos jueces del Poder Judicial y los requerimientos para el cargo. El primero, para establecer que solo puedan ser reelegidos una vez, por un periodo de 8 años (idéntico al primero). Y el segundo endurece nuevos requisitos para ocupar un cargo de ese tipo, al aumentar la experiencia mínima y los años de domicilio en el territorio nacional.
Una situación similar ocurre en cuanto a los miembros de la Autoridad Electoral, a los cuales también se propone —mediante modificación del numeral 101— limitarles la reelección a un periodo adicional de seis años (idéntico al primero).
La quinta reforma busca reducir de 8 a 4 años el término de quien funja como contralor general, además de introducir un límite en la reelección para un periodo idéntico.
Fernández y Chaves también incluyeron en la agenda una propuesta para prohibir la doble postulación de quienes buscan la Presidencia de la República y una diputación en una misma elección. No obstante lo anterior, la iniciativa fue desconvocada tan solo tres días después.
