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El Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa, este miércoles, un nuevo texto al proyecto de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas de Renta del Capital, que entre otros acoge la intención del Gobierno de insistir por gravar el salario escolar.

La nueva propuesta establece ahora cobrar el impuesto de renta a los salarios por encima del ₡1 millón, la propuesta original era que se gravaran los mayores a ₡842 mil.

“Esto se traduce en que más del 70 % de las personas trabajadoras que los reciben seguirán sin pagar el impuesto. Lo anterior, con el fin de hacer más viable la propuesta, pero manteniendo el rendimiento esperado dentro del ajuste fiscal que necesita el país para asegurar la estabilidad fiscal en el mediano plazo, y procurando el respeto de la igualdad en las cargas tributarias que nos obliga constitucionalmente”, dijo Hacienda en un comunicado de prensa.

El proyecto regresa a Cuesta de Moras luego de que fuera archivado este martes por la Comisión de Asuntos Jurídicos, una decisión que golpeó al Poder Ejecutivo y su acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional.

El propio presidente Carlos Alvarado defendió la insistencia de este expediente como un tema de “justicia”, pues el sector privado no solo sí paga renta por su salario, sino que no recibe esa remuneración adicional.

El Ejecutivo asegura que con el texto presentado hoy se conseguiría un rendimiento estimado de ₡89 mil millones (0,23% del PIB) que ayudaría a “contribuir a lograr la estabilidad económica de mediano y largo plazo”.

Además de eliminar esa exoneración al salario escolar, el texto presentado incluye un aumento de cinco puntos porcentuales en las tarifas del impuesto a las remesas al exterior e incorpora la homologación a una tarifa general del 15% del impuesto a las rentas de capital, pero solo para las tasas de los títulos valores de cooperativas que sean bursátiles y las de títulos valores del Banco Popular.

Adicionalmente y, de forma transitoria, se propone un aumento de 2,5 puntos porcentuales en las rentas de capital, las cuales pasarían a tributar de forma temporal al 17,5% por dos años.