Gobierno pone fin a contrato de concesión con OAS por ruta a San Ramón
He tomado la decisión de poner fin a la concesión de la carretera a San Ramón para mantener la paz social en el país. Reconozco que no es posible llevar adelante el proyecto que ha recibido por parte de muchos sectores
Este lunes a través de Cadena Nacional, la mandataria de la República Laura Chinchilla comunicó al pueblo costarricense que se frena el contrato de concesión con la empresa brasileña OAS, para las obras en la carretera Bernardo Soto.
“He tomado la decisión de poner fin a la concesión de la carretera a San Ramón para mantener la paz social en el país. Reconozco que no es posible llevar adelante el proyecto que ha recibido el rechazo por parte de muchos sectores”
“Por esta razón hemos procedido con la terminación de contratación por mutuo acuerdo”, añadió la mandataria.
El pueblo celebra esta decisión, en especial los vecinos de cantones de Occidente, quienes han emprendido una lucha en contra de este contrato, al cual le han señalado muchas irregularidades.
Pese a que en un inicio el ministro de Transportes, Pedro Castro y demás autoridades de gobierno, defendían esta concesión, lo cierto es que ahora al proceso con OAS se le pone punto final.
Sin embargo la intervención de la presidenta Laura Chinchilla deja varias dudas, como los procesos de investigación alrededor de este caso. En redes sociales afirman que no se entiene el término "detener el contrato".
Se espera que este martes después del Consejo de Gobierno, se atiendan las preguntas de la prensa para despejar las dudas existentes sobre este anuncio.
Contrato cuestionado
El contrato con la empresa OAS ha sufrido de muchos cuestionamientos, por expertos en Derecho Público y Administrativo, ciudadanos y hasta diputados de Oposición que participan en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
Y es que la cesión del contrato ha sido tema de discusión, pues hay quienes aseguran que el problema nace desde que OAS asume el contrato, gracias a la cesión del contrato.
Para el diputado Luis Fishman, la constructora brasileña fue elegida “a dedo”.
Según el legislador, este contrato irrespeta el artículo 182 de la Constitución Política, “ya que las concesiones se deben hacer por licitación y en este caso se ha escogido una empresa a dedo”.
Además, el cartel de licitación para esta obra, publicado en 2003, pide que la concesionaria debe acreditar experiencia exitosa en actividades de similar naturaleza, monto y complejidad que la obra concesionada.
OAS acredita haber trabajado en la carretera de Rodoanel, por un monto de 372,6 millones de dólares, un 68% de la de nuestra. Y una segunda experiencia en la carretera Rapodo-Tavares, por un monto de 272,8 millones, un 48% de la nuestra, razón que días atrás aumentó los cuestionamientos.
Peajes millonarios
El abogado Alberto Rodríguez presentó una demanda penal contra la concesión pues considera, entre otras cosas, que el contrato tiene irregularidades en el tema del cobro de peajes. Situación que ha generado molestia entre los futuros usuarios de la vía.
Según indicó el diputado del Partido Acción Ciudadana, Manrique Oviedo, la concesionaria OAS iba a recibir “$5 mil millones en cobro de peajes por invertir solo $530 millones en la construcción de la obra”.