Gobierno pide a Sala IV resolver conflicto con TSE ante restricciones por campaña

El Gobierno de la República planteó ante la Sala Constitucional un conflicto de competencias con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Lo anterior, ante las restricciones que la Autoridad Electoral le impuso al Poder Ejecutivo, por ejemplo, para la transmisión de conferencias de prensa que exhiban logros o que posicionen la figura de sus jerarcas, durante la presente campaña.

Dicha gestión fue dada a conocer por el presidente Rodrigo Chaves y el jefe de la Asesoría Legal de la Casa Presidencial, Eduardo Mora, en una rueda de prensa celebrada este miércoles.

Sin embargo, el mismo se tramita desde el martes bajo el expediente 25-031761-0007-CO y permanece en estudio de admisibilidad, confirmó el Alto Tribunal ante consulta de Teletica.com.

El abogado explicó que, en su criterio, el Gobierno está obligado a rendir cuentas a la ciudadanía por mandato del artículo 11 de la Constitución Política. Específicamente, esa norma establece: 

"Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas".

Mora recordó que ese numeral se incorporó en una modificación a la Carta Magna, posterior a la que introdujo el artículo 102, en la que se establecen las competencias del Tribunal Supremo.

En esa línea, el jurista agregó que la Autoridad Electoral ha ejercido su rol hasta ahora, sin contemplar esa segunda norma.

Los conflictos de competencias están considerados en el artículo 2, inciso c, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La misma se regula en el título V de la legislación citada.

Según ese cuerpo normativo, a partir del memorial de Chaves, el presidente del Alto Tribunal, Fernando Castillo, tendrá que dar plazo a la presidenta del Tribunal Supremo, Eugenia Zamora, para que se pronuncie al respecto del conflicto en los próximos ocho días (numeral 110). Cumplido el plazo, los magistrados deberán resolver el conflicto en los siguientes 10 días, salvo que consideren necesario practicar alguna prueba.

"La gran pregunta es si la Sala Cuarta le va a ceder el terreno, el dominio sobre materia constitucional, porque por razones politiqueras va a apoyar al Tribunal Supremo de Elecciones, dejando que el Tribunal Supremo de Elecciones se brinque de manera vergonzosa el artículo 11 de la Constitución. O le va a decir al Tribunal: '¿Sabe qué? Tiene razón el Gobierno. Usted se extralimitó, como se está extralimitando cotidianamente ahora, y mantengo yo el control de la jurisdicción constitucional'.

"Vean en qué zapato se meten unos a los otros en esa mancuerna de instituciones que están controladas por gente que tiene un enemigo en común: el Gobierno y el presidente Chaves", aseguró el mandatario.

En esa línea, el gobernante aseguró que la Sala Constitucional está en una encrucijada, en la que “si afloja, pierde; y si talla, pierde”.

Por su parte, el jefe de la Asesoría Jurídica aseguró que existen antecedentes en los que el Alto Tribunal ha mantenido el control sobre aspectos relacionados con la Carta Magna por situaciones similares a las planteadas en esta nueva gestión.

Sobre el particular, este medio solicitó una posición del Tribunal Supremo de Elecciones, que al cierre de esta publicación se mantiene en trámite.