Por Paulo Villalobos 15 de julio de 2026, 17:15 PM

La presidenta de la República, Laura Fernández, defendió la tarde de este miércoles su propuesta de que estudiantes en condiciones vulnerables visiten cárceles, en medio de las críticas que ha provocado el planteamiento.

Durante su conferencia de prensa semanal, la mandataria ratificó que se tiene en desarrollo una revisión de cómo en el pasado la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018) puso en marcha ese mismo tipo de programas, de manera que estos puedan retomarse próximamente.


Cuando se le solicitó un criterio al respecto, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, destacó la iniciativa, ya que considera necesario "exponer" a los alumnos a todo tipo de realidad, ya sea social, económica, ambiental o política.

"Qué bueno que entiendan cómo funciona el sistema de justicia. Eso es visitar una cárcel, que entiendan cómo funciona el sistema de justicia, que entiendan que en una sociedad hay leyes y que si esas leyes se rompen, tienen consecuencias para las personas y para la familia.

"Obviamente, esta estrategia, este método tiene un componente pedagógico, científico, técnico; no es solo ir a una cárcel, es un tema pedagógico. ¿Para qué? Para que el estudiante construya un criterio, para que conozca la realidad, para que no viva en una burbuja, para que cuando crezca tenga las competencias para desarrollarse como un ciudadano crítico, responsable, que respete las leyes y las normas de la sociedad. Ese es el fin", subrayó el jerarca.

Sin embargo, el planteamiento del Poder Ejecutivo contrasta con un criterio técnico emitido el 8 de julio pasado por el Colegio de Profesionales en Criminología.

El pronunciamiento de esa entidad apunta a que existe evidencia internacional de que los programas de visitas juveniles a centros penitenciarios, lejos de generar efectos positivos en la reducción del delito, más bien pueden conllevar "resultados contraproducentes".

"Desde una perspectiva criminológica, el involucramiento de personas jóvenes en dinámicas delictivas responde a múltiples factores estructurales, como la exclusión educativa, la falta de oportunidades, la violencia familiar y comunitaria, la pobreza, la ausencia de redes de apoyo y la captación de jóvenes en las comunidades por grupos criminales bajo coacción o amenazas, entre otros.

"Por ello, el Colegio insta a las autoridades nacionales a priorizar una estrategia preventiva integral, sostenida y basada en evidencia, que incluya permanencia educativa, empleabilidad, deporte, cultura, mentoría, acompañamiento psicosocial, fortalecimiento comunitario y presencia institucional efectiva en las comunidades", señaló el colegio profesional.

Desde la perspectiva de los criminólogos, la prevención de la delincuencia de los menores debe construirse desde la inclusión, las oportunidades reales y la atención de las causas que favorecen a las organizaciones criminales la "captación" de las juventudes.

La institución, además, se dijo dispuesta a aportar criterio técnico y participar en la construcción de estrategias para la prevención de la violencia y la delincuencia entre menores con enfoque criminológico, preventivo, territorial, interinstitucional y respetuoso de los derechos humanos.

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