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Los funcionarios de la Asamblea Legislativa deberán acatar la directriz gubernamental de vacunarse, obligatoriamente, contra el COVID-19.

Así lo informó la Dirección Jurídica de la Asamblea al Directorio este martes, luego de la consulta planteada una semana atrás sobre si la medida también aplicaría para ese Poder de la República.

Freddy Camacho, director jurídico y director ejecutivo en ejercicio, explicó que luego del análisis se determinó que la directriz no contraviene con ninguna normativa interna y por lo tanto será el Directorio el encargado de decidir si la aplica y cómo.

Para esto, la administración deberá presentarle el próximo martes una primera propuesta sobre la forma en que se aplicaría la orden y el marco sancionatorio respectivo.

“En nuestro criterio de hoy le indicamos al Directorio que efectivamente hay normas que existen para un funcionario que sin justificación se niegue a recibir la vacuna, desde la más leve hasta la más grave, en caso de que se deban aplicar. Lo que determinamos es que no existe ningún vacío legal y que ahora es el Directorio, como máximo jerarca de este poder, al que le tocará decidir sobre esta orden y oficializar una directriz para el personal”, dijo.

En el caso de los diputados, sin embargo, el futuro de esa obligatoriedad sigue siendo incierto.

El Directorio aún espera la respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones sobre si es posible obligar o no a un legislador a vacunarse, esto debido a la particularidad de que no son empleados de la Asamblea Legislativa y que además gozan de un fuero especial.

Esa respuesta, sin embargo, no tiene una fecha definida.

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